El cúmulo de expedientes unificados que hace a la investigación por supuesta malversación de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales, conocido comúnmente como "Megacausa" y que tiene involucrados a exfuncionarios nacionales y provinciales, intendentes y exintendentes, además de dirigentes sociales, se reactivó y sería inminente la citación de las personas imputadas para conocer causa de imputación y designar abogado defensor.
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El cúmulo de expedientes unificados que hace a la investigación por supuesta malversación de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales, conocido comúnmente como "Megacausa" y que tiene involucrados a exfuncionarios nacionales y provinciales, intendentes y exintendentes, además de dirigentes sociales, se reactivó y sería inminente la citación de las personas imputadas para conocer causa de imputación y designar abogado defensor.
Tal como lo había adelantado El Tribuno de Jujuy en la publicación de ayer, sobre la intimación del Juzgado de Control N§ 4 a cargo de Isidoro Arzud Cruz a la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N§ 2 a cargo de Diego Cussel (habilitado), para que en el plazo de 24 horas complete "la indicación de diligencias útiles", así como lo dispone el artículo 371, inciso 3§ del Código Procesal Penal de la provincia, en la jornada de ayer se cumplió con este trámite y la "Megacausa" se reactivó.
Cabe recordar que desde el Ministerio Público de la Acusación, desde un primer momento, se solicitaba al juez de Control Cruz que dé lugar a las imputaciones y órdenes de detención propuestas por la misma Fiscalía, pero desde este organismo los trámites no estaban cumplimentados en su totalidad para que el Juzgado de Control inicie estos pedidos.
Por otra parte, este trámite tampoco se podía dar a cumplimiento, justamente por un planteo del abogado Luis Canedi en representación del exministro de Tierra y Vivienda Luis Cosentini por su competencia en la causa. Competencia que si bien para la Justicia Federal fue consentida, pero la Justicia Ordinaria todavía no está firme, es decir que el juez de Control aún no está facultado para ordenar detenciones, pero sí para avanzar en los procesos judiciales que hacen a la megacausa.
Con esta "reactivación" de las causas unificadas por supuesta malversación de fondos y fraude a la administración pública, sería inminente la citación a prestar declaración indagatoria, conocer causa de imputación y designar abogado defensor para los exfuncionarios nacionales José López y Germán Nivello, los exfuncionarios provinciales Eduardo Fellner (exgobernador), Luis Cosentini (exministro de Tierra y Vivienda), Lucio Abregú (extitular del Instituto de Vivienda y Urbanismo), Héctor Carrizo y José Mercado (exfuncionarios de Unidad Ejecutora Provincial), los dirigentes sociales Milagro Sala, Gladys Díaz y Mirta Aizama, los exintendentes Julio Moisés (San Pedro), Jorge Ale (Libertador) y los intentedentes Elsa Flores (Calilegua) y Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy) y la entonces escribana de la organziación "Tupac Amaru" Claudia Trenque.
Una intimación que podría haberse resuelto mucho antes
La defensa de uno de los imputados planteó la nulidad de la intervención del juez de Control por la competencia en la causa.
Este planteo de competencia si bien fue desestimado por la Justicia Federal, en la Justicia Ordinaria todavía no está firme.
El viernes pasado a última hora el fiscal de Investigación Penal Nº 2 Diego Cussel notificó al juez de Control Isidoro Cruz que “se había concluido el proceso de entrega de documentación al Juzgado, correspondiente a las etapas de los municipios involucrados (San Salvador de Jujuy, San Pedro, Libertador General San Martín y Calilegüa), y por los que se solicitó se ampliara promoción de acción penal.
Cussel pidió que se practiquen a la brevedad los actos procesales ineludibles que exige el Código de Rito, respecto de los imputados en la causa, como así también se resuelvan las solicitudes o pedidos de detención oportunamente requeridos.
Sobre este último punto, adjuntó copia certificada de la resolución del Juzgado Federal Nº 2 respecto de la competencia provincial para entender en la causa.
Sobre esto, el juez indicó que ante el pedido del Ministerio Público de la Acusación, respecto a dar continuidad con la investigación de la megacausa, el organismo debe estar sujeto a las reglas del debido proceso legal que rige todo procedimiento.
Con esta intimación, si el Ministerio Público de la Acusación no daba curso a las diligencias en el plazo estimado por el Juzgado de Control, “el requerimiento de investigación jurisdiccional que se requiere podría haber quedado nulo”.
En la jornada de ayer, alrededor del mediodía, el Ministerio Público de la Acusación, a través del fiscal de Investigación Nº 2 Diego Cussel dio cumplimiento a la intimación del Juzgado de Control, con lo que estaría la causa en condiciones de continuar su sustanciación.
De acuerdo a la auditoría realizada en su momento por la Oficina Anticorrupción de las 8.532 viviendas que se debían construir en Jujuy, se detectaron que 1.836 viviendas no fueron construidas y son 524 unidades las que no se terminaron.
Esto implica un fraude a la Administración Pública de casi 723 millones de pesos a valores históricos.
La auditoría contó con la participación de arquitectos, ingenieros y escribanos públicos que certificaron este trabajo. En base a los informes presentados por la Oficina Anticorrupción es que el Juzgado de Control la aceptó como querellante.