Un exjuez y un exfiscal de la Justicia federal en Resistencia, Chaco, están apunto de ir a juicio oral y público acusados de varios delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, en el marco de la primera causa que juzgará una participación civil clave en el plan represivo que se implementó esta provincia.
Se trata del exjuez Ángel Córdoba y del exfiscal Roberto Mazzoni, quienes se desempeñaron en la Justicia Federal del Chaco durante la dictadura y desde 2012 permanecen detenidos acusados abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y encubrimiento de tormentos que militares y policías cometieron contra nueve presos políticos en Resistencia.
El juez federal Carlos Skidelsky elevó a juicio oral la causa que imputa a ambos exfuncionarios de la Justicia y el Tribunal Oral de Resistencia debería decidir la fecha de inicio del debate.
Diego Vigay, uno de los fiscales de la causa, dijo a NA que el juicio podría comenzar antes de fin de año y que "el peso de los testimonios de sobrevivientes y documentos registrados en la investigación comprometen seriamente la situación" de los procesados.
"Se ha probado, a partir de testimonios y documentales, el rol que cumplieron estos funcionarios de la justicia federal chaqueña y la palabra más gráfica para definir su accionar es connivencia", expresó el integrante del Ministerio Público.
Córdoba y Mazzoni están acusados de haber actuado en complicidad con la Policía del Chaco y las fuerzas federales cuando no tomaban o desestimaban las denuncias de los presos políticos o sus familiares sobre persecuciones, detenciones ilegales y torturas.
De acuerdo al expediente, al que tuvo acceso Noticias Argentinas, el rol de ambos fue el de encubridores necesarios de crímenes de lesa humanidad, sin los cuales los delitos o varios de ellos no se hubiesen podido cometer en la jurisdicción.
Córdoba y Mazzoni aparecen en el texto judicial como eslabones necesarios para que el plan represivo tuviera éxito en el Chaco, teniendo en cuenta que los grupos de tarea detenían y torturaban a militantes políticos a sabiendas de que el juez y el fiscal iban a desestimar las denuncias que las víctimas promovieran.
Según reveló la investigación, ambos acusados lideraron una zona liberada para que policías y militares pudieran actuar con impunidad judicial, en un contexto que hace que los delitos imputados sean imprescriptibles pese al paso del tiempo.
Entre las nueve víctimas, sobrevivientes de la dictadura, aparece el testimonio de una mujer que relató que fue llevada varias veces al juzgado donde estaban Córdoba y Mazzoni cuando estuvo detenida: a pesar de las muestras de las torturas, golpes y quemaduras con cigarrillo en varias partes de su cuerpo, ambos funcionarios no promovieron investigaciones.
Se trata del exjuez Ángel Córdoba y del exfiscal Roberto Mazzoni, quienes se desempeñaron en la Justicia Federal del Chaco durante la dictadura y desde 2012 permanecen detenidos acusados abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y encubrimiento de tormentos que militares y policías cometieron contra nueve presos políticos en Resistencia.
El juez federal Carlos Skidelsky elevó a juicio oral la causa que imputa a ambos exfuncionarios de la Justicia y el Tribunal Oral de Resistencia debería decidir la fecha de inicio del debate.
Diego Vigay, uno de los fiscales de la causa, dijo a NA que el juicio podría comenzar antes de fin de año y que "el peso de los testimonios de sobrevivientes y documentos registrados en la investigación comprometen seriamente la situación" de los procesados.
"Se ha probado, a partir de testimonios y documentales, el rol que cumplieron estos funcionarios de la justicia federal chaqueña y la palabra más gráfica para definir su accionar es connivencia", expresó el integrante del Ministerio Público.
Córdoba y Mazzoni están acusados de haber actuado en complicidad con la Policía del Chaco y las fuerzas federales cuando no tomaban o desestimaban las denuncias de los presos políticos o sus familiares sobre persecuciones, detenciones ilegales y torturas.
De acuerdo al expediente, al que tuvo acceso Noticias Argentinas, el rol de ambos fue el de encubridores necesarios de crímenes de lesa humanidad, sin los cuales los delitos o varios de ellos no se hubiesen podido cometer en la jurisdicción.
Córdoba y Mazzoni aparecen en el texto judicial como eslabones necesarios para que el plan represivo tuviera éxito en el Chaco, teniendo en cuenta que los grupos de tarea detenían y torturaban a militantes políticos a sabiendas de que el juez y el fiscal iban a desestimar las denuncias que las víctimas promovieran.
Según reveló la investigación, ambos acusados lideraron una zona liberada para que policías y militares pudieran actuar con impunidad judicial, en un contexto que hace que los delitos imputados sean imprescriptibles pese al paso del tiempo.
Entre las nueve víctimas, sobrevivientes de la dictadura, aparece el testimonio de una mujer que relató que fue llevada varias veces al juzgado donde estaban Córdoba y Mazzoni cuando estuvo detenida: a pesar de las muestras de las torturas, golpes y quemaduras con cigarrillo en varias partes de su cuerpo, ambos funcionarios no promovieron investigaciones.
