La denuncia de centenares de familias que se sienten estafadas por el Estado en el asentamiento de Parque La Vega es un indicio de la improvisación, la falta de transparencia y la pésima lectura de la realidad social salteña que impregnan a toda la política habitacional provincial.
Fue necesario que un centenar de personas intentara llevar su reclamo a la vicepresidenta en un acto público y que dos de las denunciantes se rociaran con nafta en público para que el gobernador tomara una medida extrema, como es la de desplazar a los responsables del área de Tierra y Hábitat.
El conflicto, sin embargo, ya lleva cuatro años y se originó en un proyecto con vicios de origen, a partir de una expropiación cuestionada judicialmente y sin un proyecto serio que la justificara.
Nada puede admitir que la política de vivienda quede en manos de personas sin idoneidad y sospechadas de aprovechar el cargo para realizar negocios particulares.
Lo ocurrido en Parque La Vega no es más que la manifestación de una estrategia clientelista, donde algunos funcionarios obtienen dividendos políticos y económicos, siempre espurios, a costa de las necesidades de la gente más vulnerable.
Los antecedentes más resonantes de esta confusión de los bienes públicos con los intereses de los grupos gobernantes son el reparto entre amigos de las casas de Lomas de Medeiros, los privilegios de los funcionarios provinciales en la distribución de planes Procrear y la bochornosa renuncia del presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Fernando Alesanco, tras una denuncia sobre la contratación de empresas familiares por parte del organismo. El cambio de autoridades en Tierra y Hábitat, en principio, no garantiza un cambio de políticas.
Aunque las autoridades provinciales no lo reconocen, en Salta viven 300.000 familias y hay 75.000 viviendas inhabitables. A pesar de haber contado con presupuestos públicos mucho más altos que la media histórica, el gobierno de Juan Manuel Urtubey optó por brindar las llamadas "soluciones habitacionales" a las personas sin posibilidad de acceso a la vivienda. De ese modo, proliferaron los asentamientos precarios, donde están radicados el 25 por ciento de los habitantes de las grandes ciudades provinciales.
Por falencias de la política nacional y la falta de iniciativa local, se abandonaron los tradicionales planes de viviendas populares, financiados a largo plazo y con garantía hipotecaria, y se los reemplazó con una modalidad oportunista que convierte a una ilusoria solución habitacional en un bien de cambio en manos de punteros políticos. La vivienda es un derecho al que muchos no logran tener acceso. También es un factor económico que satisface necesidades y reactiva la industria de la construcción. Como política de Estado, los planes habitaciones transforman la calidad de vida y la organización de las ciudades. El derecho a la vivienda se convierte en necesidad desesperante y enorme frustración cuando las familias no pueden acceder a una casa digna. Esa desesperación suele ser aprovechada por funcionarios, legisladores y punteros inescrupulosos, que actúan al amparo del poder político. A pesar de las promesas de "investigar a fondo" en la Justicia las denuncias de los damnificados, de las excusas de los funcionarios que fueron apartados y de la designación de nuevas autoridades, nada parece haber cambiado. Sería utópico reclamar soluciones inmediatas al problema de la vivienda. En primer lugar, porque este es el correlato del progresivo empobrecimiento de la Provincia, la profunda crisis de empleo que afecta a la mayoría de los hogares y porque la Argentina, no solo Salta, carece de financiamiento accesible. Es imprescindible cambiar las políticas habitacionales, a partir de una correcta mirada sobre la realidad. Es urgente comenzar a designar en los cargos políticos y técnicos a personas que den prueba de idoneidad y que asuman la función pensando en la ciudadanía y no en la posibilidad de abrir sus propios negocios. El Gobierno nacional promete construir 250 mil viviendas en el norte argentino. Para que Salta pueda sumarse con éxito a ese proyecto, necesariamente deberá cambiar su concepto y su estilo de ges tión de la obra pública y el desarrollo social. De lo contrario, el problema habitacional irá de mal en peor.

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Sección Editorial

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JORGE ARAMAYO
JORGE ARAMAYO · Hace 9 meses

Comparto el Editorial, lamentablemente es así. Ahora me pregunto alguna vez alguien le dará explicaciones a los vecinos del BARRIO PARQUE SAN NICOLÁS sino lo entienden no tienen mas que llegarse y observar el nuevo paisaje que tenemos después de tanto pero tanto sacrificio por tener nuestra casa. NO CREO.. NO CREO QUE NOS DEN EXPLICACIÓN ALGUNA .......... ASI ESTAMOS......

Perez Jose Alberto
Perez Jose Alberto · Hace 9 meses

Che Tribuno, totalmente de acuedo con el editorial, pero cuando dicen que Los antecedentes más resonantes de esta confusión de los bienes públicos con los intereses de los grupos gobernantes, son el reparto entre amigos de las casas de Lomas de Medeiros y otros casos, NO SE OLVIDEN DE MENCIONAR EL CASO EMBLEMÁTICO QUE FUE LA ADQUISICIÓN IRREGULAR DE LAS TIERRAS DE LA CIENEGA por parte del grupo gobernante anterior. Estoy de acuerdo que este desgobierno provincial desde 2007, carece de gestión y de PERSONAS capacitadas, pero tampoco dejemos de mirar el tronco en el ojo propio