El jefe de la Afip, Alberto Abad, quedó involucrado en una polémica al conocerse que declaró poseer títulos públicos emitidos por la alimenticia Molinos Río de la Plata, acusada de haber evadido 1.100 millones de pesos por el Impuesto a las Ganancias.
Esa tenencia colocaría al funcionario en una situación de incompatibilidad prevista en el Código de Ética que rige para el personal del organismo recaudador.
La propiedad de esos títulos podría generar una situación de conflicto de intereses, porque Abad es quien debe aplicar el poder de policía sobre una firma de la que su resultado financiero influye en su propio patrimonio.
La deuda reclamada por el organismo remite a dos períodos en los que Abad era el titular de la Afip.
La declaración jurada del funcionario reconoce también deudas contraídas, con distintas sociedades financieras sometidas también al control de la Afip.
Según su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción por el período 2015, Abad reconoce poseer acciones y Obligaciones Negociables de las empresas Pan American Energy, Irsa y Arcor, entre otros.
La inconsistencia surge porque entre los títulos públicos declarados figura que al inicio del año poseía un monto equivalente a 85.525 pesos invertidos en Molinos Río de la Plata. Al cierre de ese período, el valor de esos títulos trepó, según lo declarado, a 121.540 pesos.
En el Código de Ética que lo alcanzaría está descripta esa controversia cuando "se contrapongan en una misma situación los intereses de este Organismo con los intereses personales de los funcionarios".
El código de la Afip específica, además, que su personal "debe evitar situaciones que desencadenen un conflicto de interés real potencial".
En 2015, la Afip inició un proceso de determinación en el cual le reclamó a la empresa el pago de Ganancias por 220,9 millones de pesos por el ejercicio 2006 y de $ 919 millones por el de 2007.
El reclamo por la deuda coincide con el período en el que Abad fue el administrador federal ya que dejó su cargo en 2008.
De avanzar el proceso -más allá de las apelaciones planteadas por la empresa- se podría dar la paradójica situación en la que Abad debiera cobrarle a la firma en la que posee sus inversiones personales.
Esa tenencia colocaría al funcionario en una situación de incompatibilidad prevista en el Código de Ética que rige para el personal del organismo recaudador.
La propiedad de esos títulos podría generar una situación de conflicto de intereses, porque Abad es quien debe aplicar el poder de policía sobre una firma de la que su resultado financiero influye en su propio patrimonio.
La deuda reclamada por el organismo remite a dos períodos en los que Abad era el titular de la Afip.
La declaración jurada del funcionario reconoce también deudas contraídas, con distintas sociedades financieras sometidas también al control de la Afip.
Según su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción por el período 2015, Abad reconoce poseer acciones y Obligaciones Negociables de las empresas Pan American Energy, Irsa y Arcor, entre otros.
La inconsistencia surge porque entre los títulos públicos declarados figura que al inicio del año poseía un monto equivalente a 85.525 pesos invertidos en Molinos Río de la Plata. Al cierre de ese período, el valor de esos títulos trepó, según lo declarado, a 121.540 pesos.
En el Código de Ética que lo alcanzaría está descripta esa controversia cuando "se contrapongan en una misma situación los intereses de este Organismo con los intereses personales de los funcionarios".
El código de la Afip específica, además, que su personal "debe evitar situaciones que desencadenen un conflicto de interés real potencial".
En 2015, la Afip inició un proceso de determinación en el cual le reclamó a la empresa el pago de Ganancias por 220,9 millones de pesos por el ejercicio 2006 y de $ 919 millones por el de 2007.
El reclamo por la deuda coincide con el período en el que Abad fue el administrador federal ya que dejó su cargo en 2008.
De avanzar el proceso -más allá de las apelaciones planteadas por la empresa- se podría dar la paradójica situación en la que Abad debiera cobrarle a la firma en la que posee sus inversiones personales.
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El jefe de la Afip, Alberto Abad, quedó involucrado en una polémica al conocerse que declaró poseer títulos públicos emitidos por la alimenticia Molinos Río de la Plata, acusada de haber evadido 1.100 millones de pesos por el Impuesto a las Ganancias.
Esa tenencia colocaría al funcionario en una situación de incompatibilidad prevista en el Código de Ética que rige para el personal del organismo recaudador.
La propiedad de esos títulos podría generar una situación de conflicto de intereses, porque Abad es quien debe aplicar el poder de policía sobre una firma de la que su resultado financiero influye en su propio patrimonio.
La deuda reclamada por el organismo remite a dos períodos en los que Abad era el titular de la Afip.
La declaración jurada del funcionario reconoce también deudas contraídas, con distintas sociedades financieras sometidas también al control de la Afip.
Según su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción por el período 2015, Abad reconoce poseer acciones y Obligaciones Negociables de las empresas Pan American Energy, Irsa y Arcor, entre otros.
La inconsistencia surge porque entre los títulos públicos declarados figura que al inicio del año poseía un monto equivalente a 85.525 pesos invertidos en Molinos Río de la Plata. Al cierre de ese período, el valor de esos títulos trepó, según lo declarado, a 121.540 pesos.
En el Código de Ética que lo alcanzaría está descripta esa controversia cuando "se contrapongan en una misma situación los intereses de este Organismo con los intereses personales de los funcionarios".
El código de la Afip específica, además, que su personal "debe evitar situaciones que desencadenen un conflicto de interés real potencial".
En 2015, la Afip inició un proceso de determinación en el cual le reclamó a la empresa el pago de Ganancias por 220,9 millones de pesos por el ejercicio 2006 y de $ 919 millones por el de 2007.
El reclamo por la deuda coincide con el período en el que Abad fue el administrador federal ya que dejó su cargo en 2008.
De avanzar el proceso -más allá de las apelaciones planteadas por la empresa- se podría dar la paradójica situación en la que Abad debiera cobrarle a la firma en la que posee sus inversiones personales.
Esa tenencia colocaría al funcionario en una situación de incompatibilidad prevista en el Código de Ética que rige para el personal del organismo recaudador.
La propiedad de esos títulos podría generar una situación de conflicto de intereses, porque Abad es quien debe aplicar el poder de policía sobre una firma de la que su resultado financiero influye en su propio patrimonio.
La deuda reclamada por el organismo remite a dos períodos en los que Abad era el titular de la Afip.
La declaración jurada del funcionario reconoce también deudas contraídas, con distintas sociedades financieras sometidas también al control de la Afip.
Según su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción por el período 2015, Abad reconoce poseer acciones y Obligaciones Negociables de las empresas Pan American Energy, Irsa y Arcor, entre otros.
La inconsistencia surge porque entre los títulos públicos declarados figura que al inicio del año poseía un monto equivalente a 85.525 pesos invertidos en Molinos Río de la Plata. Al cierre de ese período, el valor de esos títulos trepó, según lo declarado, a 121.540 pesos.
En el Código de Ética que lo alcanzaría está descripta esa controversia cuando "se contrapongan en una misma situación los intereses de este Organismo con los intereses personales de los funcionarios".
El código de la Afip específica, además, que su personal "debe evitar situaciones que desencadenen un conflicto de interés real potencial".
En 2015, la Afip inició un proceso de determinación en el cual le reclamó a la empresa el pago de Ganancias por 220,9 millones de pesos por el ejercicio 2006 y de $ 919 millones por el de 2007.
El reclamo por la deuda coincide con el período en el que Abad fue el administrador federal ya que dejó su cargo en 2008.
De avanzar el proceso -más allá de las apelaciones planteadas por la empresa- se podría dar la paradójica situación en la que Abad debiera cobrarle a la firma en la que posee sus inversiones personales.