Pocos días antes de una elección decisiva, se ha instalado en el debate público la discusión sobre la calidad de la gobernabilidad en el escenario político futuro.
Hoy, algunos sectores interesados pretenden instalar la idea de que sólo la continuidad del oficialismo asegura la gobernabilidad y que, por el contrario, aceptar la demanda social de cambio conduciría a la inestabilidad política y social.
Compartir esa proposición es inaceptable por, al menos, dos razones. Una de índole moral y la otra de naturaleza práctica.
La primera constituye una especie de extorsión al conjunto de la sociedad por parte de una fracción política. La segunda es negar lo evidente: la permanencia de la propuesta hoy vigente constituye un objetivo de cumplimiento imposible.
Ello es así, básicamente, por el estancamiento de una economía que hace cuatro años que no crece ni crea empleo, pierde reservas sistemáticamente y exhibe insostenibles desequilibrios económicos básicos. Y por una situación social donde uno de cada cuatro argentinos y dos de cada diez hogares están en situación de pobreza. En otros términos, el agotamiento del ¿programa? económico y la fatiga social hacen inviable su continuidad.
Si la candidatura oficial reconociera estos datos de la realidad antes de la elección, socavaría sus bases políticas.
Si, en cambio, lo hiciera desde un eventual gobierno, no sólo incumpliría groseramente sus compromisos electorales, sino que enfrentaría el cuestionamiento de una parte importante de su dispositivo de soporte político.
Nada mejor que un ejemplo para explicar el planteo: la recuperación económica depende crucialmente de la inversión que, a su vez, reclama la normalización de las relaciones financieras con el exterior.
Ese camino seguramente requiera la derogación de la llamada "ley cerrojo", y todos tenemos el derecho a creer que en el bloque de la continuidad oficialista, integrado por destacados miembros del actual gabinete, un número relevante de sus integrantes no acompañaría con su voto esa decisión.
Así, desafiando tanto la sabiduría convencional como la interesada, es la continuidad oficialista la que, sin dudas, enfrentaría severos problemas de gobernabilidad, entendida de acuerdo con la definición que promueve el BID como la que "hace referencia a la capacidad de los sistemas democráticos para aprobar, poner en práctica y mantener las decisiones necesarias para resolver los problemas".
En esta séptima votación presidencial desde 1983, último caso de una elección ganada por el candidato de un solo partido, debemos demostrar que podemos afrontar los desafíos de la Argentina del Bicentenario siguiendo el camino de las coaliciones de gobierno que distinguen a los regímenes parlamentarios europeos y, también, los llamados presidencialismos de coalición que gobiernan en nuestros países vecinos.

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