"El norte, sin esperanzas". El empresario y diputado provincial por el departamento San Martín Luis Gerónimo "Lucas" Cisneros titulaba con esa frase una carta abierta publicada en El Tribuno el pasado 4 de febrero. El legislador norteño detallaba situaciones que forman parte de la cotidianidad de miles de salteños que residen en el norte de la provincia: agua contaminada con parásitos; cortes diarios del servicio eléctrico; inundaciones como consecuencia de la falta de obras de infraestructura básica; la falta de obras del Fondo de Reparación Histórica (FRH) que debían haberse concluido hace dos años, muchas de las cuales nunca se iniciaron; falta de recursos en los hospitales de la zona; inseguridad y desocupación para miles de norteños.
Juan Domingo Javier, vecino del departamento San Martín, en otra carta publicada una semana atrás por este mismo medio reflejaba: "El mayor de los problemas que hoy afecta a miles de vecinos del departamento San Martín, y específicamente a localidades como Salvador Mazza, Aguaray, Tartagal y Mosconi, es la provisión de agua potable, sin entrar en otros problemas también dramáticos como la salud y la falta de trabajo, y también la energía eléctrica". El vecino pedía al primer mandatario provincial "el mismo empeño que está poniendo en su campaña para proyectarse a nivel nacional en solucionar estos problemas".
El empresario Miguel Francisco Esper, consultado sobre la situación que vive el departamento, considera: "Junto a Orán y Rivadavia, los norteños somos ciudadanos de segunda. Nuestros legisladores deberían pedir que hagamos una provincia aparte porque lo que históricamente le hemos aportado a la provincia no es ni el reflejo de lo que la provincia le devuelve al norte".
Vicente Saavedra del gremio de UOCRA califica la situación como desesperante. "Hay cientos de despidos de trabajadores de la construcción porque se pararon todas las obras. La gente no sabe qué hacer porque acá no hay trabajo y sus hijos tienen que comer, prepararse para ir a la escuela. Pero no hay de donde sacar un peso", grafica.
Un año difícil para otros
Isidro Ruarte, intendente de General Mosconi se conforma por el momento con poder pagar los sueldos del personal. Pero para hacer una gestión que apunte al desarrollo local solo tiene puestas sus esperanzas en el parque industrial de esa localidad, sobre la cual no existen índices de desocupación o se esconden.
"Mosconi es un pueblo de excluidos. El 75% de la población que está en condiciones de trabajar no tiene dónde hacerlo. Al Fondo de Reparación Histórica lo repartieron entre municipios que jamás produjeron un metro de gas y las obras que hace 4 años se prometieron para este pueblo todavía no se hicieron", explica Víctor Rivero, propietario del único hotel de General Mosconi. "El parque industrial está lleno de yuyos. Se pasaron cuatro años diciendo que lo iban a convertir en un polo de desarrollo y es todo una gran mentira", grafica con meridiana claridad.
Salvador Mazza no es la excepción, ya que en los últimos meses el intendente Rubén Méndez tiene una olla popular en la puerta de la municipalidad. El dirigente de la departamental San Martín de ATE denunció semanas atrás que el gran desfase que tienen este y otros municipios obedece a que la Provincia los hizo pagar obras contempladas dentro del FRH que todavía no devolvió.
Burocracia del Grand Bourg
La cara de indignación del intendente de Tartagal, Sergio Leavy, cuando se aprobó el presupuesto provincial era indisimulable. De los 31.335 millones de pesos para el año 2016, solo un 10 por ciento corresponde al presupuesto de la totalidad de los municipios de Salta. Tartagal tiene un presupuesto de 250 millones, pero la mitad corresponden a recursos propios.
Franco Hernández Berni el joven secretario de gobierno de la administración Leavy, no guardó silencio: "Uno de los temas flojos de esta gestión ha sido solucionar el tema de la tierra. En Tartagal hemos hecho un trabajo muy serio, pero es indignante y a mí me saca la burocracia que tenemos que enfrentar en el Grand Bourg. Hemos conseguido que grandes firmas de bienes raíces como Milanesi y Uanini, sin pretender ni un centavo, donen los predios donde se asientan barrios enteros por un requisito mínimo. Pero en ocasiones tenemos que esperar tres años para darle la escritura a una familia que ocupa el terreno hace 40", grafica.
Hernández Berni agrega que esa situación se "replica" en diferentes áreas, como salud, justicia y acción social. "Este municipio trabaja con el Poder Judicial y con el hospital, que tiene una jurisdicción que excede por lejos a Tartagal y cuando se traslada a un paciente y a su familia que van derivados por cuestiones de salud no se pregunta si es de Aguaray o Mosconi. Lo mismo sucede con el gabinete socio-
psicológico que trabaja con el Poder Judicial y el Ministerio Público, que va desde Embarcación hasta el límite con Bolivia. Todo se solventa con recursos propios, que aportan los contribuyentes de Tartagal y es gracias a eso que podemos seguir la gestión sin caer en la inviabilidad y seguir desarrollando políticas sociales y de infraestructura", contempla Hernández Berni.
"Hay obras de pavimentación del año 2012 que debía abonar la Provincia, pero las pagó el municipio y todavía no hemos recibido esa devolución. Las campañas que están garantizando que haya muy pocos casos de dengue, cuando provincias enteras están en una situación dramática, también la solventa el municipio e implican un costo muy elevado", detalló el secretario de gobierno.

Sin nuevos puestos de trabajo
Sergio Leavy es uno de los pocos intendentes de extracción kirchnerista que no atiborró de militantes la administración municipal, como sucedió con la Nación y la Provincia.
Leavy no se cansa de repetir: "Cuando ingresé a la intendencia la Municipalidad de Tartagal tenía 428 empleados. Al mes de diciembre de 2015 son 487, con los planilleros. Los sueldos ascienden al 30% de los recursos y el resto es para obras y para los programas de ayuda y promoción social".

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