El fiscal a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, presentó ayer una denuncia penal "por posible tráfico de influencias" a raíz del acuerdo entre el Gobierno y la empresa Correo Argentino S.A, que pertenecía a la familia Macri.
"Decidimos formular una denuncia penal por un posible tráfico de influencias. Pedimos que se inicie un sumario administrativo sobre los funcionarios que intervinieron", señaló el fiscal.
En declaraciones a un medio radial, explicó que ahora "correspondería que se unifiquen las causas en un solo juzgado con un solo fiscal".
Rodríguez se refirió así al dictamen de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, quien pidió rechazar el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la empresa que era propiedad de Franco Macri, por considerarlo "abusivo".
"Queremos ver qué es lo que pasó en estos 16 años y por qué en esta oportunidad la propuesta sí fue aceptada. Obviamente, llama la atención aceptar una deuda a valor nominal y con una tasa que parece baja. Hay jurisprudencia que permite incluir un interés en la deuda", subrayó.
El fiscal había empezado la semana pasada una investigación preliminar sobre el acuerdo entre el Gobierno nacional y la empresa Correo Argentino S.A, a fin de determinar si existía delito y si correspondía presentar una denuncia, algo que se materializó en la jornada de ayer con la presentación formal.
El acuerdo entre el Gobierno nacional y el Correo despertó fuertes críticas de todos los sectores de la oposición y de sectores del propio oficialismo, luego de que se conociera el convenio por la deuda a partir del dictamen contrario de la fiscal Boquín.
Luego de que la causa estuviera más de 15 años empantanada en los tribunales y de los numerosos rechazos de acuerdo por parte del Estado, la gestión de Mauricio Macri aceptó una quita del 98,82 por ciento del total de la deuda y su cancelación podrá efectuarse hasta 2033.
Según Boquín, el ofrecimiento realizado en junio debe considerarse "abusivo", ya que implica una quita de más de $ 4.000 millones en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos.
"Decidimos formular una denuncia penal por un posible tráfico de influencias. Pedimos que se inicie un sumario administrativo sobre los funcionarios que intervinieron", señaló el fiscal.
En declaraciones a un medio radial, explicó que ahora "correspondería que se unifiquen las causas en un solo juzgado con un solo fiscal".
Rodríguez se refirió así al dictamen de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, quien pidió rechazar el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la empresa que era propiedad de Franco Macri, por considerarlo "abusivo".
"Queremos ver qué es lo que pasó en estos 16 años y por qué en esta oportunidad la propuesta sí fue aceptada. Obviamente, llama la atención aceptar una deuda a valor nominal y con una tasa que parece baja. Hay jurisprudencia que permite incluir un interés en la deuda", subrayó.
El fiscal había empezado la semana pasada una investigación preliminar sobre el acuerdo entre el Gobierno nacional y la empresa Correo Argentino S.A, a fin de determinar si existía delito y si correspondía presentar una denuncia, algo que se materializó en la jornada de ayer con la presentación formal.
El acuerdo entre el Gobierno nacional y el Correo despertó fuertes críticas de todos los sectores de la oposición y de sectores del propio oficialismo, luego de que se conociera el convenio por la deuda a partir del dictamen contrario de la fiscal Boquín.
Luego de que la causa estuviera más de 15 años empantanada en los tribunales y de los numerosos rechazos de acuerdo por parte del Estado, la gestión de Mauricio Macri aceptó una quita del 98,82 por ciento del total de la deuda y su cancelación podrá efectuarse hasta 2033.
Según Boquín, el ofrecimiento realizado en junio debe considerarse "abusivo", ya que implica una quita de más de $ 4.000 millones en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos.
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El fiscal a cargo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, presentó ayer una denuncia penal "por posible tráfico de influencias" a raíz del acuerdo entre el Gobierno y la empresa Correo Argentino S.A, que pertenecía a la familia Macri.
"Decidimos formular una denuncia penal por un posible tráfico de influencias. Pedimos que se inicie un sumario administrativo sobre los funcionarios que intervinieron", señaló el fiscal.
En declaraciones a un medio radial, explicó que ahora "correspondería que se unifiquen las causas en un solo juzgado con un solo fiscal".
Rodríguez se refirió así al dictamen de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, quien pidió rechazar el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la empresa que era propiedad de Franco Macri, por considerarlo "abusivo".
"Queremos ver qué es lo que pasó en estos 16 años y por qué en esta oportunidad la propuesta sí fue aceptada. Obviamente, llama la atención aceptar una deuda a valor nominal y con una tasa que parece baja. Hay jurisprudencia que permite incluir un interés en la deuda", subrayó.
El fiscal había empezado la semana pasada una investigación preliminar sobre el acuerdo entre el Gobierno nacional y la empresa Correo Argentino S.A, a fin de determinar si existía delito y si correspondía presentar una denuncia, algo que se materializó en la jornada de ayer con la presentación formal.
El acuerdo entre el Gobierno nacional y el Correo despertó fuertes críticas de todos los sectores de la oposición y de sectores del propio oficialismo, luego de que se conociera el convenio por la deuda a partir del dictamen contrario de la fiscal Boquín.
Luego de que la causa estuviera más de 15 años empantanada en los tribunales y de los numerosos rechazos de acuerdo por parte del Estado, la gestión de Mauricio Macri aceptó una quita del 98,82 por ciento del total de la deuda y su cancelación podrá efectuarse hasta 2033.
Según Boquín, el ofrecimiento realizado en junio debe considerarse "abusivo", ya que implica una quita de más de $ 4.000 millones en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos.
"Decidimos formular una denuncia penal por un posible tráfico de influencias. Pedimos que se inicie un sumario administrativo sobre los funcionarios que intervinieron", señaló el fiscal.
En declaraciones a un medio radial, explicó que ahora "correspondería que se unifiquen las causas en un solo juzgado con un solo fiscal".
Rodríguez se refirió así al dictamen de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, quien pidió rechazar el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la empresa que era propiedad de Franco Macri, por considerarlo "abusivo".
"Queremos ver qué es lo que pasó en estos 16 años y por qué en esta oportunidad la propuesta sí fue aceptada. Obviamente, llama la atención aceptar una deuda a valor nominal y con una tasa que parece baja. Hay jurisprudencia que permite incluir un interés en la deuda", subrayó.
El fiscal había empezado la semana pasada una investigación preliminar sobre el acuerdo entre el Gobierno nacional y la empresa Correo Argentino S.A, a fin de determinar si existía delito y si correspondía presentar una denuncia, algo que se materializó en la jornada de ayer con la presentación formal.
El acuerdo entre el Gobierno nacional y el Correo despertó fuertes críticas de todos los sectores de la oposición y de sectores del propio oficialismo, luego de que se conociera el convenio por la deuda a partir del dictamen contrario de la fiscal Boquín.
Luego de que la causa estuviera más de 15 años empantanada en los tribunales y de los numerosos rechazos de acuerdo por parte del Estado, la gestión de Mauricio Macri aceptó una quita del 98,82 por ciento del total de la deuda y su cancelación podrá efectuarse hasta 2033.
Según Boquín, el ofrecimiento realizado en junio debe considerarse "abusivo", ya que implica una quita de más de $ 4.000 millones en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos.