La Auditoría General de Salta no se encuentra en condiciones de funcionar. De los cinco miembros que la integran, solo permanecen en su cargo el presidente, Oscar Salvatierra, quien renovó en 2015, y Marcos Segura Alsogaray Mendía, cuyo mandato vence este año.
En tanto, quedaron sin trabajo Alejandro de Cecco, Abdo Omar Esper y Ramón Muratore, quienes habían asumido el 27 de diciembre de 2010.
Se especulaba con la renovación del acuerdo para Esper y Muratore y con el reemplazo de De Cecco por una figura acordada con la oposición.
Sin embargo, pasó diciembre y no hubo acuerdo para nadie. Al parecer, el gobernador Juan Manuel Urtubey tiene resuelto esperar a que en abril vuelva a reunirse el Senado. De ese modo, el primer trimestre de la nueva gestión transcurrirá sin auditorías.
La función de fiscalización
La Auditoría General es un órgano colegiado cuya función es la de detectar eventuales desmanejos de los fondos del Estado.
Fue concebida como un instrumento esencialmente republicano sintetizado en aquella frase de Juan Domingo Perón: "Todos somos buenos, pero si nos controlan, somos mejores".
La ley 7103 dispone que "por lo menos dos de los auditores generales deberán reflejar la propuesta de los diputados de la oposición política".
Con la alquimia política del Frente para la Victoria, al menos hasta diciembre, la auditoría estuvo integrada por representantes del Partido Justicialista, el Partido de la Victoria y el PRS urtubeicista.
La Procuración y la Corte, inspiradas en el mismo principio de subordinación militante, no se dieron por enteradas del ilícito oculto con una triquiñuela.
Los auditores son seleccionados por una comisión permanente de la Cámara de Diputados y designados previa audiencia pública del Senado. En junio, al tratarse el nuevo acuerdo para Salvatierra, el diputado Carlos Raúl Zapata se opuso porque consideró que, al mantener a una figura histórica del PJ -el auditor fue ministro de Economía del gobierno de Hernán Cornejo-, se estaba consolidando una "auditoría militante".
Sin embargo, en el Senado, Jorge Zottos, Alfredo Jorge, Mashur Lapad, Ernesto Gómez, Santiago Payo y Enrique Gramaglia le dieron su voto y el radical Miguel Nanni no firmó el dictamen ni participó de la audiencia ni de la sesión.
El quórum
La ley 7103, en su artículo 33, indica que la Auditoria General "se constituirá como cuerpo colegiado, exigiéndose para sesionar un quórum de tres de sus integrantes, adoptándose las decisiones con el voto de la mayoría de los miembros presentes".
Solamente con quórum podrá fijar el programa anual de auditoría y control, el proyecto de presupuesto de la entidad, la estructura orgánica y sus modificaciones, su normativa interna, el informe anual sobre la cuenta general del ejercicio y la cuenta de inversión, entre otras tareas.
En la situación actual el organismo se encuentra solo en condiciones de desarrollar actividades administrativas de acuerdo a las disposiciones heredadas de su anterior composición.
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