La Corte de Justicia de Salta propuso a la Legislatura la reforma del Código Procesal Penal. En un contexto crítico, signado por los dos años de aplicación del Código y la experiencia de la represión del microtráfico en la provincia, el tribunal propone el reemplazo de cuatro artículos que fueron declarados inconstitucionales y de otros diez cuya redacción requiere precisiones. Algunas de las modificaciones propuestas tienen como base la jurisprudencia sentada por la Corte al resolver las acciones populares de inconstitucionalidad conocidas como los casos "Guillén", "Del Plá" y "Romani".
Respecto de la declaración del imputado ante el fiscal, los jueces de la Corte de Justicia la privación de emitir descargo ante el juez de Garantías, como lo impone la ley, "constituye una limitación al derecho de defensa, a la garantía del juez natural, al acceso a la justicia".
Con respecto a la suspensión del proceso a prueba, la Corte reafirma que, "aunque la intervención del fiscal es insoslayable... es función del juez evaluar si se encuentran reunidos los extremos exigidos por la citada norma del Código Penal y, en consecuencia, adoptar su decisión...". Del mismo modo, considera "violatoria del derecho al acceso a la justicia" la imposición al imputado de alcanzar un acuerdo con el fiscal formalizado en un acta como condición previa para acceder a la instancia judicial". Respecto a las atribuciones del Ministerio Público Fiscal para disponer la intervención de la fuerza pública, la Corte resolvió que colisionan "con el artículo 19 de la Constitución Provincial, que establece que la libertad personal es inviolable y nadie puede ser detenido sin orden de autoridad judicial, salvo el caso de flagrante delito y demás excepciones extraordinarias que prevé la ley".

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