LA QUIACA (Corresponsal). En la séptima sesión del Concejo Deliberante, un hecho sin precedentes en la historia institucional de esta ciudad ocurrió: por mayoría, el cuerpo de ediles aprobó que continúe por otros seis meses la emergencia económica, financiera y administrativa en el municipio de La Quiaca.
La iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo tuvo el amplio respaldo del Partido Municipal Quiaqueño, mayoría parlamentaría, además el radicalismo brindó su respaldo. Entonces los ediles José Vazquez, presidente del cuerpo, Silvia Villatarco y Raquel Gregrorio con la anuencia de Alejandra Elías (UCR), fueron quienes dieron el visto bueno para que efectivamente el Decreto siga vigente. Horacio Cabrera del PJ fue el único que no acompañó, pero además propuso que el tiempo sea menor. El Tribuno de Jujuy pudo saber que el principal argumento del oficialismo gobernante fue que "todavía las cosas no están en orden dentro del municipio".
En el pasado mes de diciembre una medida similar había sido adoptada mediante Ordenanza 07/2015, el Deliberante dispuso la emergencia económica, financiera y administrativa de la Municipalidad Andina por 180 días. El objetivo principal era la contención del gasto público, mejorar el flujo de aportes al Municipio por parte de los contribuyentes y otros estamentos comunales. También disponer la renegociación o rescisión de contratos y convenios de locación de obras o servicios, realizar convenios de recaudación con instituciones y otros.
Repercusiones
Desde amplios sectores de la comunidad quiaqueña hubo rechazos, debido a que en los seis meses anteriores hubo un incremento en los impuestos, despidos de empleados y una fuerte presión impositiva a pequeños comerciantes. El concejal Horacio Cabrera (PJ) señaló que "es una medida arbitraria que va en contra de los vecinos; hasta ahora no se rindió nada de los recaudado en los últimos meses".
"Los trabajadores municipales no pueden gozar de sus licencias que les corresponden por derecho, otros fueron bajados a una revista laboral inferior y sus ingresos son magros", enfatizó el edil opositor.
También el secretario general de la seccional Puna de ATE, Carlos Martínez, dijo: "es una vergenza que sigan tocando el bolsillo de los que menos tienen, acá la gente paga sus impuestos mientras el jefe comunal no tiene nada registrado en la ciudad. Hemos elevado una nota al Concejo Deliberante para saber dónde van a parar los fondos de todo lo recaudado, cuánto de dinero recibe porque nunca se cumplió la rendición de cuentas trimestral".
En tanto, dirigentes políticos coincidieron en que "esto demuestra la incapacidad de Gobierno Andino para solucionar la problemática poblacional. Aún no se ve todo lo prometido en la campaña proselitista. La emergencia permite al Ejecutivo comunal tener una injerencia más fuerte en cuestiones que deberían ser debatidas por el Concejo Deliberante", destacaron.
"Y contribuye a la centralización en la toma de decisiones, que a veces es muy eficaz pero que debilita la democracia y la práctica institucional en la ciudad", afirmaron.
La iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo tuvo el amplio respaldo del Partido Municipal Quiaqueño, mayoría parlamentaría, además el radicalismo brindó su respaldo. Entonces los ediles José Vazquez, presidente del cuerpo, Silvia Villatarco y Raquel Gregrorio con la anuencia de Alejandra Elías (UCR), fueron quienes dieron el visto bueno para que efectivamente el Decreto siga vigente. Horacio Cabrera del PJ fue el único que no acompañó, pero además propuso que el tiempo sea menor. El Tribuno de Jujuy pudo saber que el principal argumento del oficialismo gobernante fue que "todavía las cosas no están en orden dentro del municipio".
En el pasado mes de diciembre una medida similar había sido adoptada mediante Ordenanza 07/2015, el Deliberante dispuso la emergencia económica, financiera y administrativa de la Municipalidad Andina por 180 días. El objetivo principal era la contención del gasto público, mejorar el flujo de aportes al Municipio por parte de los contribuyentes y otros estamentos comunales. También disponer la renegociación o rescisión de contratos y convenios de locación de obras o servicios, realizar convenios de recaudación con instituciones y otros.
Repercusiones
Desde amplios sectores de la comunidad quiaqueña hubo rechazos, debido a que en los seis meses anteriores hubo un incremento en los impuestos, despidos de empleados y una fuerte presión impositiva a pequeños comerciantes. El concejal Horacio Cabrera (PJ) señaló que "es una medida arbitraria que va en contra de los vecinos; hasta ahora no se rindió nada de los recaudado en los últimos meses".
"Los trabajadores municipales no pueden gozar de sus licencias que les corresponden por derecho, otros fueron bajados a una revista laboral inferior y sus ingresos son magros", enfatizó el edil opositor.
También el secretario general de la seccional Puna de ATE, Carlos Martínez, dijo: "es una vergenza que sigan tocando el bolsillo de los que menos tienen, acá la gente paga sus impuestos mientras el jefe comunal no tiene nada registrado en la ciudad. Hemos elevado una nota al Concejo Deliberante para saber dónde van a parar los fondos de todo lo recaudado, cuánto de dinero recibe porque nunca se cumplió la rendición de cuentas trimestral".
En tanto, dirigentes políticos coincidieron en que "esto demuestra la incapacidad de Gobierno Andino para solucionar la problemática poblacional. Aún no se ve todo lo prometido en la campaña proselitista. La emergencia permite al Ejecutivo comunal tener una injerencia más fuerte en cuestiones que deberían ser debatidas por el Concejo Deliberante", destacaron.
"Y contribuye a la centralización en la toma de decisiones, que a veces es muy eficaz pero que debilita la democracia y la práctica institucional en la ciudad", afirmaron.
