Entre los muchos problemas que le esperan al nuevo gobierno hay uno que es a la vez urgente y profundo: los juicios de lesa humanidad, que se vienen realizando desde 2005. Diez años después, de los 2.200 imputados, solo 700 recibieron sentencia, en un 90% de los casos condenatoria. Los juicios no tienen perspectiva de terminar, y la lista de imputados sigue abierta. La mayoría están detenidos, y más de 300 ya han muerto en las cárceles, sin recibir el beneficio de la prisión domiciliaria, concedida por ejemplo a Arquímedes Puccio. La persecución a los imputados y su discriminación -tan lejos de cualquier principio de los derechos humanos- llega al extremo de que no se les permite ser atendidos en el Hospital Militar o el Hospital Naval.
Por otro lado, muchos testimonios indican que estos juicios distan de ser impecables, como sí lo fueron los juicios a las Juntas de 1985. Aunque pocos se atreven a expresar públicamente una opinión contraria a la corrección política dominante, hay diversos testimonios de peritos y funcionarios intervinientes, así como de familiares, referidos tanto al juicio como a las condiciones de detención. También están, para ser examinados, los expedientes, con sus sentencias.
No estoy opinando acerca de la culpabilidad de los imputados y de las penas que merecerían, ni de otro tema igualmente importante: qué aportaron estos juicios acerca del destino de los desaparecidos. Aquí me ocupo solo de la justicia y de los derechos humanos, las dos bases del sistema democrático institucional construido en 1983. Un balance global indica que estamos ante una flagrante violación de los derechos humanos y ante un ejercicio del poder estatal de punición muy alejado del Estado de derecho.
Los juicios a las Juntas
El punto de referencia sólido son los juicios a las Juntas de 1985. Raúl Alfonsín se comprometió a juzgar y castigar, en el marco estricto de una justicia independiente, a los principales responsables del terrorismo clandestino de Estado y de las organizaciones armadas. Con ello afirmó la legitimidad y potencia de la justicia, piedra angular del Estado de derecho, e instrumentó una solución posible, ejemplar, rápida y definitiva para un conflicto cuya perduración afectaría la construcción de la democracia.
Pese al momento, quizá proclive al jacobinismo, los procedimientos judiciales se respetaron a rajatabla. No hubo "tribunales especiales"; la fiscalía seleccionó, de entre todas las denuncias, un número reducido de casos adecuadamente probados; cada parte fue escuchada; el fallo desechó muchos de los casos presentados, sopesó las pruebas, y aplicó condenas diferentes para cada acusado. Los fundamentos fueron enjundiosos.
El fallo castigó a los principales responsables del terrorismo de Estado, demostró que la justicia podía acabar con la impunidad y reveló los horrores a los que una sociedad se expone cuando abandona el camino de la ley y la justicia. Pero además, mostró de manera concreta qué cosa es el gobierno de la ley, pilar sobre el que debía sustentarse la nueva democracia.
Llegar a este final fue una verdadera hazaña, pues las resistencias fueron muchas, desde la intención del candidato justicialista de aceptar la autoamnistía militar a la intransigencia de las principales organizaciones de derechos humanos, que finalmente no integraron la Conadep. Los militares no aceptaron juzgar a sus camaradas, y en 1987 se negaron a que oficiales en actividad fueran citados a juicio. El levantamiento de Semana Santa reveló la impotencia de un poder civil todavía no consolidado; su consecuencia fueron las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, juzgadas por la opinión pública, no sin algo de razón, como un fracaso del gobierno civil. En la memoria social, la Ley de Obediencia Debida es considerada más relevante que el Juicio a las Juntas.
Justicia vs. revancha
Cuando se reabrieron los juicios, en 2005, la idea de justicia había sido desplazada por la de retaliación o revancha. La acompañó otra: exhibir la capacidad del poder político para ponerse por encima de las leyes que lo regulan, o dicho de otro modo, su capacidad para la arbitrariedad.
El deslizamiento de la justicia a la venganza resultó de la gradual confluencia de dos grupos: el sector más intransigente de los militantes de derechos humanos y aquellos que retomaron, al menos simbólicamente, la tradición ideológica y política de los años setenta. Las "víctimas inocentes" del terrorismo de Estado fueron reivindicadas como militantes heroicos, y sus herederos cambiaron la defensa de los derechos humanos, la ley y la vida por el reclamo de la justicia del Talión.
Néstor Kirchner percibió el potencial político de este sector crecientemente faccioso, capitalizó la idea de la venganza justiciera y la integró a su proyecto de construcción de poder. Manipuló ideas imprecisas y sentimientos difusos, se apropió de objetivos, discursos y símbolos y hasta encontró la retribución adecuada -simbólica y material- para que las organizaciones emblemáticas se le sumaran. La llamada política de derechos humanos sirvió para entusiasmar a los partidarios, disciplinar a los indecisos y atemorizar a la opinión indepen­diente.
En muchos de estos juicios la justi­cia está hoy lejos de la imparcialidad e ignora el principio de igualdad ante la ley, como en el caso del general César Milani.
