Justicia lenta no es justicia

José Armando Caro Figueroa

Justicia lenta no es justicia

La mora judicial salteña es una epidemia sin diagnóstico ni tratamiento eficaz. Una enfermedad institucional que perjudica a los ciudadanos y a los profesionales del derecho, a la par que genera malestar entre los propios jueces y magistrados.
Salta está urgida a iniciar su demorada marcha hacia una democracia constitucional. Pero la lentitud de nuestra justicia lesiona el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y es al menos una de las barreras con las que se topan miles de salteños que no encuentran dónde satisfacer sus derechos o solucionar sus conflictos. Son estas barreras las que producen lo que Victoria Mosmann (2015) llama -atinadamente- "marginalidad judicial".
Para salir de esta crisis y garantizar el derecho de todos a una justicia rápida y en condiciones de hacer realidad la supremacía del bloque constitucional federal y cosmopolita, nacido con la reforma de 1994, es preciso desplegar varias actuaciones convergentes. Me refiero a acciones que, previo debate y diagnóstico compartido, han de diseñar todos los actores representativos y no solo el vértice judicial.
Formación de jueces y magistrados
Es sabido que todo proceso de cambio requiere la capacitación de las personas llamadas a reformar su rol dentro de las organizaciones. En el caso que nos ocupa, además de cambios legales, hace falta un cambio cultural profundo.
Sobre todo se si tiene en cuenta que los actores del proceso judicial salteño operamos con normas preconstitucionales (es el caso de los principales códigos de procedimiento aprobados en tiempos de la última dictadura). Sin olvidar que buena parte de los magistrados y profesionales del derecho han alcanzado sus títulos antes de la reforma constitucional de 1994, y antes de los avances científicos que han alterado positivamente los cimientos de la teoría general del derecho y los principios de todas las ramas del saber jurídico, incluyendo el derecho procesal.
Ni Kelsen, ni siquiera Bobbio bastan hoy para comprender cabalmente el nuevo papel de la Constitución, de la ley o de los jueces en un estado de democracia constitucional.
Magistrados y abogados nos esforzamos por comprender las nuevas reglas del derecho civil y comercial; pero en más de un caso pasamos por alto la actualización en materia de derechos fundamentales. No contamos con un fuero ambiental y urbanístico; ni con instancias eficaces para garantizar los derechos fundamentales sociales y de libertad.
Y, desde luego, muchos magistrados ignoran los rudimentos de las ciencias y prácticas de administración que facilitan la gestión de los recursos que el Estado les asigna.
Un gran asunto a resolver es si la formación de jueces y magistrados continuará siendo responsabilidad de la Corte de Justicia (lo que favorece las tendencias endogámicas, tan fuertes en Salta), o si es preciso llamar a académicos y catedráticos de todas las latitudes no solo a enseñar sino a definir los planes y programas de estudios.
Esta apertura debería fomentar también la participación de organizaciones no gubernamentales (el acuerdo de cooperación entre la Escuela de la Magistratura de Salta y "Unidos por la Justicia", es un paso muy positivo en esta dirección), y de la alta representación política.
La lectura de la Memoria Anual 2013 de nuestra Escuela de la Magistratura permite deducir que algunas de estas inquietudes anidan en la mente de sus directores. Pero permite también deducir que hay marchas y contramarchas, ambigedades, y metas o enunciados que a poco andar quedan en el olvido.
Habría que discutir programas y contenidos, cargas horarias, sistemas de evaluación, planta de profesores, orientación y publicación de las tesis, tomando quizá como referencia la actual Maestría en Magistratura y Derecho Judicial.
Personal judicial y recursos materiales
Teniendo en cuenta la media nacional de jueces cada 100.000 habitantes, en Salta hacen falta no menos de 40 nuevos juzgados; sobre todo si se introducen las reformas que hagan posible que todos los salteños puedan acceder a la justicia. Sin embargo, la mera ampliación de la planta de jueces no resolverá el problema si se obvian las reformas procesales, procedimentales, formativas y de control del servicio de justicia.
Hay que tener igualmente en cuenta que el Gobierno ha venido disminuyendo los recursos económicos que la Provincia destina a la Administración de Justicia en relación con el gasto público total. La mayoría gobernante, si de verdad apostara por mejorar el servicio, debería ampliar el presupuesto del Poder Judicial para elevar, por ejemplo, las condiciones de trabajo y de jubilación de los empleados de tribunales.
En cualquier caso, es insostenible la pretensión de brindar un buen servicio de justicia a los ciudadanos con dos meses y medios de feria. Según "Salta transparente", nuestros tribunales funcionan durante 205 días al año, en media jornada. Para advertir la magnitud del problema habría que comparar esta jornada judicial anual con la vigente en provincias y países vecinos.

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