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El fiscal Zoni imputó a Mauricio Macri y Aguad | condonación de deudas, Correo Argentino, Oscar Aguad, Mauricio Macri

Miércoles, 15 de febrero de 2017 01:30
IMPUTACIÓN / EL PRESIDENTE MAURICIO MACRI Y EL MINISTRO DE COMUNICACIONES DE LA NACIÓN, OSCAR AGUAD. <br>
El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó ayer al presidente Mauricio Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por presuntas irregularidades en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Correo Argentino S.A., informaron fuentes judiciales.
El representante del Ministerio Público también pidió que sea investigado el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, quien intervino en la firma del acuerdo.
El fiscal consideró que el acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional y el Correo Argentino S.A. generó un "perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado".
Zoni le solicitó al juez federal Ariel Lijo la realización de una serie de medidas de prueba como parte de la causa abierta por una denuncia presentada por el abogado Daniel Igolnikov, a la que anexó otra de los dirigentes del espacio kirchnerista Nuevo Encuentro.
La denuncia había sido presentada el jueves, luego de que se conociera el dictamen de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien recomendó rechazar el acuerdo por "abusivo" y perjudicial para el Estado.
El fiscal hizo referencia a dictámenes anteriores emitidos en los que sostuvo que con el acuerdo la firma ligada al Grupo Socma, de la familia del jefe del Poder Ejecutivo, estaría obteniendo "una condonación de la deuda" por más de 4.000 millones de pesos, en valores actuales.
En su dictamen, Zoni destacó tres hechos: la propuesta no sería sustancialmente mejor a otras rechazadas por el Estado, la familia Macri controlaría Correo Argentino S.A y el funcionario que firmó el acuerdo lo habría hecho sin tener competencia.
"Corresponde investigar el cambio de estrategia de defensa del Estado Nacional en el marco del trámite del Concurso Preventivo, mediante el cual se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal", sostuvo el fiscal.
En el dictamen de once páginas al que accedió la agencia Noticias Argentinas, el representante del Ministerio Público también señaló que el acuerdo se materializó "a través de la intervención de un funcionario que carecería de competencia para ello y designado con carácter transitorio".
Además, consideró que Mocoroa "desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario -de forma directa o indirecta- de la sociedad concursada por ende del acuerdo suscrito por aquel".
Por su parte. la jefa de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, pidió ayer a la sociedad una "paciencia razonable" para que su organismo analice el acuerdo entre el Gobierno y la empresa Correo Argentino S.A.
En medio de la polémica que generó ese convenio, la exdiputada nacional señaló que se debe determinar si hubo alguna irregularidad, al tiempo que aseguró que "no pone las manos en el fuego por nadie".
"Hasta tanto no veamos los papeles me parece irresponsable tener una opinión prima facie, porque no es nuestra tarea. Como órgano de control, a la Oficina lo que le corresponde es estudiar el caso, analizarlo en profundidad, de acuerdo a los estándares de la Ley de Ética Pública", explicó Alonso.
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El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó ayer al presidente Mauricio Macri y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por presuntas irregularidades en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Correo Argentino S.A., informaron fuentes judiciales.
El representante del Ministerio Público también pidió que sea investigado el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, quien intervino en la firma del acuerdo.
El fiscal consideró que el acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional y el Correo Argentino S.A. generó un "perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado".
Zoni le solicitó al juez federal Ariel Lijo la realización de una serie de medidas de prueba como parte de la causa abierta por una denuncia presentada por el abogado Daniel Igolnikov, a la que anexó otra de los dirigentes del espacio kirchnerista Nuevo Encuentro.
La denuncia había sido presentada el jueves, luego de que se conociera el dictamen de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien recomendó rechazar el acuerdo por "abusivo" y perjudicial para el Estado.
El fiscal hizo referencia a dictámenes anteriores emitidos en los que sostuvo que con el acuerdo la firma ligada al Grupo Socma, de la familia del jefe del Poder Ejecutivo, estaría obteniendo "una condonación de la deuda" por más de 4.000 millones de pesos, en valores actuales.
En su dictamen, Zoni destacó tres hechos: la propuesta no sería sustancialmente mejor a otras rechazadas por el Estado, la familia Macri controlaría Correo Argentino S.A y el funcionario que firmó el acuerdo lo habría hecho sin tener competencia.
"Corresponde investigar el cambio de estrategia de defensa del Estado Nacional en el marco del trámite del Concurso Preventivo, mediante el cual se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal", sostuvo el fiscal.
En el dictamen de once páginas al que accedió la agencia Noticias Argentinas, el representante del Ministerio Público también señaló que el acuerdo se materializó "a través de la intervención de un funcionario que carecería de competencia para ello y designado con carácter transitorio".
Además, consideró que Mocoroa "desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario -de forma directa o indirecta- de la sociedad concursada por ende del acuerdo suscrito por aquel".
Por su parte. la jefa de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, pidió ayer a la sociedad una "paciencia razonable" para que su organismo analice el acuerdo entre el Gobierno y la empresa Correo Argentino S.A.
En medio de la polémica que generó ese convenio, la exdiputada nacional señaló que se debe determinar si hubo alguna irregularidad, al tiempo que aseguró que "no pone las manos en el fuego por nadie".
"Hasta tanto no veamos los papeles me parece irresponsable tener una opinión prima facie, porque no es nuestra tarea. Como órgano de control, a la Oficina lo que le corresponde es estudiar el caso, analizarlo en profundidad, de acuerdo a los estándares de la Ley de Ética Pública", explicó Alonso.

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