El secretario general de la Unión de Trabajadores Municipales (UTM) quedó imputado ayer por los incidentes que se produjeron el viernes en el Centro Cívico Municipal y el Tribunal de Cuentas cuando la organización gremial realizaba una manifestación y asamblea. Por otra parte, una tercera reunión de conciliación entre la comuna y el sindicato terminó sin acuerdo.
La fiscal penal Gabriela Buabse imputó ayer a la tarde a Serrudo y a otras diez personas por los delitos de incitación pública a la violencia, daños calificados, compulsión coactiva, atentado a la autoridad, lesiones leves, tentativa de robo agravado y amenazas.
La UTM había convocado el viernes a una asamblea y manifestación en la Municipalidad para protestar porque un fallo judicial dejó sin efecto un convenio por el cual el gremio tenía el derecho a cobrar el 1,5 por ciento del salario de cada trabajador de la comuna, más allá de que estén afiliados o no.
Durante el reclamo, hubo agresiones a empleados que estaban trabajando, se tiraron bombas de estruendo y se rompieron instalaciones. La jornada terminó con seis heridos y la atención al público suspendida por los disturbios.
Se conoció que los acusados serán citados en las próximas horas a la fiscalía penal número cinco, donde les harán conocer los elementos de prueba reunidos en su contra y podrán prestar declaración indagatoria.
Los delitos imputados tienen penas de hasta 6 años de prisión y la acumulación de hechos complica a los imputados.
Las actuaciones se iniciaron a raíz de 10 denuncias penales que se radicaron tras los incidentes, una de ellas presentada por la asesora legal de la Municipalidad de Salta, Gabriela Causarano.
La fiscalía ordenó recopilar imágenes de las cámaras de seguridad y filmaciones que fueron subidas a las redes sociales y ayer resolvió las imputaciones.
Gabriela Buabse sostuvo que durante la jornada del viernes se evidenció "una violencia inusitada y descomunal".
La investigación se centró no solo en lo ocurrido en el centro Cívico Municipal, sino también en lo sucedido en el Tribunal de Cuentas, donde estuvieron los manifestantes luego de la asamblea.
Sin acuerdo
Ayer a la mañana, antes de que se conociera la imputación a Pedro Serrudo, el titular de la UTM y autoridades de la Municipalidad participaron en una reunión de conciliación que se había citado en la Secretaría de Trabajo para abordar el conflicto generado por el reclamo del gremio.
Las partes ya se habían sentado a dialogar con el secretario de Trabajo, Ramiro Chávez, dos veces el martes: por la mañana y por la tarde. Ayer, el tercer encuentro terminó sin un acuerdo.
El meollo de la discusión está en las sanciones a los afiliados de UTM que protagonizaron los hechos de violencia. Desde el gremio hicieron trascender que uno de ellos fue separado de su puesto mediante la rescisión de su contrato, dispuesta en los primeros días de esta semana. El secretario de Gobierno, Luis María García Salado, informó ayer, antes de ingresar al tercer encuentro en la Secretaria de Trabajo, que se estaban revisando las cámaras de seguridad para determinar la apertura de sumarios a todos los que hubieran participado.
El gremio encabezado por Pedro Serrudo pide que se reincorpore al trabajador despedido y que se atenúen las represalias contra el resto de los afiliados de UTM que estuvieron involucrados.
La Municipalidad se mantuvo firme en su posición y, a causa de ello, no se consiguió un acuerdo.

"Se comprobó que golpeó a Paputsakis"

El secretario de Gobierno, Luis María García Salado, explicó que el empleado separado de su puesto tras los hechos de violencia tenía un contrato de locación de servicio. El funcionario aseguró que "quedó comprobado en filmaciones que fue quien golpeó a Sócrates Paputsakis, vocal del Tribunal de Cuentas", durante los incidentes y que por eso se recurrió a una cláusula que permite rescindir el contrato.
"Serrudo pretende que no haya sanciones para nadie y no vamos a aceptar eso. Vamos a ejercer el derecho de autoridad", dijo García Salado y se preocupó por aclarar que la imputación del titular de la UTM "es una decisión exclusiva de la fiscalía".

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Sección Editorial

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enrique alcala
enrique alcala · Hace 6 meses

Boliviano Ser rudo anda a trabajar..


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