Unas 7.560 denuncias por violencia familiar ingresaron entre enero y fines de agosto en los juzgados del distrito judicial del centro, que incluye a Salta capital y otros 12 municipios. La cifra implica un crecimiento del 7 por ciento con respecto al mismo período del año pasado, cuando se registraron 7.002 casos.
Tanto en 2016 como en 2015, el mes con mayor cantidad de denuncias fue febrero. En este mes hubo 1.057 casos en 2016 y 944 en 2015. Con estas estadísticas, el segundo mes del año se perfila como el más crítico.
El mes con menos expedientes ingresados, en tanto, fue julio en estos dos años. En este lapso de 2016 se iniciaron 668 causas y en 2015 fueron 784.
Para los primeros ocho meses de 2016, el promedio mensual de pedidos de ayuda fue de 945, en tanto que para el mismo lapso de 2015 fue de 875.
Este año, el Juzgado de Violencia Familiar y de Género a cargo de la jueza Mónica Naranjo tramitó 4.466 denuncias. El juzgado que conduce Noemí Valdez, por su parte, recibió 4.597 causas durante el mismo período.
Los juzgados de Violencia Familiar y de Género fueron creados por ley provincial luego de que, en 2014, se declarara la emergencia provincial por la violencia contra las mujeres. Son cinco en total. Hay dos en el distrito centro y tres en los distritos judiciales de Orán, Tartagal y Circunscripción Sur - Metán.

Prórroga

La emergencia por violencia de género se declaró por primera vez mediante un decreto provincial en septiembre de 2014 y debía durar dos años. El plazo vencía en 2016, pero el Poder Ejecutivo, con aval de la Legislatura, tomó la decisión de prorrogar el período por dos años más.
El martes se publicó en el Boletín Oficial la extensión de la emergencia hasta 2018. De ese modo, entró en vigencia la ley 7857, que prolonga por dos años la aplicación de políticas para prevenir casos de agresión, abuso y femicidios.
La norma faculta al Grand Bourg a disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para implementar las medidas pertinentes para hacer frente a la realidad de la violencia de género.
Algunas de las políticas que se aplicaron a partir de septiembre de 2014 fueron crear juzgados específicos para el tratamiento de los casos de violencia de género, distribuir botones antipánico para las víctimas en mayor riesgo y crear refugios para mujeres que conviven con sus agresores. También se inauguró el Observatorio de Violencia contra las Mujeres "Rosana Alderete", un organismo integrado por seis especialistas que debe monitorear las estadísticas y orientar políticas para la prevención y asistencia a las víctimas.
Diferentes sectores han cuestionado, sin embargo, la falta de coordinación entre organismos oficiales.
Salta fue la tercera provincia con más ciudadanas asesinadas en relación con la población femenina en 2015, según un estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se conoció este año.
Según la organización Casa del Encuentro, en tanto, Salta fue la provincia con más femicidios por habitante (hombres y mujeres) el año pasado.

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