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Un exjuez y un exfiscal de la Justicia federal en Resistencia, Chaco, están apunto de ir a juicio oral y público acusados de varios delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, en el marco de la primera causa que juzgará una participación civil clave en el plan represivo que se implementó esta provincia.
Se trata del exjuez Ángel Córdoba y del exfiscal Roberto Mazzoni, quienes se desempeñaron en la Justicia Federal del Chaco durante la dictadura y desde 2012 permanecen detenidos acusados abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y encubrimiento de tormentos que militares y policías cometieron contra nueve presos políticos en Resistencia.
El juez federal Carlos Skidelsky elevó a juicio oral la causa que imputa a ambos exfuncionarios de la Justicia y el Tribunal Oral de Resistencia debería decidir la fecha de inicio del debate.
Diego Vigay, uno de los fiscales de la causa, dijo a NA que el juicio podría comenzar antes de fin de año y que "el peso de los testimonios de sobrevivientes y documentos registrados en la investigación comprometen seriamente la situación" de los procesados.
"Se ha probado, a partir de testimonios y documentales, el rol que cumplieron estos funcionarios de la justicia federal chaqueña y la palabra más gráfica para definir su accionar es connivencia", expresó el integrante del Ministerio Público.
Córdoba y Mazzoni están acusados de haber actuado en complicidad con la Policía del Chaco y las fuerzas federales cuando no tomaban o desestimaban las denuncias de los presos políticos o sus familiares sobre persecuciones, detenciones ilegales y torturas.
De acuerdo al expediente, al que tuvo acceso Noticias Argentinas, el rol de ambos fue el de encubridores necesarios de crímenes de lesa humanidad, sin los cuales los delitos o varios de ellos no se hubiesen podido cometer en la jurisdicción.
Córdoba y Mazzoni aparecen en el texto judicial como eslabones necesarios para que el plan represivo tuviera éxito en el Chaco, teniendo en cuenta que los grupos de tarea detenían y torturaban a militantes políticos a sabiendas de que el juez y el fiscal iban a desestimar las denuncias que las víctimas promovieran.
Según reveló la investigación, ambos acusados lideraron una zona liberada para que policías y militares pudieran actuar con impunidad judicial, en un contexto que hace que los delitos imputados sean imprescriptibles pese al paso del tiempo.
Entre las nueve víctimas, sobrevivientes de la dictadura, aparece el testimonio de una mujer que relató que fue llevada varias veces al juzgado donde estaban Córdoba y Mazzoni cuando estuvo detenida: a pesar de las muestras de las torturas, golpes y quemaduras con cigarrillo en varias partes de su cuerpo, ambos funcionarios no promovieron investigaciones.
Se trata del exjuez Ángel Córdoba y del exfiscal Roberto Mazzoni, quienes se desempeñaron en la Justicia Federal del Chaco durante la dictadura y desde 2012 permanecen detenidos acusados abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y encubrimiento de tormentos que militares y policías cometieron contra nueve presos políticos en Resistencia.
El juez federal Carlos Skidelsky elevó a juicio oral la causa que imputa a ambos exfuncionarios de la Justicia y el Tribunal Oral de Resistencia debería decidir la fecha de inicio del debate.
Diego Vigay, uno de los fiscales de la causa, dijo a NA que el juicio podría comenzar antes de fin de año y que "el peso de los testimonios de sobrevivientes y documentos registrados en la investigación comprometen seriamente la situación" de los procesados.
"Se ha probado, a partir de testimonios y documentales, el rol que cumplieron estos funcionarios de la justicia federal chaqueña y la palabra más gráfica para definir su accionar es connivencia", expresó el integrante del Ministerio Público.
Córdoba y Mazzoni están acusados de haber actuado en complicidad con la Policía del Chaco y las fuerzas federales cuando no tomaban o desestimaban las denuncias de los presos políticos o sus familiares sobre persecuciones, detenciones ilegales y torturas.
De acuerdo al expediente, al que tuvo acceso Noticias Argentinas, el rol de ambos fue el de encubridores necesarios de crímenes de lesa humanidad, sin los cuales los delitos o varios de ellos no se hubiesen podido cometer en la jurisdicción.
Córdoba y Mazzoni aparecen en el texto judicial como eslabones necesarios para que el plan represivo tuviera éxito en el Chaco, teniendo en cuenta que los grupos de tarea detenían y torturaban a militantes políticos a sabiendas de que el juez y el fiscal iban a desestimar las denuncias que las víctimas promovieran.
Según reveló la investigación, ambos acusados lideraron una zona liberada para que policías y militares pudieran actuar con impunidad judicial, en un contexto que hace que los delitos imputados sean imprescriptibles pese al paso del tiempo.
Entre las nueve víctimas, sobrevivientes de la dictadura, aparece el testimonio de una mujer que relató que fue llevada varias veces al juzgado donde estaban Córdoba y Mazzoni cuando estuvo detenida: a pesar de las muestras de las torturas, golpes y quemaduras con cigarrillo en varias partes de su cuerpo, ambos funcionarios no promovieron investigaciones.