La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela ratificó al presidente Nicolás Maduro en su cargo, después que éste declarara que el Ejecutivo está "subordinado" al órgano que asumió poderes plenipotenciarios, y el mandatario, a su vez, le propuso al cuerpo sancionar una ley para castigar a quien "salga a la calle a expresar intolerancia y odio" con hasta 25 años de cárcel, mientras la oposición hará hoy nuevas marchas para repudiar la detención de alcaldes.
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La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela ratificó al presidente Nicolás Maduro en su cargo, después que éste declarara que el Ejecutivo está "subordinado" al órgano que asumió poderes plenipotenciarios, y el mandatario, a su vez, le propuso al cuerpo sancionar una ley para castigar a quien "salga a la calle a expresar intolerancia y odio" con hasta 25 años de cárcel, mientras la oposición hará hoy nuevas marchas para repudiar la detención de alcaldes.
La permanencia de Maduro en el ejercicio como jefe de Estado constituye "un soporte fundamental para la implementación de las medidas que adopte la Constituyente y una garantía para que el actual proceso democrático de transformación prosiga con éxito", explicó el primer vice de la ANC, Aristóbulo Istúriz.
La declaración, aunque obvia y formal, echa luz sobre el rol de cada uno de los poderes oficialistas, y fue adoptada apenas un rato después de que el mismo Maduro expresara su "voluntad absoluta de acatar el carácter plenipotenciario" de la Asamblea.
Según la Constituyente, Maduro ha cumplido con "todos sus deberes constitucionales, atendiendo al mandato dado en elecciones libres, universales, directas y secretos, trabajando decididamente por las garantías y respeto de los derechos humanos, la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo, y la soberanía y autodeterminación de Venezuela".
El jueves, el mandatario se declaró un "subordinado" al órgano de 545 bancas, que presiden la excanciller Delcy Rodríguez.
Ante ese cuerpo, Maduro entregó un proyecto de ley que busca castigar a quien "salga a la calle a expresar intolerancia y odio" con hasta 25 años de cárcel.
"Aquel que salga a las calles a expresar intolerancia y odio será capturado y será juzgado y castigado con severas penas de 15, 20 y 25 años de cárcel. Así lo propongo aquí en esta ley", sentenció, y explicó que las penas serían para aquellos que "expresen odio, intolerancia y violencia por razones culturales, políticas e ideológicas".
La propuesta, según Maduro, es para el "reencuentro" y la "justicia" entre los venezolanos.
Más allá de la complejidad que puede implicar para la justicia probar la intención de expresar "intolerancia y odio" en quienes manifiesten en las calles, el anuncio de la iniciativa casi coincide con las nuevas protestas a las que llamó para mañana parte de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
La marcha -que unirá dos columnas que partirán de distintos puntos de Caracas- será para repudiar la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de remover de sus cargos y condenar a 12 alcaldes, todos opositores, por desacato.
"Venezuela, es hora de volver a ponernos de pie, sacudirnos el polvo y volver a la calle", expresó el opositor Freddy Guevara.
Comité de la ONU
Desde la ONU, en tanto, hubo dos pronunciamientos sobre Venezuela, uno del Comité contra la Tortura, que adelantó que pedirá al gobierno venezolano una reunión en Ginebra para abordar el “deterioro de la situación” en el país y un informe de seguimiento urgente después de las denuncias de malos tratos, uso excesivo de la fuerza y tortura formuladas por opositores.
“En esta sesión analizamos el deterioro de la situación en Venezuela y hemos decidido enviar un recordatorio al gobierno” donde “pedimos la entrega urgente de un informe de seguimiento”, indicó el presidente de la comisión, Jens Modvig.
Por otro lado, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y sanciones internacionales, Idriss Jazairy, instó a los países a no imponer medidas restrictivas a Venezuela, porque ello “empeoraría la situación de los venezolanos, que ya de por sí sufren una inflación devastadora y la falta de acceso a alimentos y medicinas adecuadas”.
Pedido de Amnistía
El jueves, el TSJ condenó a 15 meses de cárcel y declaró la inhabilitación política de David Smolansky, alcalde de El Hatillo de Caracas, por permitir el desarrollo de protestas.
Sobre la cuestión se pronunció también Amnistía Internacional (AI), que repudió el arresto de opositores al Gobierno y la destitución de alcaldes y alertó sobre “un nuevo y atemorizante nivel” de represión en el país.
“Al quitar a funcionarios de sus puestos sin ningún motivo legítimo, la administración de Maduro está cruzando una línea muy delicada”, señaló la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, para quien “nunca se debe abusar del sistema de Justicia para silenciar a la oposición, en particular a aquellas personas que fueron elegidas”.
Amnistía evaluó que el Gobierno de Maduro “está nuevamente intentando ejercer un control extremo sobre cualquier forma de disidencia, llevando la represión a un nuevo y atemorizante nivel”.
Mientras, el recién designado fiscal general, Tarek William Saab, anunció que reabrirá las investigaciones hechas por su predecesora, Luisa Ortega Díaz, destituida por la ANC, sobre la violencia en las manifestaciones, e iniciará casos nuevos, que aseguró, fueron omitidos.