Llegó 2016 y el gobierno de Mauricio Macri necesita una estrategia para desacelerar la inflación, mientras crece la expectativa sobre el rumbo a adoptar en el prolongado litigio con los fondos buitre por la deuda.
Espera que si se dan señales claras sobre las grandes variables económicas, podrán atenuarse reclamos de aumentos salariales que empezarán a llegar en tropel en cuanto el nuevo año retome su actividad normal tras las fiestas.
El Ministerio de Producción, ahora bajo la batuta del ingeniero electrónico Francisco Cabrera, considera, en línea con su par de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat Gay, que el alza del costo de vida es el problema más urgente.
Para ambos funcionarios las subas no solo están fogoneadas por la especulación de formadores de precios, sino también por la caída de la inversión y la productividad en vastos sectores de la economía a partir de un Estado que dedicó años a "maniatar las fuerzas productivas en lugar de incentivarlas".
A pesar de la crítica lectura que hace Macri sobre las políticas de su antecesora, Cristina Fernández, hay programas para incentivar el consumo y aminorar la inflación que continuarán, al menos por un tiempo, como "Ahora 12" y "Precios Cuidados".
"Lo que está bien sigue y lo que hay que cambiar se cambia", es la filosofía que repiten a coro las principales espadas de la esfera económica, que incluyen también a los presidentes del Banco Central, Federico Stuzenegger, y del Nación, Carlos Melconian, y el ministro de Energía, Juan José Aranguren, muy exigido en medio del verano por los cortes de electricidad y el alza de tarifas que se viene por la quita de subsidios para reducir el déficit fiscal récord.
El final del cepo
Porque lo consideraba dañino para la economía, Macri desbarató el cepo cambiario, mientras que porque necesita aquietar la escalada inflacionaria buscará a partir de esta semana renovar el programa de "Precios Cuidados", cuyo vencimiento formal es el 7 de enero, aunque por lo que se percibe en supermercados, muchas alimenticias y embotelladoras parecen haberlo dado de baja hace varias semanas aprovechando la "transición".
Es que a partir de noviembre se notó una remarcación acentuada tras el triunfo de Cambiemos, una dato que terminó de convencer a los mercados de que venía una devaluación que finalmente se transformó en realidad.
Cabrera piensa en una lista más acotada de precios de referencia que sirvan de ancla mientras se ponen en marcha las medidas de fondo que requiere la reingeniería económica, y en la cual desempeñará un rol clave la capacidad de Sturzenegger para conseguir un delicado equilibrio entre tasas de interés, emisión monetaria y administración de la política cambiaria.
Hasta ahora, tras la devaluación del 35% para levantar el cepo, el BCRA no intervino en el mercado cambiario y las reservas aumentaron en 1.100 millones de dólares, pero habrá que ver si ese ritmo puede sostenerse.
En materia de precios Cabrera considera que una canasta integrada por no más de 300 productos, en lugar de los 500 de la actualidad, será más sencilla de controlar y cumplirá casi el mismo rol.
El nuevo acuerdo que se está cocinando no intentará retrotraer los precios a valores de noviembre como pretenden los gremios, pero buscará limitar los ajustes al 5 por ciento en la mayoría de los casos.
En las negociaciones juega un rol clave la Copal, la influyente cámara empresarial que enrola a productores de alimentos y bebidas, y busca transformarse en interlocutor privilegiado del nuevo gobierno.
La principales medidas anunciadas y las pendientes
1. Eliminación de las retenciones. Comprendió a las exportaciones de cereales y oleaginosas, con exclusión del complejo sojero, que tendrá un esquema de recorte gradual a ritmo de 5 puntos porcentuales por año; a la industria manufacturera y también parcialmente a procesos de productos de origen agropecuario, como los cueros.
2. Suba de las tasas de interés. El Banco Central dispuso el aumento del rendimiento de las Lebac del 28 a 38% anual, superior a cualquier expectativa inflacionaria, como estrategia para competir contra la demanda de dólares como activo de reserva.
3. Fin del cepo cambiario. Antes de completar la primera semana de Gobierno, el ministro de Hacienda y Finanzas anunció en conferencia de prensa el levantamiento de todas las restricciones para operar en el mercado de divisas que se instrumentaron desde el 1 de noviembre de 2011, incluida la inmovilización del 30% a las inversiones extranjeras.
4. Eliminación de las DJAI: Declaraciones Juradas de Necesidades de Importación. Se reemplazó por un Sistema Integral de Monitoreo Importaciones Automático y no Automático.
5. Baja de alícuotas de impuestos distorsivos, como a los autos de gama media y alta, de un máximo de 50% a 20%, a partir de escalas más altas.
6. Bono de fin de año de $400 para los hogares receptores de la asignación universal por hijo y jubilados y pensionados, implicó una transferencia de ingresos de unos $3.300 millones.

1. Revisión de las pautas del Presupuesto 2016. La denominada "ley de leyes" fue aprobada por los legisladores de la oposición antes de las elecciones de octubre como un mero trámite administrativo, casi sin discusión parlamentaria y sin anticipar los enormes desvíos de los gastos entre el 25 de octubre y el 9 de diciembre de 2015.
2. Refuerzo de la asignación universal por hijo y de otros planes sociales. En las primeras medidas de Gobierno se ha puesto énfasis en responder a los reclamos de los sectores de la producción agropecuaria e industrial, y quedaron pendientes las vinculadas con los sectores sociales, clave para avanzar hacia el objetivo explícito del presidente Mauricio Macri de "pobreza cero".
3. Coparticipacion Federal de Impuestos. Uno de los primeros actos de Gobierno fue el encuentro del Presidente con los 24 gobernadores, impulsado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, donde se reconoció la necesidad de dar cumplimiento al mandato de la reforma constitucional de 1994 de acordar un nuevo sistema de reparto de los impuestos que recauda la nación con las provincias.
4. Acuerdo con holdouts. Es una de las pesadas herencias que generó un gobierno que no supo, o no quiso, imponer una cláusula de acción colectiva en los canjes de 2005 y 2010, y que luego de un fallo adverso en todas las instancias posibles frente a la Justicia de los EEUU dejó sin honrar una deuda original de US$ 1.600 millones, pero que se fue ampliando con el agregado de los "me too" hasta un rango de US$ 10.000 a 20.000 millones.
5. Monotributo. El régimen de simplificación de impuestos para los pequeños contribuyentes también requiere una revisión integral, especialmente en lo que respecta a las diferentes escalas.





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