Mientras el IPV, a través de su presidente Sergio Zorpudes, anticipó ayer a los gremialistas de la construcción que los fondos nacionales adeudados estarían ya destrabados, la UOCRA del norte salteño, encabezada por Américo Villa, espera que la empresa JC Segura Construcciones pague los haberes atrasados. Ayer, Villa aseguró que la empresa "no daba señales positivas".
La demora en la remisión de fondos se debería, según el secretario provincial de la UOCRA, Rubén Aguilar, a que el gobierno provincial no extiende las certificaciones de al menos tres mil viviendas que ya están ocupadas por sus adjudicatarios.
La crisis de la construcción se hace sentir con ferocidad en los niveles de empleo y dos de cada tres empleados de empresas que realizan obras públicas están suspendidos.
Ninguno de estos datos fueron desmentidos por el gobierno provincial, que ayer salió a calmar los ánimos. Informó que la administración nacional le está debiendo a Salta unos $400 millones, de los cuales la mitad, $200 millones, corresponden al IPV, razón por la cual hay obras demoradas.
Hace más de dos meses, el gremialista Aguilar hizo llegar al ahora jefe de los ministros, Carlos Parodi, un pedido para que la provincia no demore las certificaciones, sin las cuales la Nación no puede librar los fondos. El romance entre las empresas constructoras y el gobierno salteño parece haber entrado en crisis por falta de fondos, pagos diferidos y las recomendaciones de disminuir el ritmo de ejecución de obras.
Pero es probable que la deuda de la Nación con Salta sea mucho mayor. Durante ocho años, el kirchnerismo reemplazó la coparticipación regular por la discrecionalidad y nunca pagó lo que corresponde a Salta por la ley de Bosques.

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Sección Editorial

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