No espere el lector que bajo este título comience a narrarle mis innumerables pecados ni a formular alguna elucubración sobre tema tan manido en letras de tangos y boleros. Como tema de "actualidad laboral" queremos destacar una iniciativa legislativa que obtuvo reciente sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia. El proyecto, presentado por el Dr. Guillermo Martineli y aprobado por unanimidad se refiere a la supresión de la prueba de confesión del trabajador en los juicios laborales. Lo primero que debemos recordar es que la esencia misma del derecho del trabajo encuentra su fundamento en la protección del trabajador; protección que en nuestro país alcanza expreso amparo en nuestra Constitución Nacional. Es sabido que para que tal protección pueda hacerse efectiva, necesariamente la ley debe establecer un tratamiento diferencial en favor del trabajador, para compensar las naturales desigualdades que se presentan en la realidad. Ese principio campea en toda la legislación laboral. Sin embargo, no se refleja con igual intensidad en el procedimiento laboral, donde cierta inercia tiende a considerar como una disputa entre pares. ­Nada más equivocado! Es precisamente en el litigio laboral donde se advierte el poderoso arsenal con que cuenta el empresario, frente a un -muchas veces- inerme trabajador. La prueba confesional, valga la redundancia, es una prueba de ello. Recordemos que, aunque la prueba de confesión es antigua como la humanidad misma y tuvo un vasto desarrollo en el derecho romano, adquirió "popularidad" durante la inquisición medieval. Mientras en el procedimiento penal evolucionó hacia un régimen respetuoso de los derechos humanos, en el procedimiento civil-laboral permaneció aferrado a aquellas formalidades inquisitoriales. La prueba confesoria también es comúnmente denominada prueba confesional o prueba absolutoria, o de absolución de posiciones, no existiendo entre tales distinciones, diferenciación alguna. Es de advertir que absolver posiciones resulta el acto procesal más traumático del proceso, no solo para el que absuelve, sino para el ponente, para los abogados y hasta para el mismo juez. En la práctica diaria de los tribunales laborales se ven los tropiezos y dificultades que atraviesa el trabajador con relación a esta prueba. El primer problema que se presenta es el de concurrir a la audiencia. Muchas veces, buscando trabajo, ha rumbeado para otras tierras. Cuando está aquí, tiene la dificultad de faltar a su trabajo, lo que implica nada menos que "confesarle" a su actual empleador que es uno de esos "buscapleitos" que busca enriquecerse a costa de sus patrones. Cuando finalmente llega a Tribunales, sin conocer ni entender nada, ve que su expatrón entra como esos campeones de boxeo, saludando a todo el mundo ­Hasta a los jueces! y hasta ­abraza a su propio abogado! Más tarde lo sientan en un banquillo. De espaldas a su abogado que es el único que (hasta el abrazo) le inspiraba confianza, frente a un juez que le espeta: "Ud. está aquí como absolvente y deberá declarar a tenor del pliego de posiciones...". ¿Lo queeé? ¿El tenor trae solvente en distintas posiciones? El lenguaje opera como una barrera muchas veces insuperable, especialmente cuando las "posiciones" están concebidas con el metalenguaje propio de la semiótica jurídica (¿qué meta qué?). El patrón podrá ser menos ilustrado, pero tiene cancha y estaño de los chiquicientos juicios que viene gambeteando y se conoce de taquito cómo debe manejarse en los Tribunales. El complejo mundo de las desigualdades materiales, jurídicas y culturales determinantes del rol de las partes en el proceso se potencia con la absolución personal de posiciones, que resulta ser una prueba tramposa e injusta. Esperemos que sin demoras, el Senado convierta en ley este encomiable proyecto.

¿Qué te pareció esta noticia?

Sección Editorial

Comentá esta noticia



Se está leyendo ahora