No concebimos sino dos probabilidades: o el oficialismo y la oposición peronista en el parlamento padecen de analfabetismo jurídico, o bien privilegian su interés partidario y electoral por sobre el interés público y el estado de derecho. No mencionamos a la bancada kirchnerista porque ya es sabido que su interés no es otro que el de obstruir la actuación del Gobierno.
Nos referimos a las maniobras que se realizan en estos días, para resolver el problema que ha generado la actuación de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Porque, como ya lo hemos dicho y no nos cansaremos de reiterar, la reforma constitucional de 1994 ha robustecido la misión del Ministerio Público Fiscal, consagrándolo en el nuevo art.120 de la Constitución Nacional, como un órgano extrapoder.
Con ello se lo ha puesto al margen de la integración con alguno de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo o judicial, y a resguardo de la manipulación por parte de cualquiera de ellos, en el ejercicio de la función primordial que le ha asignado: la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. El grado preeminente en el que se lo ha ubicado al Ministerio Público Fiscal entre los órganos de control del Estado nacional convierten a esta en una norma constitucional de formidable valor institucional, si apreciamos que la eficacia de la legalidad es el pedestal sobre el que se asientan la libertad y todos los demás derechos individuales de los ciudadanos, como también una garantía de vigilancia del funcionamiento cabal de un estado de derecho. De modo que, no solo el atribuir facultades para posibilitar intromisiones por parte de órganos de alguno de los poderes del Estado, en el ejercicio de dicha función vital que se les ha asignado a los fiscales federales, sino la mera discusión sobre la limitación de esas atribuciones, en este caso a una comisión bicameral del Congreso, constituye o bien una sorprendente torpeza jurídica o lo más probable- la mezquina ruindad de políticos que subordinan el interés público y el encauzamiento definitivo de la Nación, a sus míseros intereses personales, que se cimientan en la apetencia del poder y se agigantan ante una perspectiva electoral. Pero en la cuestión que deben resolver, que no es otra que la remoción de la procuradora general de la Nación, por su ignominiosa actuación al servicio del poder ejecutivo anterior, como la de mantener una cofradía partidaria para el amparo de sospechosas maniobras de dicho gobierno, tienen un solo camino legítimo y fundado para llevarla a cabo: el juicio político.
Sin embargo, mientras por un lado es eludido o regateado por el gobierno, temeroso de padecer el fracaso por no conseguir la mayoría necesaria, por otro es utilizado por la oposición peronista con artimañas y subterfugios revanchistas, mientras invoca una vocación por la gobernabilidad que no confirma con los hechos. Lo que queremos resaltar ahora, es la sorprendente generalización de lo que con indulgencia podemos calificar de torpeza por parte de todos los legisladores, al pretender que la sola limitación de las facultades de intromisión en la función de los fiscales federales, no constituye una violación de la norma constitucional que los ha constituido como un órgano independiente con autonomía funcional. Además la ciudadanía está harta de tanta mezquindad y mediocridad de sus representantes, aguarda el día en que pueda celebrar la irrestricta defensa de sus derechos y la vigencia de un verdadero estado de derecho, a través del castigo a quienes han cometido una violación de la ley, y por un ejercicio honorable y calificado de aquellos a los que les ha otorgado el ejercicio del poder.
Ojalá quieran recapacitar oficialismo y oposición, asumiendo en esta instancia con dignidad su mandato y en caso contrario, sepa el pueblo sancionar su ineptitud y sus mezquindades con su voto.

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