Mauricio Macri llegó a la Presidencia de la Nación, acompañado de un exitoso equipo de comunicación, que en la gestión de gobierno afronta dificultades para explicar a la ciudadanía la magnitud de la crisis en la que estamos inmersos y la razonabilidad de las medidas que se toman para superarla. En estos días, es el caso de la tarifa del gas.
La década de mayores precios de las materias primas, que le permitió a la Argentina superar la crisis del 2001, terminó hace rato y toda Latinoamérica sufre las consecuencias del cambio de ciclo.
Brasil, nuestro principal socio comercial, está atravesando una grave crisis económica, como consecuencia de la cual la presidenta Dilma Rousseff, reelecta hace apenas dos años, ha sido destituida; en Chile la presidenta Bachelet, con bajísimo índice de popularidad, enfrenta los problemas derivados de la caída del precio de cobre y la pérdida de empleos; a Evo Morales tampoco le son ajenas las dificultades, perdió en febrero un plebiscito que creía ganado, hace pocos días obreros en huelga afectados por la caída del precio de los minerales asesinaron a un viceministro, y siguen siendo frecuentes los conflictos y bloqueos de caminos; Venezuela, en cuyo espejo llegó a mirarse el anterior gobierno, se desmorona; en definitiva la bonanza de los precios de los productos primarios ya no es tal, por lo tanto estamos frente a una situación distinta, de la que es imposible sustraerse en un mundo interdependiente.
En el nuevo escenario, están mejor aquellas economías que se manejaron con acierto. No es nuestro caso. En una década perdimos los superávits fiscal y comercial que se habían logrado, no se invirtió lo necesario en obras de infraestructura, el Estado entró a subsidiar casi todo, hasta el fútbol, y para hacerlo debió aumentar los impuestos hasta límites insoportables y sino preguntémosle a los trabajadores que no pueden ahorrar para su vejez, porque de su sueldo se les retiene el impuesto a las ganancias.
El país perdió competitividad. Se convirtió la corrupción en una forma de gobierno.
En materia energética venimos de un desastre: se perdió el auto-abastecimiento y de esta manera de país exportador de gas, hemos pasado a tener que importarlo de Bolivia y lo que falta tenemos que traerlo en barcos de lejanos destinos, con el consiguiente costo de millones de dólares. No se invirtió en exploración y explotación de hidrocarburos y ahora sufrimos las consecuencias, ya que debemos importar el 25% del gas que consumimos. Para disimular la realidad, se subsidiaron indiscriminadamente las tarifas, y de esta manera se terminó pagando el gas más barato en el barrio porteño de Recoleta que en Salta. Como vemos una suma de desatinos.

Una interpretación discutible

Una parte sustancial del déficit fiscal, son subsidios que se pagan con emisión monetaria que produce inflación, ya cerca del 40% anual, con deterioro de los salarios y jubilaciones de millones de argentinos. No se pueden subir más los impuestos, ya que más bien habría que bajarlos, porque estamos en recesión.
Ello determina la necesidad de revisar los subsidios, en la búsqueda de excluir a los sectores que pueden pagar el costo del servicio, manteniendo la ayuda para los sectores más desprotegidos. La tarea no es fácil y requiere de una adecuada concientización.
Con este contexto, el Gobierno nacional encaró la revisión del cuadro tarifario del gas. Se equivocó al no convocar a audiencia pública, siempre es bueno escuchar y explicar, lo que ocasionó amparos y que el caso llegara a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que en su fallo hace referencia a que el esquema tarifario heredado solo "pudo sostenerse gracias a subsidios otorgados por el propio Estado".
La tarifa de gas para el consumidor final, tiene tres componentes: precio del gas que cobra el productor en boca de pozo, costo del transporte y valor de la distribución domiciliaria.
La Ley 24076, establece la audiencia pública para las etapas de transporte y distribución solamente. La Corte utilizando una interpretación amplia, incorporó también la audiencia para el precio en boca de pozo. Comparto el criterio del Alto Tribunal, pero me permito señalar que en casos como este, la Justicia termina legislando y entonces surge la pregunta ¿dónde están los legisladores?
Digo esto porque el propio fallo reconoce que al marco regulatorio lo dicta el Congreso.

El rol de la Provincia

La Corte, además de la obligatoriedad de la audiencia pública, se pronunció por la gradualidad para superar el atraso y por diferenciar sectores y regiones. Aquí entramos en aspectos de decisión política, que hacen a los intereses de la Provincia de Salta, los que deberían ser defendidos por el Gobierno local, legisladores nacionales y el Defensor del Pueblo.
En lo que hace a la diferenciación por sectores, evidentemente se deberán tener en cuenta los distintos niveles socio-económicos, y en nuestro caso el ingreso medio de un salteño equivale a la mitad del promedio nacional. Además habitamos una Provincia productora de gas, lo que debería favorecernos, ya que nos autoabastecemos o sea no necesitamos del gas importado más caro.
Lamentablemente, en el año 2014, los gobernadores de las provincias productoras y los legisladores entonces oficialistas, votaron la Ley Nacional 27007, que establece restricciones al dominio provincial de los yacimientos de hidrocarburos, en beneficio de la Nación, y en la urgencia de acatar las instrucciones de la entonces presidenta, perdieron la oportunidad de establecer preferencias para los consumos locales, o que pese a producir gas todavía el 44% de los hogares salteños usa garrafa y el 12% leña.
La Resolución del Enargas 409/2008, dictada por la anterior gestión y todavía vigente, favoreció a los usuarios de Metrogas de Buenos Aires y las Regiones Centro y Cuyo, al establecer umbrales más elevados de consumo de gas para el cambio de categoría residencial con mayor precio, que los que asignó a Salta, ya que no tuvo en cuenta nuestras temperaturas mínimas promedio. Es este, también, otro aspecto a revertir.
Como vemos, el tema es complejo y la crisis apremia. Superar la actual situación, requiere de medidas adecuadas tomadas con debate y participación.
Las soluciones que se necesitan no son solo técnicas, requieren también del arte de la política y de un cambio en la sociedad, ya que incluso entre los que más tienen, se instaló la cultura de esperarlo todo de parte del Estado.

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