Estados Unidos estableció en la jornada de ayer nuevas directrices para acelerar, potenciar y ampliar las causales de deportación de inmigrantes indocumentados, y decidió aumentar en 15.000 agentes la dotación de personal de los organismos de control aduanero y de fronteras.
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Estados Unidos estableció en la jornada de ayer nuevas directrices para acelerar, potenciar y ampliar las causales de deportación de inmigrantes indocumentados, y decidió aumentar en 15.000 agentes la dotación de personal de los organismos de control aduanero y de fronteras.
Entre las directrices aprobadas ayer, firmadas por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, figuran las de acelerar el proceso legal, dar más capacidad a los agentes y eliminar las exenciones aplicadas por la administración del anterior presidente, Barack Obama.
“El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de Estados Unidos”, subrayan las directrices del Gobierno de Donald Trump.
Según las nuevas instrucciones, no solo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino que también serán objeto del accionar represivo aquellos que hayan “abusado” de los beneficios públicos o que, “a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y para la seguridad nacional”.
Esto supone un notable cambio respecto a las directrices marcadas durante el anterior Gobierno de Barack Obama, que ordenaba no llevar a cabo estas deportaciones en base a violaciones menores de la ley como conducir sin licencia o tener una luz rota del vehículo.
El Departamento de Seguridad Nacional, agrega, “ya no eximirá a clases o categorías” de extranjeros indocumentados de “una potencial aplicación de la ley”, es decir, de una deportación.
Los nuevos agentes se repartirán entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que recibirá 10 mil empleados, y la Oficina de Aduanas y Fronteras (CBP), a la que se le asignan 5.000.
Por otro lado, el Ejecutivo de Trump otorga mayor capacidad legal a los agentes migratorios federales, así como permitirá que agentes estatales o locales puedan sumarse a estas labores de control migratorio.
Estas medidas se tomaron en el marco de sus polémicas propuestas en la campaña presidencial en la que puso en el centro de la cuestión a los migrantes ilegales considerándolos como una amenaza contra la seguridad nacional.