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En los próximos días, el Gobierno tratará de cerrar un acuerdo con la oposición para modificar el régimen del impuesto a las ganancias dentro de los parámetros ya consensuados con los gobernadores. La modificación está destinada a aliviar la situación de los trabajadores de ingresos medios pero tiene un límite, que es un costo fiscal que no debe superar los $30.000 millones de pesos.
Para el presidente Mauricio Macri y la coalición oficialista resultó traumático hasta ahora el proyecto de ley, debido a que lo remitió a las sesiones extraordinarias, cumpliendo así un compromiso con la CGT, pero en la Cámara de Diputados se encontró con la sorpresa de que las distintas facciones del peronismo consensuaron y lograron la media sanción de un proyecto alternativo que, por la improvisación y las contradicciones con que fue redactado, parecía haber sido concebido sin otro propósito que resolver la crisis interna de esa corriente política. El gobierno consideró que el proyecto, de ser convertido en ley, resultaría inviable. La reforma tributaria propuesta por el Frente Renovador, el bloque Justicialista y el Frente para la Victoria supone un costo fiscal de $65.557 millones que se dejarían de recaudar por el impuesto a las ganancias. Para compensar, los opositores proponen la creación de nuevos impuestos, por un total de $25.750 millones: $6.900 millones sobre el dólar futuro; $5.354 millones sobre la renta financiera; $5.000 millones en retenciones a las mineras, $3.260 millones sobre los dividendos y $2.536 millones sobre el juego. Además, proyectan un incremento de $2.700 millones por aumento del consumo. Una reforma tributaria necesita tiempo, análisis de fondo y proyección de futuro. Las flaquezas de este proyecto, impulsado por Sergio Massa improvisadamente y sin debate, se observaron en los errores de cálculo reconocidos luego de la media sanción por el propio ex ministro Axel Kicillof, que no solo incrementarían el costo fiscal sino que, además, restablecerían la famosa "tablita de Machinea". Tal como ocurriera con el ensayo del exministro de Fernando de la Rúa, muchos trabajadores con salarios altos, al recibir un aumento, debido al embrollado sistema de alícuotas progresivas y deducciones terminaría cobrando mucho menos que antes del incremento. A estas falencias internas se agrega un dato que torna inviable el proyecto: para las provincias, la caída del ingreso sería de $22.900, porque esos impuestos compensatorios no se coparticipan.
Eqivale al 33% de la nómina salarial mensual, una vez y media el gasto mensual en obra pública y casi dos meses de gasto en bienes y servicios estimados para 2017.
Ante este escenario, en el mismo momento en que el gobierno descartó la posibilidad de un veto, el tratamiento del proyecto se congeló, a instancias de los gobernadores, y todo indica que se buscará una solución salomónica.
El oficialismo y la oposición deberían haber iniciado un debate profundo sobre la reforma tributaria global. Gravar las exportaciones mineras en una idea que halaga algunos oídos urbanos poco realistas, pero solo sirve para que multimillonarias inversiones se desvíen a países vecinos, gobernados con políticas más realistas. Crear impuestos a la renta financiera o el juego pueden ser medidas válidas, pero que solo se pueden impulsar por consenso. Tal como se planteó en el proyecto justicialista solo sirven para enrarecer el clima político y erosionar la credibilidad jurídica del país.
El Gobierno, no obstante, debe hacerse cargo del compromiso que asumió el presidente cuando era candidato. Mejorar el impuesto en lo que pueda y explicar aquello que no pueda. El país atraviesa un desafío mucho más profundo y global que el de este traumático gravamen. La recesión, que ya lleva cinco años, ha sumergido al 32% de la población en la pobreza y ha degradado la calidad de trabajo del 60% de los asalariados.
En gran parte, este fenómeno se debe a la agobiante presión fiscal que no tiene el correlato de la prestación de servicios de excelencia por parte del Estado nacional y los provinciales.
El Congreso debe ser el escenario donde se debata el futuro del país y los legisladores no tienen derecho a aprovecharlo para sacar ventajas pensando, solamente, en su futuro electoral inmediato.

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Sección Editorial

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