El siglo XXI presenta un mundo en profunda transformación. Están cambiando, en primer lugar, las relaciones de fuerza entre naciones y regiones, mientras el liderazgo de Occidente retrocede frente a las visiones políticas y religiosas de civilizaciones que antes seguían sus pasos y hoy lo desafían.
Ese es el contexto de las elecciones presidenciales de hoy.
La discusión política argentina, desde 1983, gira básicamente en tono a los problemas domésticos; esa mirada egocéntrica nos impide ver nuestro potencial sub aprovechado y evaluar la verdadera relevancia del país a nivel planetario. En consecuencia, nuestra diplomacia no logra precisar cuáles son los verdaderos intereses nacionales, que quedan subordinados a meros alineamientos ideológicos. Es imprescindible profesionalizar nuestras relaciones exteriores y convertirlas en políticas de Estado, que es lo que han hecho los países prósperos a lo largo de toda la historia.
El alineamiento internacional está directamente vinculado a los objetivos de desarrollo económico, generación de empleo y fortalecimiento institucional de la Nación, pero hay fenómenos originados en el exterior que cobran proyección histórica dentro de nuestro territorio.
Se habla mucho, pero con una mirada superficial, acerca de la inseguridad y el delito, y se plantea la falsa dicotomía entre "mano dura" y "garantismo". Como si ignoraran que está en juego un derecho básico de cada habitante del país, funcionarios y dirigentes polemizan acerca de si la inseguridad es una realidad o una sensación. La seguridad es una condición decisiva para el desarrollo y la calidad de vida.
En los últimos 32 años, la profundización de la brecha social, el desempleo y la corrupción que impregna el funcionamiento del Estado favorecieron la aparición del narcotráfico como factor desestabilizador y generador de violencia. No se trata de un fenómeno surgido de la Argentina; es internacional y en América Latina viene constituyéndose como un poder paralelo. Colombia, México y Perú son los íconos históricos de la violencia que puede desplegar el crimen organizado, politizado y militarizado de la droga; no obstante, no debemos ignorar que desde hace ya veinte años nuestro país dejó de ser mero espacio de tránsito para convertirse en consumidor de cocaína, marihuana y paco, con índices muy altos de adicción dentro de la región. Además, el procesamiento de la droga a nivel local va construyendo una red delictiva que crece al amparo de la desidia de los tres poderes del Estado.
La narcofrontera salteña, los crímenes registrados en Rosario de Santa Fe y el área metropolitana de Buenos Aires, los casos de policías, gendarmes y militares vinculados al delito y el crecimiento del corredor de economía ilegal generado por el contrabando de mercadería describen un fenómeno que condiciona seriamente al país.
El otro desafío que requiere políticas de Estado es la educación. La Argentina ha perdido su histórico liderazgo en la materia a nivel regional y el desnivel entre las escuelas públicas y las privadas es la expresión de una fractura que no se cerrará con el mero aumento del presupuesto. Los alumnos necesitan más días de clase, horarios extendidos y no menos de quince años de escolarización. Además, debe replantearse la esencia misma de la organización escolar, para adecuarla a una época nueva transformada por la tecnología y las nuevas relaciones humanas, y a las exigencias de un futuro de enorme dinámica, con muchos aspectos aún imprevisibles.
Al igual que en materia de política exterior y de seguridad, hace falta un acuerdo educativo a largo plazo. Es imprescindible revisar objetivos y contenidos, y establecer un sistema exigente de evaluación de los conocimientos, los hábitos intelectuales y las destrezas alcanzados por cada uno de los alumnos.
A tres décadas del restablecimiento de la democracia, nuestro país necesita recuperar la autoestima y la vocación progresista que impregnaron su construcción como nación. El próximo presidente, pero también los opositores y la sociedad en su conjunto, deberán esmerarse por alcanzar ese objetivo, que dependerá de las convicciones y el compromiso activo y explícito de cada uno de los ciudadanos en la construcción de una cultura política moderna.

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