Hace diez años la AFIP incorporó, a través de la Ley 26.063, el llamado "Plan Antievasión II". Pero recién cinco años más tarde, en octubre de 2010, comenzó a desarrollar un importante régimen de presunciones legales, en virtud de las cuales, mediante ciertos parámetros definidos para realizar cada actividad económica, puede establecer presunciones sobre la cantidad real de trabajadores que tiene (o debería tener) cada empresa. El mecanismo utilizado se denomina Índice Mínimo de Trabajadores (IMT).
Durante estos años, la AFIP, en forma gradual (y silenciosa) fue determinando un régimen de presunciones para numerosas actividades que van desde la gastronómica a la educativa, pasando por supermercados, lavaderos de autos, construcción, etc. Si la cantidad de trabajadores declarados o el monto de la remuneración imponible consignados por el empleador son insuficientes, cuando dichas declaraciones no se compadezcan con la realidad de la actividad desarrollada y no se justifique fehacientemente dicha circunstancia, la AFIP podrá efectuar la determinación en función de índices que pueda obtener, tales como el consumo de gas, de energía eléctrica u otros servicios públicos, la adquisición de materias primas o envases, el monto de los servicios de transporte utilizados, el valor del total del activo propio o ajeno o de alguna parte del mismo, el tipo de obra ejecutada, la superficie explotada y nivel de tecnificación y, en general, el tiempo de ejecución y las características de la explotación o actividad. La metodología ha sido cuestionada, muchas veces por lo irrazonable de sus parámetros y también por lo inconsulto de sus decisiones.
Los montos
Pero el mecanismo descarriló hace dos años cuando se extendió la presunción al trabajo doméstico. La AFIP decretó que si alguien tenía más de $500.000 anuales de ingresos o tenía bienes que superaran los $305.000, entonces tenía que tener un empleado doméstico, sí o sí. Evidentemente, hoy gran parte de la población supera el valor de los bienes, ya que con un lote y un vehículo mediano se supera ampliamente el monto de 305 mil pesos.
En su voracidad fiscal la AFIP no había advertido que la institución familiar no es una empresa. Ante la determinación presuntiva de deuda, el jefe de familia debería aportar prueba para demostrar que no tenía empleados domésticos. Sería una prueba negativa que afectaría el derecho de defensa. Pero lo grave estaría dado porque el afectado casi invariablemente tendría que desnudar datos de su intimidad para contrarrestar la suposición del ente recaudador. Y la intimidad es un derecho constitucionalmente protegido. No es cuestión de estar sacando los trapitos al sol y que todo el mundo sepa que el vecino se lava la ropa interior una vez al mes.
Felizmente, la AFIP, la semana pasada, mediante la RG 3.828, derogó esta ilógica y arbitraria presunción.

"Hace dos años, la AFIP decretó que si alguien tenía más de $500.000 anuales de ingresos o tenía bienes que superaran los $305.000, tenía que tener un empleado doméstico".

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