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LA QUIACA (Corresponsal). En la séptima sesión del Concejo Deliberante, un hecho sin precedentes en la historia institucional de esta ciudad ocurrió: por mayoría, el cuerpo de ediles aprobó que continúe por otros seis meses la emergencia económica, financiera y administrativa en el municipio de La Quiaca.
La iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo tuvo el amplio respaldo del Partido Municipal Quiaqueño, mayoría parlamentaría, además el radicalismo brindó su respaldo. Entonces los ediles José Vazquez, presidente del cuerpo, Silvia Villatarco y Raquel Gregrorio con la anuencia de Alejandra Elías (UCR), fueron quienes dieron el visto bueno para que efectivamente el Decreto siga vigente. Horacio Cabrera del PJ fue el único que no acompañó, pero además propuso que el tiempo sea menor. El Tribuno de Jujuy pudo saber que el principal argumento del oficialismo gobernante fue que "todavía las cosas no están en orden dentro del municipio".
En el pasado mes de diciembre una medida similar había sido adoptada mediante Ordenanza 07/2015, el Deliberante dispuso la emergencia económica, financiera y administrativa de la Municipalidad Andina por 180 días. El objetivo principal era la contención del gasto público, mejorar el flujo de aportes al Municipio por parte de los contribuyentes y otros estamentos comunales. También disponer la renegociación o rescisión de contratos y convenios de locación de obras o servicios, realizar convenios de recaudación con instituciones y otros.
Repercusiones
Desde amplios sectores de la comunidad quiaqueña hubo rechazos, debido a que en los seis meses anteriores hubo un incremento en los impuestos, despidos de empleados y una fuerte presión impositiva a pequeños comerciantes. El concejal Horacio Cabrera (PJ) señaló que "es una medida arbitraria que va en contra de los vecinos; hasta ahora no se rindió nada de los recaudado en los últimos meses".
"Los trabajadores municipales no pueden gozar de sus licencias que les corresponden por derecho, otros fueron bajados a una revista laboral inferior y sus ingresos son magros", enfatizó el edil opositor.
También el secretario general de la seccional Puna de ATE, Carlos Martínez, dijo: "es una vergenza que sigan tocando el bolsillo de los que menos tienen, acá la gente paga sus impuestos mientras el jefe comunal no tiene nada registrado en la ciudad. Hemos elevado una nota al Concejo Deliberante para saber dónde van a parar los fondos de todo lo recaudado, cuánto de dinero recibe porque nunca se cumplió la rendición de cuentas trimestral".
En tanto, dirigentes políticos coincidieron en que "esto demuestra la incapacidad de Gobierno Andino para solucionar la problemática poblacional. Aún no se ve todo lo prometido en la campaña proselitista. La emergencia permite al Ejecutivo comunal tener una injerencia más fuerte en cuestiones que deberían ser debatidas por el Concejo Deliberante", destacaron.
"Y contribuye a la centralización en la toma de decisiones, que a veces es muy eficaz pero que debilita la democracia y la práctica institucional en la ciudad", afirmaron.
La iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo tuvo el amplio respaldo del Partido Municipal Quiaqueño, mayoría parlamentaría, además el radicalismo brindó su respaldo. Entonces los ediles José Vazquez, presidente del cuerpo, Silvia Villatarco y Raquel Gregrorio con la anuencia de Alejandra Elías (UCR), fueron quienes dieron el visto bueno para que efectivamente el Decreto siga vigente. Horacio Cabrera del PJ fue el único que no acompañó, pero además propuso que el tiempo sea menor. El Tribuno de Jujuy pudo saber que el principal argumento del oficialismo gobernante fue que "todavía las cosas no están en orden dentro del municipio".
En el pasado mes de diciembre una medida similar había sido adoptada mediante Ordenanza 07/2015, el Deliberante dispuso la emergencia económica, financiera y administrativa de la Municipalidad Andina por 180 días. El objetivo principal era la contención del gasto público, mejorar el flujo de aportes al Municipio por parte de los contribuyentes y otros estamentos comunales. También disponer la renegociación o rescisión de contratos y convenios de locación de obras o servicios, realizar convenios de recaudación con instituciones y otros.
Repercusiones
Desde amplios sectores de la comunidad quiaqueña hubo rechazos, debido a que en los seis meses anteriores hubo un incremento en los impuestos, despidos de empleados y una fuerte presión impositiva a pequeños comerciantes. El concejal Horacio Cabrera (PJ) señaló que "es una medida arbitraria que va en contra de los vecinos; hasta ahora no se rindió nada de los recaudado en los últimos meses".
"Los trabajadores municipales no pueden gozar de sus licencias que les corresponden por derecho, otros fueron bajados a una revista laboral inferior y sus ingresos son magros", enfatizó el edil opositor.
También el secretario general de la seccional Puna de ATE, Carlos Martínez, dijo: "es una vergenza que sigan tocando el bolsillo de los que menos tienen, acá la gente paga sus impuestos mientras el jefe comunal no tiene nada registrado en la ciudad. Hemos elevado una nota al Concejo Deliberante para saber dónde van a parar los fondos de todo lo recaudado, cuánto de dinero recibe porque nunca se cumplió la rendición de cuentas trimestral".
En tanto, dirigentes políticos coincidieron en que "esto demuestra la incapacidad de Gobierno Andino para solucionar la problemática poblacional. Aún no se ve todo lo prometido en la campaña proselitista. La emergencia permite al Ejecutivo comunal tener una injerencia más fuerte en cuestiones que deberían ser debatidas por el Concejo Deliberante", destacaron.
"Y contribuye a la centralización en la toma de decisiones, que a veces es muy eficaz pero que debilita la democracia y la práctica institucional en la ciudad", afirmaron.