La Ley Nacional del Teatro resultó de un movimiento coordinado de trabajadores que instaló la necesidad de marcos legislativos, para que el Estado consolidara lineamientos de política pública de promoción y apoyo a la actividad. La danza se encuentra hoy reclamando una ley propia, es decir, en la misma situación que el teatro 20 años atrás. De estas consideraciones se desprenden al menos dos conclusiones: (1) el empoderamiento de los artistas teatrales para hacer respetar la ley deviene de la matriz en la que se gestó, por eso, esta es nuestra ley; y (2) la ley instala lineamientos de políticas públicas para el teatro a largo plazo, más allá de los gobiernos de turno. En este sentido, el principal garante de la continuidad de condiciones que genera la ley es el Instituto Nacional del Teatro, órgano con autarquía administrativa, considerado rector y autoridad de la aplicación de la ley, e inscrito actualmente en el marco del actual Ministerio de Cultura de la Nación.
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La Ley Nacional del Teatro resultó de un movimiento coordinado de trabajadores que instaló la necesidad de marcos legislativos, para que el Estado consolidara lineamientos de política pública de promoción y apoyo a la actividad. La danza se encuentra hoy reclamando una ley propia, es decir, en la misma situación que el teatro 20 años atrás. De estas consideraciones se desprenden al menos dos conclusiones: (1) el empoderamiento de los artistas teatrales para hacer respetar la ley deviene de la matriz en la que se gestó, por eso, esta es nuestra ley; y (2) la ley instala lineamientos de políticas públicas para el teatro a largo plazo, más allá de los gobiernos de turno. En este sentido, el principal garante de la continuidad de condiciones que genera la ley es el Instituto Nacional del Teatro, órgano con autarquía administrativa, considerado rector y autoridad de la aplicación de la ley, e inscrito actualmente en el marco del actual Ministerio de Cultura de la Nación.
La cultura y todas sus expresiones son dinámicas, es decir, las condiciones de producción y recepción de los bienes/servicios culturales, así como la actualización del patrimonio no permanecen estancados y estáticos al paso del tiempo, al contrario, se modifican permanentemente. Entonces, pareciera una contradicción que la ley nacional del teatro imponga lineamientos a largo plazo a una actividad que está en permanente cambio. En rigor la continuidad de estas políticas han sido muy favorables para el desarrollo del teatro nacional, y seguro no estamos en el mejor momento para operar cambios en la ley. Pero a veinte años de su promulgación, nos debemos al menos espacios de discusión en los que abordar temas prioritarios, entre ellos, la inadecuación de lineamientos políticos respecto de las lógicas y practicas de producción y recepción teatral contemporáneas. Pero además, especialmente en Jujuy, plantear nuevos abordajes de dos cuestiones claves: la democratización del acceso al teatro y el fomento al consumo teatral. Debemos recuperar al público (consumo), porque de esta recuperación depende en gran medida la profesionalización de los trabajadores, pero también las garantías de pluralismo artístico que precisa cualquier actividad artística para fortalecer su desarrollo. En otro orden, las políticas de democratización deben seguir activas, especialmente en una provincia como la nuestra, donde la concentración de espacios teatrales y actividad en la capital, San Salvador, dificulta la llegada del teatro a zonas rurales y localidades del resto de la Provincia. Otro de los debates que nos debemos refiere a la puesta en valor y actualización de los criterios y categorías que rigen en ley referidos al régimen de concertación. Parece razonable discutir estas categorías y los criterios por las cuales se establecen, con una perspectiva de veinte años, y habida cuenta de los cambios generados en el desarrollo del teatro nacional.
Recuperando datos del Informe de Gestión del INT hacemos aquí un resumen que muestra cómo intervino el INT en el teatro jujeño durante el 2016. Es necesario aclarar que el INT cuenta con dos modos de articulación de políticas públicas: por un lado los subsidios a los que se accede por concurso, cuyos proyectos son evaluados por un Jurado Nacional antes de ser elevados al Consejo de Dirección del INT; y por otro lado, los representantes provinciales que tienen competencia para proponer planes de fomento y estímulo a la actividad teatral. En 2016 la suma de subsidios y planes destinados al teatro jujeño alcanzó los $ 8.657.990, de los cuales, el 63% se otorgó por la vía del subsidio, y el 37% por medio de los planes. Los artistas jujeños subsidiados recibieron: 1 asistencia técnica, 4 becas, 10 equipamiento de sala/grupo, 5 subsidios a festivales, 1 funcionamiento de sala, 1 espectáculo en gira, 1 publicación, 4 producciones de espectáculos, y la compra de una sala de teatro. Los planes desarrollados por la Representación Provincial obtuvieron un ingreso de $ 2.421.311, de los cuales el 76% se destinó al plan de acción de infraestructura de salas (el Pasillo, la Mar en Coche y Estación Perico), y el 24% restante con destino al Plan de Espectadores en Escena, Gira Provincial de la Noche del Apagón, y Plan Provincial de Formación en dramaturgia. Además, Jujuy celebró dos eventos institucionales, el Encuentro Regional de Teatro ($ 569.520) y la Fiesta Provincial del Teatro ($ 194.145).