“En Jujuy se respetan  los derechos humanos”

En la ciudad estadounidense de Washington se realizó en la jornada de ayer una audiencia sobre la supuesta "criminalización de la protesta social" en nuestra provincia, en donde el fiscal de Estado provincial Mariano Miranda aseguró que en Jujuy "está plenamente garantizado el derecho de peticionar a las autoridades, de libertad de expresión y a manifestarse".

Cabe recordar que organizaciones sociales y de derechos humanos habían denunciado ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) una "criminalización de la protesta", a lo que le gobierno de Jujuy rechazó las acusaciones y el Estado nacional ratificó su "compromiso" con los derechos humanos.

En otro tramo de su exposición, el fiscal de Estado Mariano Miranda, quien fue acompañado por el diputado provincial Ramiro Tizón, presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura, dijo que "en Jujuy no existe ningún mecanismo legal ni de facto que criminalice la protesta social", quien además dejó en claro que durante el 2016 hubo "1.191 manifestaciones de protesta social en diversos puntos de la provincia. Y en los sólo se labraron actuaciones judiciales y contravencionales en el 0,75 por ciento de los casos. No hay una aplicación abusiva de la norma en Jujuy, subrayó Miranda.

Por otra parte el funcionario provincial justificó el inicio de causas en el caso de "el sitio de la plaza" principal de nuestra ciudad, por el que se inició una causa contra la dirigente social Milagro Sala.

También justificó el inicio de causas judiciales por un corte de tránsito sobre la ruta nacional N§ 34, al indicar que en ese caso "no existen vías alternativas".

Miranda además dijo que la quita de la personería jurídica para la organización Tupac Amaru "se está tramitando en sede judicial", en la máxima instancia provincial.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos a nivel nacional, Claudio Avruj, se refirió a "la vocación del gobierno y del estado argentino de colaborar con la Comisión Interamericana".

"El gobierno nacional trabaja permanentemente en relación con las provincias, en este caso con la de Jujuy, analizando todos los temas. Nosotros creemos que estamos avanzando fuertemente en el cumplimiento de los derechos humanos para toda la sociedad argentina", señaló Avruj.

Resaltó que hay "un compromiso manifestado por el presidente de la Nación Mauricio Macri de avanzar en una sociedad que se base en el respeto. No hay disociación entre lo que planteamos y el objetivo que queremos lograr, de una sociedad respetuosa de los derechos en el más amplio sentido", remarcó.

“Hay visiones opuestas”
En tanto, el comisionado para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Paulo Vannuchi, resaltó que hay “visiones casi opuestas” entre las partes y agradeció “que el nombre de Milagro Sala no fuera mencionado acá porque hay una tensión y una cautelar que están tramitándose”.
Además, dijo que las denuncias por criminalización de la protesta social se concentran en Jujuy pero “no se habla en Córdoba, en la Patagonia, en Mendoza de los mismos temas”.
Vannuchi planteó “impulsar una búsqueda de algo que pueda manifestar también el apoyo del Estado en los temas de la llamada criminalización de protesta social”
Advirtió además que “muchas veces hay procedimientos judiciales fundamentados pero que también son utilizados con fines políticos”. 
De las denuncias
Las organizaciones peticionantes no mencionaron inicialmente el caso de Milagro Sala, pero denunciaron “violaciones a los derechos humanos” por la “criminalización” del “acampe” por el que, en diciembre pasado se acusó y detuvo a la líder de la agrupación Tupac Amaru.
Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), a través de su presidente, Horacio Verbitsky, denunció la “supresión de derechos políticos y sociales” a sectores que realizan protestas en Jujuy.
Respecto al corte de la ruta nacional Nº 34, el representante del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma de Jujuy (Soeail), Rafael Vargas advirtió que “nos denuncian y reprimen penalmente en las protestas”.
A su vez, Fernando Acosta, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aseguró que el gobierno de Jujuy “dictó un decreto por el que suspende la personería” de las organizaciones que realizaron un acampe en el centro jujeño.
 

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