Una vez más las fallas generadas en la comunicación satelital demoraron el inicio de la audiencia del jueves en la que sólo se pudo escuchar dos testimonios: el de la abogada Mirta Mántaras y Francisco Peñalva quien, como policía de la provincia, fue custodio de los gobernadores en la época que se enmarcan los hechos del presente juicio.
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Una vez más las fallas generadas en la comunicación satelital demoraron el inicio de la audiencia del jueves en la que sólo se pudo escuchar dos testimonios: el de la abogada Mirta Mántaras y Francisco Peñalva quien, como policía de la provincia, fue custodio de los gobernadores en la época que se enmarcan los hechos del presente juicio.
La abogada Mántaras es autora del libro "Genocidio en la Argentina" y ya había dado un testimonio en el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia. Su preparación y especialización en Justicia Militar y Legislación en Derechos Humanos hacen valiosa su participación ya que pone en limpio diversos conceptos y contextualiza distintas situaciones.
El jueves dejó bien en claro que el golpe de 1976 "tuvo irregularidades en todos los órdenes"; trajo a la memoria la denominada "Operación Bolsa" por la que se detuvieron a todos los funcionarios del gobierno civil que estuvieran comprometidos en malas acciones económicas. A pesar de ello nunca tuvieron juicio ni condenas. Destacó el rol de los "agentes de enlace" dentro del Servicio de Inteligencia y detalló que "al personal que estuviera en contacto con los familiares se le asignaban operaciones especiales de inteligencia".
El defensor del imputado Mariano Braga, Ricardo Vitellini, tal como lo hizo en la anterior intervención de Mántaras, intentó descalificarla quizás porque sus definiciones tienen que ver con la labor que desempeñaba su defendido. Su estrategia es intentar equiparar las acciones de los grupos de lucha social con la responsabilidad del Estado.
El último testigo, Francisco Peñalva, con dificultades para escuchar, manifestó que "no recuerdo lo que me van a preguntar".
La querella de Hijos solicitó algunas pruebas a las que condiciona pedir falso testimonio.
En este 4º juicio por delitos de lesa humanidad en Jujuy se busca la verdad sobre la detención, tortura y desaparición de un grupo de 17 afiliados al Partido Comunista, muchos de ellos trabajadores de la mina de Tumbaya. En tanto los 15 imputados trabajaron en distintas fuerzas militares y del orden.
Para el próximo jueves, a partir de las 16, está citada la próxima audiencia.