La magnitud de la crisis social que atraviesa la Argentina no da lugar a especulaciones ni a oportunismo político. Con un tercio de la población bajo la línea de la pobreza, amplios sectores de la sociedad condenados a vivir con las necesidades básicas insatisfechas y un deterioro laboral injustificable para un país con los recursos que tiene el nuestro, la dirigencia política debería comenzar a comportarse con solidaridad y con criterios de estadistas.
En 2015, a pesar de sus diferencias, los tres candidatos que concentraron el 90% de los votos expresaban la necesidad de un cambio drástico en materia de seguridad jurídica y en la creación de las condiciones para un cambio de rumbo en materia económica. No era casual, dado el contexto de profunda recesión que ya lleva cinco años, con inflación rebelde y un déficit fiscal agobiante.
El voto ciudadano, en ese momento, respaldó proyectos que buscaban sanear el sistema productivo.
El Senado aprobó la semana pasada un proyecto de Ley de Emergencia Social y alimentaria que parece destinado, exclusivamente, a enrarecer el escenario político, ya que es inaplicable: ordena la creación de un millón de puestos de trabajo, la fijación de un Salario Social Complementario y un aumento del 15 por ciento en el monto de las asignaciones por hijo y embarazo. El costo de la iniciativa supera los 140 mil millones de pesos y no prevé cómo obtenerlos.
Lo más probable es que el proyecto nunca sea ley o, si lo fuere, que sea vetado. Sin embargo, no basta con sostener que esta solución es inviable o que, como afirmó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, muchos de quienes la impulsan no tengan autoridad porque "se fueron del gobierno sin reconocer la pobreza".
Las tensiones son reales, no son imputables solo a este gobierno ni al anterior, pero deben ser resueltas con grandeza. El éxito del oficialismo o de la oposición no radicará en los resultados electorales de 2017, sino en la capacidad de resolver la fractura social con eficiencia y en el marco de la democracia.
En la movilización del viernes frente al Congreso, el dirigente de la CGT Carlos Acuña apuntó a esa responsabilidad colectiva: "Después de 33 años de democracia, nos encontramos como estamos hoy", enfatizó.
Tiene razón: todos los estudios sobre pobreza y empleo señalan un deterioro sostenido desde 1975, que fue un año de quiebre en la economía nacional, condicionado por cambios políticos, productivos y tecnológicos que se desarrollaban en el mundo. Desde entonces a la fecha, el porcentaje de pobres se multiplicó más de cuatro veces y se fue instalando, progresivamente, el deterioro laboral, con la proliferación de puestos artificiales en la administración pública, el trabajo en negro y el asistencialismo clientelar.
El Observatorio de la Deuda Social informó en 2007 que el 15% de la población estaba compuesto por familias que ya contaban con la tercera generación de desempleados.
En estas cuatro décadas fracasaron todos los experimentos, desde la ilusión neoliberal del "derrame" a la fantasía populista de que todo puede resolverse con emisión monetaria. El protagonismo de los movimientos sociales es la manifestación de esa degradación del sistema laboral, donde los viejos modelos productivos marginan o directamente, excluyen, a los trabajadores más vulnerables.
La Argentina no sufre emergencia alimentaria, ya que produce diez veces la cantidad de alimentos que necesita; si hay hambre y desnutrición es por ineficiencia.
El dirigente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, advirtió que si la Emergencia Social y Alimentaria no prospera, "ganaremos las calles en diciembre".
Las mutuas acusaciones no resuelven nada. No es con amenazas sino con sensatez como se saldrá de la encrucijada. El lenguaje confrontativo, que divide entre "los buenos y los malos", solo ha servido para profundizar la grieta social.
Negar la realidad o reclamar soluciones mágicas solo garantiza que nada cambiará. Es imprescindible el compromiso de todos, sin excepción, para generar condiciones de seguridad jurídica y política que hagan posible la generación de empleo de calidad al alentar la inversión productiva y la modernización del país.

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