La Corte Suprema de la Nación firmó una acordada en la que instituyó una Comisión judicial para "la lucha contra el narcotráfico". La decisión surgió al percibir que "está en juego la seguridad de la población y que es necesaria una política de Estado urgente, efectiva y coordinada".
El organismo estará integrado por magistrados de la Justicia federal de distintas regiones y representantes de la Junta Federal de Cortes Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus).
El máximo tribunal especificó que la Comisión se encargará de mejorar la coordinación de los tribunales judiciales, la capacitación de los operadores judiciales en materia de persecución del narcotráfico, y crear un protocolo de actuación judicial donde la criminalidad organizada esté vinculada con delitos conexos.
Además, encomendó la conformación de un registro de casos sobre narcotráfico y la creación de un observatorio que "pueda monitorear la evolución de este fenómeno delictivo en el campo judicial", señala la acordada Nº 28/15 publicada hoy por el Centro de Información Judicial (CIJ).
Otras dos tareas serán la mejora de la comunicación entre las fuerzas de seguridad con las distintas autoridades estatales y elaborar propuestas, junto a otros poderes públicos, para plantear reformas legales que establezcan "un procedimiento adecuado para la investigación y juzgamiento de estos delitos complejos".
La Corte invitó a los organismos del Estado, al Ministerio Publico Fiscal (MPF) y al Consejo de la Magistratura a "coordinar esfuerzos para avanzar en la prevención y persecución" de los delitos vinculados al tráfico de estupefacientes.
Entre sus considerandos sobre la medida, el máximo tribunal recordó que sus advertencias sobre el tema se remontan desde 2009 y que la gravedad del narcotráfico "fue puesta de manifiesto por distintos jueces federales".
En este sentido, planteó "la instrumentación de políticas de Estado coordinadas, con objetivos claros, permanentes en el tiempo con medidas efectivas" que exijan la participación de otros poderes públicos, y destacó que "se extremen esfuerzos" para "obtener los mejores resultados" frente a delitos de gran complejidad en su investigación.
"El esfuerzo individual de jueces y juezas de todo el país necesita ser complementado con la colaboración concreta de las fuerzas de seguridad, autoridades migratorias, otras dependencias del Poder Ejecutivo Nacional Provinciales en una actuación conjunta", sostiene la Corte en el texto, según informa Infobae.
"Resulta imprescindible y urgente promover una política de Estado consistente, efectiva, coordinada, y con claros objetivos regionales y nacionales para ayudar a los distintos operadores a solucionar un problema que excede las soluciones locales", concluyeron los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Helena Highton de Nolasco.

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