La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, se negó esta mañana a declarar ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien se acercó hasta la sede de la entidad. Fuentes del caso confirmaron a NA que el magistrado concurrió hasta el edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen 1584, en el barrio porteño de Monserrat, para tomarle declaración indagatoria a la referente de los derechos humanos en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos del programa Sueños Compartidos. A una semana del intento de detención en la sede de la entidad, Bonafini se negó a declarar y, tras el procedimiento formal, le convidó al encargado del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8 de caña con ruda. "Para que agosto no se lo lleve", le comentó la presidenta de la Asociación al magistrado, con quien dialogó sobre los sucesos de la semana pasada. Además de Bonafini y Martínez de Giorgi estuvieron presentes la fiscal fiscal Paloma Ochoa y el abogado Juan Manuel Morente. La indagatoria fue bajo absoluto secreto, pues el juez Martínez de Giorgi se presentó junto con la fiscal Paloma Ochoa en la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo donde Hebe de Bonafini estaba con su abogado Juan Manuel Morente.
Clima cordial
El clima fue cordial y hasta se permitieron algunas palabras entre el juez y Martínez de Giorgi, luego del fuerte cruce suscitado la semana pasada cuando el primero ordenó su detención tras su faltazo por segunda vez consecutiva a la indagatoria en los tribunales de Comodoro Py. Martínez de Giorgi había ordenado su detención al no presentarse el jueves pasado pero la misma se tornó impracticable pues un grupo de militantes rodearon a Hebe de Bonafini y evitaron que la Policía Federal ejecutara el arresto. Luego que el juez le concediera la eximición de prisión a Bonafini, sus abogados le pidieron que la indagatoria fuera en la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo por su avanzada edad, 87 años, y problemas de salud. Finalmente la indagatoria fue en la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en una breve audiencia en donde Bonafini hasta se permitió hacerle una broma: le dio caña con ruda "para que agosto no se lo lleve", le dijo al magistrado. Bonafini está acusada por haber firmado dos convenios celebrados con el entonces ministro de Trabajo Carlos Tomada, el 22 de mayo de 2008 y el 30 de diciembre de 2010, por un total de 58.834.800 pesos para la construcción de viviendas. Según la investigación, a los trabajadores se les hacía firmar recibos por la deducción de unos 600 pesos mensuales, pero el dinero igualmente quedaba en poder de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

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