La condena parece decidida a prio­ri, y cada uno cumple su papel si­guiendo un guión: abogados que orientan a los testigos, fiscales "mili­tantes", defensores presionados y jueces que se dividen entre militan­tes y timoratos.
Lo más débil son las sentencias. A menudo, la única prueba es el re­cuerdo de un testigo; alguien que, casi cuarenta años después, afirma haber visto al acusado en el lugar en donde era torturado. Con ese testi­monio único y endeble se ha conde­nado a muchos, considerados "partí­cipes necesarios", sin necesidad de probar qué es lo que hicieron. Se par­te de la presunción de culpabilidad y se le pide al acusado que demuestre su inocencia; así se invierte la carga de la prueba, eliminando una de las garantías básicas del debido proceso. Seguramente no todos los casos han sido así.
Pero solo con algunos basta para alarmarse y reclamar que el tema se incluya en la agenda pública.
Por otro lado, en estos juicios hubo una singular teatralización de la jus­ticia. La majestad de la ley dejó su lu­gar a la exhibición de la discreciona­lidad e impunidad de un poder polí­tico que controla cada paso del proceso, y los rodea de una especie de festival de la venganza, en el que tribunas vociferantes presionen a los testigos y a los jueces, y "escrachen" a los acusados y sus defensores. La teatralización remite al clima faccio­so generalizado, a la decisión política de llevar el enfrentamiento al límite, y a la explotación del deseo primario de tomar revancha sobre los anti­guos victimarios.
La impunidad y la arbitrariedad
Pero hay algo más. La impunidad y la arbitrariedad son dos de los nom­bres del poder. Hacer gala de ellas es un poderoso disuasivo y un instru­mento disciplinador. Se trató de mostrar y escenificar cuánto valor asigna a la justicia y a las institucio­nes un gobierno convencido de que el pueblo con su voto le ha confiado la suma del poder. Probablemente allí resida la lógica profunda del go­bierno que terminó.
En un prolijo informe sobre el esta­do de los juicios, la Procuraduría Ge­neral señala que 227 imputados murieron en prisión "con el sello de la impunidad", casi como si se hubie­ran escapado. La frase expresa el sentido profundo de estos juicios: los imputados son culpables, deben pa­gar aún antes de ser condenados, y la punición debe estar por encima de las garantías asentadas en la Consti­tución, los códigos y la práctica judi­cial. Todo tiene un amargo regusto a venganza.
El justo castigo es un principio fun­damental. Pero no puede ser el úni­co. Para que los horribles sucesos no sucedan nunca más, no basta con castigar a los culpables; también hay que crear las condiciones para que los crímenes abominables no se re­pitan. Esto solo es posible cuando hay una sólida convicción ciudada­na sobre la imparcialidad de la justi­cia y el gobierno de la ley. Una con­dena solo es legítima cuando hay pruebas fehacientes, más allá de to­da duda razonable.
La eventual impunidad de algunos, cuya culpa no pudo ser probada, es un precio a pagar para sostener los principios de la justicia. Hacia allí apuntaron los juicios de 1985, que acompañaron la construcción de una democracia institucional. ¿Cuánto queda hoy de aquel proyec­to de 1983?
La herencia
El nuevo gobierno hereda el proble­ma, que tiene distintos aspectos. Hay uno urgente: la situación de los imputados y condenados ancianos, privados de su derecho a la deten­ción domiciliaria, a un tratamiento médico adecuado y a un digno final de su vida.
Ni los imputados ni los condenados pueden seguir muriendo en las cár­celes.
Los juicios abiertos no pueden du­rar eternamente. Hay que acelerar su tramitación, hay que cerrar la lista de imputados -una sociedad no pue­de vivir con esa espada de Damocles, administrada hasta ahora por perso­nas de dudosa integridad- y sobre to­do, hay que poner alguna fecha para que los juicios estén terminados.
También está el problema de la jus­ticia. No se puede construir el Estado de derecho ni sobre la injusticia ni sobre la duda.
Son muchos los que objetan las sentencias. Deberían ser revisadas, separando las correctas de aquellas jurídicamente insostenibles, y sería bueno convocar a juristas interna­cionales, de probada capacidad y ajenos al juego político local, que ha enturbiado las causas.
Lo último, y lo más difícil: hay que iniciar un debate amplio que -sobre la base de la justicia- ayude a encon­trar el camino para que una sociedad dividida por el pasado cierre ese ca­pítulo.
El debate está hoy obturado por el clima faccioso característico del ciclo que ahora acaba.
Es la hora de que se expresen las vo­ces que permitan discutir este pro­blema en términos diferentes a los actuales.

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Julian Centella
Julian Centella · Hace 11 meses

MUCHAS PALABRAS POR "JUSTICIA" CASTIGOS Y OTRAS LAYAS. . . ¿¿¿ COMO VAN ENTENDER LAS INJUSTICIAS DEL MUNDO VEN PASAR PIBES CARTONEANDO EN UN CARRO Y SE APIADAN DEL CABALLO ??? UPS.

Alfredo Ghione
Alfredo Ghione · Hace 11 meses

Lamento que este artículo también será condenado por los hipócritas políticamente correctos y lógicamente por aquellos que se masturban en la venganza y secretamente temen que la justicia sea pareja... sí también contra los que mataron inocentes en nombre de "la causa". El Tribuno correrá con la condena de La Nación y de El Litoral por reclamar justicia y abandonar la venganza.