En un fallo unánime, firmado por sus tres integrantes: Lorenzetti, Highton de Nolasco y Maqueda, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia de la Corte de Justicia de Salta en la que se habían sobreseído por prescripción las causas seguidas en contra del ex intendente de Rosario de Lerma, Sergio Topo Ramos.
Como se recordará, en contra de ese sobreseimiento dictado por la Corte local, el Fiscal ante ese Tribunal, Alejandro Saravia, había interpuesto Recurso Extraordinario en contra de la sentencia que sobreseía a Ramos. El fundamento del recurso interpuesto fue la arbitrariedad de dicha sentencia al no haber aplicado el artículo 67 del Código Penal, en cuyo inciso 2º dice que la prescripción de las acciones penales se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública mientras cualquiera de los imputados se encuentra desempeñando un cargo público. Ramos, como se sabe, fue sucesivamente reelecto, hasta este año, de modo que la prescripción de la acción penal recién habría comenzado a correr en el momento en que él dejó el cargo.
El otro argumento de la defensa fue que había transcurrido en exceso el tiempo razonable para realizar el juicio, pasando por alto, precisamente, que durante todo ese tiempo Ramos ejerció, efectivamente, el cargo de Intendente. De aceptarse el criterio de la defensa la reelección indefinida de los funcionarios sería una vía de escape respecto de la aplicación de la ley para con ellos. Allí residiría la gravedad institucional invocada por el fiscal de Corte para habilitar el recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
El dictamen del Dr. Eduardo Ezequiel Casal, Procurador ante la Corte de Justicia de la Nación, a cuyas consideraciones remite el alto tribunal al fallar, reproduce palabras del fiscal ante la Corte local en cuanto a que la arbitrariedad de la Corte provincial estaría en el hecho de abrogar, al no aplicarlo, al texto del artículo 67 del Código Penal y, lo que es más grave "desconocer la realidad argentina, caracterizada por no efectivizar la responsabilidad de sus funcionarios", concluyendo en que "precisamente ese dato cultural, el de la efectiva irresponsabilidad de los funcionarios públicos, es un ingrediente fundamental para delimitar la razonabilidad en la duración de los procesos. La sentencia cuestionada no lo tuvo en cuanta acentuando su arbitrariedad y dogmatismo".
Ramos está acusado de fraude a la administración pública y malversación de caudales.

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Sección Editorial

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francisco pisana
francisco pisana · Hace 11 meses

Y CORIMAYO PA CUANDO PAPA LO LLEVO EL URTUWUEY A FRANCIAAAAAA QUE PRESTIGIO PAL GOBER

franco gonzalez
franco gonzalez · Hace 11 meses

CARCEL COMUN PARA DELINCUENTES POLITICOS QUE SE TAPAN ENTRE ELLOS. HACIENDO CREER QUE SE PELEAN , QUE TIENEN ADVERSARIOS, ELLOS MISMOS CREAN LA " SEGUNDA MARCA " COMO PARA QUE LA GILADA SE LA CREA.

franco gonzalez
franco gonzalez · Hace 11 meses

cuando empiecen a ir a la carcel todo politico deshonesto se va acabar las listas sabanas , las luchas por un cargo o la permanencia sabiendo que al menor atisbo de corrupcion seran juzgados y llevados presos. ESO SI, CELDA COMUN NADA DE VIP. ASI EL PAIS SALDRA DE ESTA CULTURA DE LA IRESPONSABILIDAD POLITICO-SOCIAL.


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