La Justicia está bajo la lupa. La decisión tomada por el Consejo de la Magistratura, en la que se aprobó la realización de una auditoría a las cámaras federales penales de todo el país que tramiten causas por corrupción de los últimos 20 años, puede marcar un antes y un después en la Justicia argentina.
La medida se transformó en necesaria, tanto a nivel jurídico como político, después de que trascendieran varias causas por corrupción contra miembros del Gobierno anterior que tuvieron demoras de hasta 10 años en la Justicia. La muestra más evidente de esta "siesta" de la Justicia, como se le llamó despectivamente, está en los Tribunales Federales porteños de Comodoro Py. En las últimas semanas estos juzgados fueron noticia por el evidente cambio de velocidad en la tramitación de las causas que involucraban a exfuncionarios kirchneristas.
Además, tras el reacomodamiento en el equilibrio de poder tras las elecciones del pasado diciembre, el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que controla y sanciona a los jueces, pasó de tener mayoría kirchnerista a estar dominado por el macrismo.
A esto se suma que la auditoría estará a cargo del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial, a cargo de Pedro Meydac, un hombre de confianza del radical Ernesto Sanz, aliado del Gobierno.
Los resultados del relevamiento sobre las causas podrían derivar en el inicio de causas contra los jueces por mal desempeño de sus funciones.
La decisión
El plenario del Consejo aprobó por unanimidad iniciar una auditoria sobre las causas por corrupción en el período 1996-
2016 en todos los juzgados, cámaras y tribunales orales federales del país.
Se auditará cada causa, desde su inicio hasta su llegada, si es que ocurrió, a juicio oral.
El requisito para entrar dentro del radar de la Auditoría será que las causas sean por corrupción en la administración pública, en la que esté imputado un actual o exfuncionario y que el expediente tenga un pedido del fiscal del caso para ser investigado.
El trabajo se dividirá en dos. Por un lado se auditarán las causas que ya culminaron y por otro las que están en trámite.
Sobre las primeras habrá seis puntos de control: conocer la totalidad de las causas discriminadas por año, juzgado que la tramitó y los recursos que el tribunal tenía (humanos y tecnológicos); los delitos que se investigaron; la fecha de inicio; cuando se cerró y de qué modo, y el plazo promedio del expediente.
En el caso de las causas que aún están abiertas la investigación será más compleja: según las versiones son 17 los puntos que se analizaran. El objetivo detrás de esto es conocer los plazos de cada expediente.
Los puntos de esta auditoría incluyen la fecha de inicio de la causa, quiénes y cuándo fueron citados a indagatoria, cuándo se dictaron los procesamientos, los sobreseimientos o la falta de mérito, si hubo prescripción, en qué plazos intervino la Cámara y cuánto estuvo el expediente allí. También qué cantidad de recursos se presentaron, cuál es el estado actual del expediente y cuál su plazo promedio de duración.
Para iniciar la auditoría el Consejo ya tiene el listado de las causas por corrupción de los jueces de Comodoro Py y debe pedir la de los juzgados del resto de las provincias.
La auditoría fue pedida en abril pasado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y adhirieron una veintena de entidades vinculadas al derecho y a la sociedad civil, pero también los empresarios a través del Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (IDEA). El Colegio basó su pedido en que "existe una excesiva dilación en el trámite de nuestros procesos judiciales".
La auditoría no garantiza por sí mismo que la Justicia mejore. Una de los grandes razones en las demoras es la falta de recursos y la gran cantidad de causas. Esos mismos problemas podrían afectar la actividad de los auditores.

Para el Gobierno, "no va a ser una caza de brujas"

Lo dijo Juan Mahiques, el nexo entre el Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura. El subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Juan Bautista Mahiques, resaltó la auditoría que se realizará sobre jueces federales que investigaron casos de corrupción, aunque aseguró que "no va a ser una caza de brujas".
"Desde el Poder Ejecutivo vamos a apoyar absolutamente esta medida, siempre con la responsabilidad, seriedad y mesura que el caso requiere, porque estamos investigando el accionar de los jueces federales durante los últimos 20 años. Pero esto no debe convertirse en una caza de brujas, sino que tiene que cumplir el objetivo designado", sostuvo el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.
En diálogo con Radio Mitre, el funcionario nacional afirmó que el Gobierno "es consciente de esa demanda social que se está haciendo" sobre la Justicia, y se mostró "convencido de que al poner la lupa sobre el accionar de los jueces se va a poder dar soluciones a muchas cuestiones que atentan contra el servicio de Justicia".
"También vamos a poder echar por tierra generalizaciones, que son muy injustas sobre el grueso de los jueces que realizan con dedicación su magisterio. Hay muchísimos magistrados que son buenos, tienen una vocación enorme y trabajan día a día para solucionar estos problemas, y quedan metidos en estas discusiones políticas", destacó.
"Cuando tengamos más o menos un criterio y una información que nos sirva haremos las denuncias que correspondan. Seremos los primeros en pedir el juicio político y la destitución posterior de aquellos jueces que miraron para un costado, cajonearon o no activaron las causas", remarcó Mahiques.

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Sección Editorial

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ROBERTO RUARTEZ
ROBERTO RUARTEZ · Hace 5 meses

INVESTIGUEN A LOS JUECES Y VEAN DONDE VIVEN CUAL FUE SU INCREMENTO PATRIMONIAL Y DE AHI VERAN QUIEN ES COIMERO O NO. O VENDIDO O NO. EN ESPECIAL CASANELLO. ESTOY SEGURO QUE EL AUMENTO PATRIMONIAL DE CASANELLO AUTOS CASAS CUENTAS FUE ALEVOSO EN ESTOS ULTIMOS 10 AÑOS. INVESTGUEN Y A LO MEJOR NOS LLEVAMOS UNA SORPRESA.


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