Una singular marcha de una veintena de viudas y una cantidad mayor de hijos y deudos de los 43 gendarmes fallecidos en el trágico vuelco del colectivo, el 14 de diciembre de 2015, culminó con una audiencia en uno de los juzgados federales de Salta.
La marcha comenzó sobre plaza 9 de Julio y estuvo integrada por mujeres provenientes de provincias de casi todo el mapa de la Argentina.
La protesta tenía como fin un angustioso pedido de justicia, así como conocer la verdad sobre los hechos que desencadenaron la tragedia del arroyo Balboa, en jurisdicción de Rosario de la Frontera, y la imputación de los posibles responsables de la muerte de 43 compatriotas en la peor tragedia castrense y vial que recuerde el país.
La convocatoria -recordaron sus protagonistas- se fue dando a través de las redes sociales en las que el dolor por la pérdida de sus familiares más queridos -padres, esposos e hijos en distintos casos-, los fueron acercando.
"Todos tenemos en común haber perdido un familiar que se desempeñaba en el Destacamento Móvil 5. Así empezamos a unir nuestros reclamos de justicia y a solicitar a las autoridades de la fuerza precisiones que nunca nos hicieron llegar. A través de nuestro abogado logramos la asistencia inmediata a las distintas familias y poco a poco comenzamos a desandar el camino de la tragedia y a comprender que no se trató de una desgracia, sino que hubo una serie de negligencias y delitos que contribuyeron a que nos encontremos en esta situación", dijo Mercedes Barrios, una de las viudas.
Luego el abogado Mauricio Arriagada aseguró a El Tribuno: "Pese al secreto de sumario imperante y a la delicadeza del tema el fiscal federal que nos atendió nos dio precisiones acerca de la investigación, con pruebas y diligencias ya realizadas que están mostrando que hubo delitos contra la seguridad pública, como lo establece el artículo 196 del Código Procesal Penal; defraudación al Estado nacional, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todo eso en concurso real, entre otros".
Mauricio Arriagada ABOGADO "Después de la tragedia, ningún transporte militar puede salir a la ruta sin revisión técnica".
"Eso nos da al menos una luz de esperanza en nuestro pedido de justicia", aseveró.
Para las madres, muchas de ellas viudas, "se abrió una ventana a la verdad, ya que todos coincidimos en que aquellos que dieron la orden de embarcarse a sabiendas de los riesgos innecesarios deben pagar sus culpas", añadió Arriagada.
El grupo reclamó al fiscal Ricardo Toranzos, quien los recibió, el retiro de la actividad de los cinco comandantes que estarían próximos a ser imputados por los delitos antes mencionados y el pago de las indemnizaciones a todas las viudas y deudos de los caídos en el cumplimiento del deber.
Satisfechos
Los manifestantes, acompañados por Arriagada, fueron recibidos poco antes del mediodía por el fiscal Toranzos, quien escuchó uno a uno los reclamos, sobre todo de las mujeres. Muchas de ellas viajaron más de 1.000 kilómetros para asistir a la marcha y ser escuchadas en Salta.
Al final de la audiencia, todos coincidieron en la buena predisposición de la Justicia Federal de Salta para con sus reclamos, en contraposición con "los malos tratos sufridos en Santiago del Estero y en las oficinas de Gendarmería Nacional", afirmaron.
Llamativamente, y a pesar de la difusión en los medios de la llegada del contingente de deudos de la tragedia que enlutó a Gendarmería, ningún efectivo de la fuerza se acercó a las mujeres, hijos y madres de sus camaradas caídos. "Ni un vaso de agua recibimos", se quejó una madre junto a su hijo.

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Sección Editorial

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Davor Dovadija
Davor Dovadija · Hace 7 meses

Que paguen por las muertes!!


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