El exsecretario de Obras Públicas José Francisco López prestó declaración indagatoria ayer en Comodoro Py, y ante el juez federal Julián Ercolini señaló que su oficina estaba a cargo del diseño del plan de obras, pero no realizaba las licitaciones. Así lo señalaron fuentes judiciales luego de que el exfuncionario, actualmente detenido en el penal de Ezeiza por enriquecimiento ilícito, contestara preguntas en el marco de una investigación sobre supuesto fraude en el otorgamiento de obra pública durante el kirchnerismo.
López realizó una declaración técnica y en línea con lo que afirmaron esta semana ante la Justicia la expresidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, detenido por lavado de dinero. Describió la estructura de la Secretaría de Obras Públicas, que tuvo a su cargo durante los 12 años de la anterior gestión, pero aclaró que no se encargaba de las licitaciones ni de los presupuestos. Reconoció que desarrolló "el Plan de Obras Públicas aplicado en todo el país desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2015", cuyas "metas y objetivos fueron aprobados por el Congreso Nacional" en sus respectivos presupuestos. No obstante, aclaró que el 95 por ciento de las obras que se ejecutaron se hicieron en forma descentralizada.
El exsecretario indicó que lo hecho en Santa Cruz, por un total de 64 millones en los últimos tres años, "representa una cifra mínima si se compara con lo invertido en el resto del país". De esta forma intentó negar las acusaciones de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques sobre que Santa Cruz fue la provincia más beneficiada con la obra pública durante el kirchnerismo.
López subrayó que su Secretaría no recibió impugnación alguna por parte de alguna empresa constructora ni de los subsecretarios de obras públicas que ocuparon esa función durante su gestión. También consideró que es "sesgada" la actitud de mirar solo las obras que recibió Santa Cruz y que eso implica una "clara intencionalidad política y jurídica". Pidió, en ese sentido, que citen a declaración testimonial al actual director nacional de Vialidad (DNV), Javier Iguacel, y a Guillermo Dietritch, actual ministro de Transporte de la Nación.
En ese sentido, también reclamó que se convoque a los dueños de 36 empresas, entre ellas IECSA, de Ángelo Calcaterra (primo del presidente Mauricio Macri); Techint, de Paolo Roca, para que se les pregunte si él los instó a presentarse en alguna licitación de obras o si organizó alguna reunión para "arreglar" alguno de los procesos. Reclamó que a todos los empresarios les sea preguntado sobre si "solicitó algún retorno o entrega de alguna suma de dinero a cambio de la adjudicación de alguna obra".
Luego de unas dos horas de audiencia, el exsecretario se retiró del despacho de Ercolini sin responder preguntas.

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