El juez federal Claudio Bonadío dispuso ayer la intervención por seis meses de la empresa "Los Sauces", propiedad de la familia Kirchner, y de la sucesión del expresidente Néstor Kirchner, en el marco de una causa en la que se investiga la presunta comisión de los delitos de cohecho y lavado de activos.
El juez también dispuso la designación por idéntico plazo de interventores informantes en las compañías de los empresarios patagónicos Cristóbal López y Lázaro Báez a fin de avanzar en su investigación sobre los supuestos vínculos entre estas empresas y la firma hotelera de los ex presidentes, que el juez califica como un "enjambre societario".
Se trata de "Grupo Indalo" e "Indalo Media", propiedad de López, y del "Grupo Báez", "Idea S.A.", y "Negocios Patagónicos SA".
La función de interventores e informantes es dar cuenta al juzgado de las operaciones comerciales que realizan Los Sauces y las demás sociedades que pagaban regularmente alquileres a la empresa hotelera de los Kirchner.
La resolución de Bonadio implica el desplazamiento del hijo de la expresidente, Maximo Kirchner, actual diputado por el FPV, de su rol como administrador de la sucesión, así como la intervención de Los Sauces conlleva "la remoción de las actuales autoridades" durante el período fijado.
En una resolución de 45 páginas, el juez sostuvo que ordenó la intervención tras haber detectado una serie de "irregularidades" en el funcionamiento de Los Sauces y de la sucesión del fallecido expresidente.
"Las irregularidades detectadas dan cuenta de que podrían haberse llevado a cabo maniobras ilícitas que estarían relacionadas con el lavado de activos de origen delictivo, cohecho, omisión de información en las declaraciones, entre otras", afirmó el magistrado.
El juez también dispuso la designación por idéntico plazo de interventores informantes en las compañías de los empresarios patagónicos Cristóbal López y Lázaro Báez a fin de avanzar en su investigación sobre los supuestos vínculos entre estas empresas y la firma hotelera de los ex presidentes, que el juez califica como un "enjambre societario".
Se trata de "Grupo Indalo" e "Indalo Media", propiedad de López, y del "Grupo Báez", "Idea S.A.", y "Negocios Patagónicos SA".
La función de interventores e informantes es dar cuenta al juzgado de las operaciones comerciales que realizan Los Sauces y las demás sociedades que pagaban regularmente alquileres a la empresa hotelera de los Kirchner.
La resolución de Bonadio implica el desplazamiento del hijo de la expresidente, Maximo Kirchner, actual diputado por el FPV, de su rol como administrador de la sucesión, así como la intervención de Los Sauces conlleva "la remoción de las actuales autoridades" durante el período fijado.
En una resolución de 45 páginas, el juez sostuvo que ordenó la intervención tras haber detectado una serie de "irregularidades" en el funcionamiento de Los Sauces y de la sucesión del fallecido expresidente.
"Las irregularidades detectadas dan cuenta de que podrían haberse llevado a cabo maniobras ilícitas que estarían relacionadas con el lavado de activos de origen delictivo, cohecho, omisión de información en las declaraciones, entre otras", afirmó el magistrado.
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El juez federal Claudio Bonadío dispuso ayer la intervención por seis meses de la empresa "Los Sauces", propiedad de la familia Kirchner, y de la sucesión del expresidente Néstor Kirchner, en el marco de una causa en la que se investiga la presunta comisión de los delitos de cohecho y lavado de activos.
El juez también dispuso la designación por idéntico plazo de interventores informantes en las compañías de los empresarios patagónicos Cristóbal López y Lázaro Báez a fin de avanzar en su investigación sobre los supuestos vínculos entre estas empresas y la firma hotelera de los ex presidentes, que el juez califica como un "enjambre societario".
Se trata de "Grupo Indalo" e "Indalo Media", propiedad de López, y del "Grupo Báez", "Idea S.A.", y "Negocios Patagónicos SA".
La función de interventores e informantes es dar cuenta al juzgado de las operaciones comerciales que realizan Los Sauces y las demás sociedades que pagaban regularmente alquileres a la empresa hotelera de los Kirchner.
La resolución de Bonadio implica el desplazamiento del hijo de la expresidente, Maximo Kirchner, actual diputado por el FPV, de su rol como administrador de la sucesión, así como la intervención de Los Sauces conlleva "la remoción de las actuales autoridades" durante el período fijado.
En una resolución de 45 páginas, el juez sostuvo que ordenó la intervención tras haber detectado una serie de "irregularidades" en el funcionamiento de Los Sauces y de la sucesión del fallecido expresidente.
"Las irregularidades detectadas dan cuenta de que podrían haberse llevado a cabo maniobras ilícitas que estarían relacionadas con el lavado de activos de origen delictivo, cohecho, omisión de información en las declaraciones, entre otras", afirmó el magistrado.
El juez también dispuso la designación por idéntico plazo de interventores informantes en las compañías de los empresarios patagónicos Cristóbal López y Lázaro Báez a fin de avanzar en su investigación sobre los supuestos vínculos entre estas empresas y la firma hotelera de los ex presidentes, que el juez califica como un "enjambre societario".
Se trata de "Grupo Indalo" e "Indalo Media", propiedad de López, y del "Grupo Báez", "Idea S.A.", y "Negocios Patagónicos SA".
La función de interventores e informantes es dar cuenta al juzgado de las operaciones comerciales que realizan Los Sauces y las demás sociedades que pagaban regularmente alquileres a la empresa hotelera de los Kirchner.
La resolución de Bonadio implica el desplazamiento del hijo de la expresidente, Maximo Kirchner, actual diputado por el FPV, de su rol como administrador de la sucesión, así como la intervención de Los Sauces conlleva "la remoción de las actuales autoridades" durante el período fijado.
En una resolución de 45 páginas, el juez sostuvo que ordenó la intervención tras haber detectado una serie de "irregularidades" en el funcionamiento de Los Sauces y de la sucesión del fallecido expresidente.
"Las irregularidades detectadas dan cuenta de que podrían haberse llevado a cabo maniobras ilícitas que estarían relacionadas con el lavado de activos de origen delictivo, cohecho, omisión de información en las declaraciones, entre otras", afirmó el magistrado.