La condena por los crímenes cometidos en el campo de concentración La Perla que funcionó en la provincia de Córdoba durante la dictadura, dejó abierta la posibilidad de juzgar delitos de lesa humanidad cometidos antes del Golpe de Estado de 1976, un viejo reclamo de los militares, tendiente a instalar la llamada "teoría de los dos demonios" y el espíritu de la "obediencia debida".
Si bien el fallo del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba es inobjetable, una lectura transversal de la génesis de la megacausa La Perla retrotrae a los alzamientos "carapintadas" durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en los que los militares, muchos de ellos por entonces en actividad, reclamaban leyes de perdón y "obediencia debida". En este último reclamo, remitían a las órdenes emanadas desde el Gobierno de Isabel Perón y del por entonces presidente del Senado Italo Luder, de "aniquilar" el accionar de las organizaciones subversivas. Así habrían cumplido órdenes y actuado durante un gobierno democrático. En ese entendimiento, los familiares de los represores que cumplen prisión luego de haber sido juzgados y condenados, le habrían planteado al Gobierno de Mauricio Macri, en el ámbito del edificio donde funcionó la ESMA, lo que ellos llaman "la verdad completa", un reclamo que, en inferioridad, intentó hacer oír hoy Cecilia Pando, la cara mas visible de ese sector. La contundente manifestación que acompañó la sentencia a los represores de Córdoba; la dimensión de los crímenes comprobados y la repercusión política de la sentencia no dejarían margenes para instalar tales reclamos sin que el Gobierno pague un alto costo político. Los mas notorios personajes de aquellos alzamientos "carapintadas" como los excapitanes Vergez y Barreiro fueron condenados a prisión perpetua y comprobada su actuación en La Perla y otros centros clandestinos, donde cientos de prisioneros fueron ejecutados luego de ser sometidos a tormentos.
Líderes de las rebeliones militares de los 80 como Aldo Rico y otros seguidores, participaron de los desfiles del Bicentenario el pasado 9 de Julio sin que nadie se los impida, mientras en Tucumán sectores afines intentan reivindicar el Operativo Independencia que encabezó el fallecido represor Antonio Bussi. La pulseada está planteada, y en el ámbito de las salas de audiencia donde se celebraron los juicios y se condenó a los jerarcas del régimen, comienza a sembrarse una vez más la disputa cara a cara, y las amenazas de quienes pretenden la reivindicación que la sociedad, mayoritariamente, les niega.

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