A fin de garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de prensa y la integridad física de quienes desarrollan la labor periodística, la Provincia adhirió al Protocolo General de Actuación para la Protección de la Actividad establecido por la cartera de Seguridad de la Nación.
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A fin de garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de prensa y la integridad física de quienes desarrollan la labor periodística, la Provincia adhirió al Protocolo General de Actuación para la Protección de la Actividad establecido por la cartera de Seguridad de la Nación.
La presentación oficial de dicho protocolo se realizó ayer en un desayuno de trabajo entre el ministro de Seguridad, Ekel Meyer y periodistas del medio, quienes analizaron y debatieron acerca de los alcances e implicancias del novedoso instrumento federal.
"Nosotros hemos adherido mediante Resolución provincial 06-E/2017 a este protocolo nacional y queríamos que los periodistas sepan que está absolutamente vigente y cuando sea necesario la utilicen para desempeñar sus tareas", manifestó tras el encuentro el titular de la cartera de Seguridad de la Provincia.
Mencionó que la iniciativa busca salvaguardar la actividad periodística en el territorio federal, reglamentando el procedimiento a seguir por las fuerzas de seguridad y su aplicación e implementación cuando existan peligros para ese colectivo de profesionales por hechos que en forma directa o indirecta se relacionen con su actividad y atenten contra su vida, salud, integridad física o patrimonial, la de su familia o un tercero.
El ministro informó que el protocolo está destinado a los periodistas que estén investigando hechos criminales, "como el narcotráfico, la trata de personas e inclusive temas de corrupción, de abusos de funcionarios públicos, de abuso de los deberes, cualquier tarea que desempeñe este o cualquier otro gobierno".
"Cualquier trabajador de prensa que siente que ha sido amenazado o vulnerado en su derecho, puede hacer uso de esta herramienta", ponderó Meyer, quien precisó que se trabajará de manera conjunta con la Asociación de Entidades Periodísticas (Adepa) y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que tendrán como funciones evaluar el peligro de las misiones periodísticas y colaborar con la cartera de Seguridad en la determinación del tipo de medida preventiva que le corresponda a cada caso.
En esa línea, el funcionario remarcó que el protocolo ya se encuentra en vigencia, por lo que aquellos trabajadores que deseen hacer uso de este mecanismo de protección, deberán comunicar la existencia de la situación de peligro o amenaza al Ministerio de Seguridad de la Provincia, Adepa o Fopea, "que pondrán en conocimiento de lo acontecido e inmediatamente procederán a la implementación de las tareas de seguridad", expresó Meyer, al tiempo que subrayó que para acceder al beneficio no será necesario brindar detalles acerca de la labor que se encuentra llevando adelante el "periodista en peligro" como así tampoco su identidad, por lo que se garantiza la "absoluta confidencialidad" del trabajo periodístico.
Cabe mencionar que el Protocolo General de Actuación para la Protección de la Actividad Periodística es una herramienta inédita en la Argentina, para cuyo diseño se tomaron modelos de mecanismos de protección estatal de otros países de la región, como Colombia y México, así como los principios expuestos por las Naciones Unidas y Unesco en el marco del Plan de Acción de Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad y el documento de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA sobre estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia.
Según dispone la resolución nacional, una vez activado el protocolo, el Ministerio de Seguridad deberá tomar medidas de protección ordinarias: entrega de equipos de comunicación (telefonía celular o satelital, radios o similares); instalación de sistemas de seguridad o sistemas de alerta temprana en inmuebles y automotores; vigilancia o video-vigilancia por las fuerzas de seguridad; entrega de sistemas de alarma, botones de pánico, etcétera.
Además, se aplicarán medidas urgentes como la reubicación domiciliaria temporal de los periodistas y/o sus familias y el establecimiento de consignas y custodias por fuerzas de seguridad de personas o inmuebles.