La Asociación de Jueces del Poder Judicial de Salta expondrá el próximo 20 de julio ante diputados las observaciones que formuló contra la propuesta que impulsa la creación de una policía paralela armada que dependería funcionalmente del Ministerio Público Fiscal.
El proyecto del ley del Ejecutivo, que cuenta con media sanción del Senado desde el pasado 9 de junio, despertó preocupación entre los magistrados, que con una dura nota girada al presidente de la Cámara baja, Manuel Santiago Godoy, pidieron una urgente audiencia.
La reunión fue confirmada para el 20, a las 11, con las comisiones de Legislación General; Justicia, Seguridad y Participación Ciudadana, y Hacienda y Presupuesto.
La respuesta de la Presidencia de Diputados abrió las puertas a una saludable instancia de consulta. Aún así, generó recelos al conocerse que la Cámara Baja convocará también al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de Salta, que preside el juez Eduardo Barrionuevo.
La desconfianza tiene sus razones. La Asociación, que agrupa a 108 de los 126 jueces de la provincia, fue creada con propósitos institucionales, mientras que el Colegio, que agrupa a jueces, fiscales, defensores y asesores del Ministerio Público, tiene fines eminentemente sociales.
La variada composición de sus estamentos mueve suspicacias y pone a muchos en incómoda situación. De hecho, los posicionamientos de los fiscales y de los defensores difícilmente puedan confluir en un mismo sentido, a la hora de contrastarlos con el de los jueces, frente a la controvertida estructura policial paralela.
Al respecto, la Asociación, que preside el juez Luciano Martini, advirtió en la nota girada a Godoy que la creación del nuevo estamento armado constituiría "una flagrante violación a las claras prohibiciones establecidas por el artículo 4§ del texto constitucional" de Salta.
La entidad manifestó que, por su naturaleza y las características asignadas, la pretendida fuerza sería, sin dudas, "extraña al Estado de derecho. A tal punto que, demostrando su ilegitimidad, ha sido calificada en el proyecto con el aditamento de armada, lo cual por sí solo demuestra la afrenta constitucional y los riesgos que encierra para la sociedad", remarcó la Asociación.
La entidad representativa de los jueces, además, subrayó que el proyecto, como está planteado, conferiría a la nueva fuerza armada, "llamativas facultades que le permitirían actuar sin formación de causa penal, en violación del Código Procesal Penal y otras leyes con rango constitucional que garantizan la vigencia real del Estado de derecho".
De crearse tal fuerza -subrayó la Asociación- "se validaría legalmente el desarrollo de tareas de inteligencia absolutamente prohibidas y que en épocas no lejanas permitieron y facilitaron las tareas del terrorismo de Estado".

Una fuerza paralela

Para la nueva fuerza se dispondrían los mismos cuadros jerárquicos -con grados, régimen de carrera y permanencia- de la Policía de la Provincia de Salta.
Todos los cargos serían cubiertos a propuesta del Ministerio Público
Fiscal.
El personal -civil y uniformado- debería "sujetar su actuación a los principios de jerarquía y subordinación, cumpliendo las órdenes de los superiores y de los fiscales, con diligencia y en el tiempo, lugar y modo indicados".
Una Oficina General de Asuntos Internos, que funcionaría en el ámbito del Ministerio Público Fiscal se encargaría de controlar y sancionar las faltas de sus agentes.

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Sección Editorial

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Eduardo Saravia
Eduardo Saravia · Hace 4 meses

Mientras éste urtubey y ciertos personajes que tienen muy sucio su culo, esto se puede aprobar y cerrar varias cosas raras o no


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