En las últimas semanas dos hechos lamentables han vinculado la Iglesia, el dinero, la política y la corrupción.
El primero se hizo público cuando un prominente funcionario del gobierno anterior, resultado de su persistente vínculo con alguna persona relevante en la Iglesia, intentó utilizar un monasterio como escondite de millones de dólares mal habidos. No es agradable hablar de un muerto, monseñor Rubén Di Monte, pero lo cierto es que él fue figura emblemática del grupo de obispos cercanos al último gobierno militar y luego al menemismo, favorecidos por dineros dispensados desde el poder (característica compartida, hay que decirlo, con ciertos destacados purpurados vaticanos).
Por lo visto, transitó el mismo camino de determinados políticos, sindicalistas y empresarios de los emblemáticos años 90, que en poco tiempo se convirtieron en fervientes kirchneristas. En efecto, el entonces obispo de Mercedes-Luján obtuvo el privilegio de la primera licitación de obra pública firmada por el entonces presidente Néstor Kirchner (la restauración integral de la basílica de Luján). Lo que demuestra que cuando hay amor por el poder y el dinero, poco importan las ideologías. También fue el creador del ahora famoso "monasterio", de propiedad incierta, y habitado por religiosas (quizás piadosas) de también incierto status canónico. Suerte de congregación por él fundada primero en Avellaneda, que llevó consigo a Mercedes-Luján, y que lo cobijó hasta su muerte beneficiándose, al parecer, de fondos públicos para su crecimiento edilicio.
Algo tardíamente, la Conferencia Episcopal ha expresado el pedido de que la Justicia independiente investigue todo cuanto deba, lo cual tendría que ser obvio pero no siempre lo ha sido, y por eso lo aplaudimos. Falta aún que también la autoridad eclesiástica haga su parte, es decir, intervenir dónde y cómo debe, y poner toda la luz posible sobre ese extraño lugar. Un equivocado espíritu de cuerpo ha llevado muchas veces a tapar lo que no debe permanecer oculto. En todo caso, convendría recordar cómo actuó Jesús con los mercaderes del templo y hacer lo propio con sus epígonos contemporáneos.
El segundo hecho es la comedia de enredos tejida alrededor de una donación de dinero por parte del Estado, pública y transparente, a favor de la Fundación Scholas Occurrentes, pedida por ésta en nombre del papa Francisco y al amparo de la solicitud que él mismo hiciera antes al presidente Mauricio Macri de apoyo para esa criatura suya. Luego el propio Papa ordenó rechazar la donación previamente solicitada por las autoridades de dicha entidad, percibiendo que los directivos se estaban "deslizando por la pendiente de la corrupción"; tremenda advertencia que sin embargo no les produjo la necesidad de presentar su inmediata renuncia, como hubiera cabido esperar. Claro que el episodio puso a la vista una cantidad de aportes económicos estatales, del actual gobierno y también del anterior en cantidad bastante mayor, siempre solicitados en nombre del Papa y aceptados sin mayor remordimiento.
Por si fuera poco, aparece una trama de intereses privados donde algunos pseudo-empresarios ofrecen audiencias con el Papa a cambio de auspicios a los eventos de Scholas, por ejemplo. No puede pensarse que Francisco estuviera al tanto en detalle de cada uno de estos menesteres, los haya aprobado y mucho menos buscando algún provecho personal, todo esto inimaginable conociendo su estilo de vida. Ahora, ¿puede asegurarse lo mismo de quienes actúan en su nombre? ¿No aparece una mancha sobre una iniciativa de suyo loable, pero que luce manejada de modo demasiado chapucero?
Lo anterior pone de manifiesto otra cuestión relevante: la existencia de múltiples supuestos voceros del papa Francisco, que se esfuerzan por demostrar la amistad y confianza que él les dispensa, y que con su activismo mediático dejan en ridículo a quien es su representante natural en la Argentina (el nuncio), y a quienes conducen a la Iglesia en nuestro país (los obispos). Con claridad, en una conversación periodística con Joaquín Morales Solá para La Nación, Francisco aclaró que su único vocero es "la oficina de prensa del Vaticano".
Los medios y la opinión pública no pueden diferenciar con sutileza Iglesia universal, iglesias locales, papas, obispos o laicos clericalizados (porque se trata ni más ni menos que de una forma perversa de clericalismo, hoy accidentalmente travestido en "papismo") y tiende a confundir los términos. No cabe objetar a un laico que quiere hacer política partidaria, alabar o criticar a un gobierno o buscar representatividad, pero debe hacerlo por su cuenta y riesgo y no invocando una vieja amistad con "el padre Jorge". Sería importante que quienes sí pueden y deben hablar en nombre de la Iglesia y del Papa, lo hagan con libertad y sin retraerse por el temor a un rayo fulminante venido de Roma. Si no, que nadie se queje de que existen "campañas contra el Papa".
Los hechos antes descriptos dan cuenta de la necesidad de que la Iglesia realice un esfuerzo por manejarse con mayor transparencia, sobre todo en los asuntos de dinero y de relaciones con los Estados.
Un espíritu de gobernanza más plural y una comunicación más clara podrían acompañar el cambio. La designación del papa Francisco de un nuevo equipo de prensa liderado por profesionales con amplia experiencia (un laico norteamericano y de una laica española) y la creación de la Secretaría de la Comunicación en el Vaticano son gestos elogiables que señalan un camino auspicioso en ese sentido.

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