El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano reconoció el interés del presidente Mauricio Macri de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Recientemente y a raíz de los anuncios formulados por el ministro de Justicia Germán Garavano, volvió a ponerse sobre el tapete la cuestión sobre posibles reformas a la Ley 22278 sobre el "Régimen Penal de la Minoridad". Muchas voces se alzaron para criticar la oportunidad del proyecto, tanto por aparecer como una reacción a recientes hechos de pública difusión (el llamado caso "Brian") como por la cercanía de las elecciones.
Respecto de lo primero, es cierto que es deseable que las reformas de tanta trascendencia no aparezcan inscriptas en la cotidianeidad, sino que sean el fruto de madurados procesos reflexivos de los actores de estos cambios.
Por otro lado, tampoco parece saludable que existiendo hechos que conmueven a la sociedad en un momento determinado, no se produzca ninguna reacción y por ende, se carezca de los reflejos para mejorar una situación que reclama urgente atención.
Valga como ejemplo que desde el año 2009 que no se menciona el tema, cuando también a raíz de un homicidio de gran difusión el entonces presidente Kirchner propuso también bajar la edad de imputabilidad.
Como dijimos, se procura modificar la legislación vigente, que es la dictada en 1980 por la dictadura militar, la cual ha permanecido prácticamente sin alteraciones hasta el día de la fecha, y ha sorteado ante nuestros tribunales todas las objeciones constitucionales que se le formularon.
Cuando hablamos entonces de que la edad de imputabilidad puede ampliarse lo es teniendo en cuenta que la ley debe contemplar un abanico de situaciones donde esté incluida tanto la situación de la víctima, que tiene una sana aspiración de justicia por el hecho que ha sufrido, como por el menor, que si bien será alcanzado por un sistema penal, se verá rodeado por toda una serie de garantías y protecciones, tendientes a resocializarlo y a insertarlo con éxito en la sociedad.
Por si fuera necesario aclararlo, descartamos totalmente que estas medidas tengan que ver con el encarcelamiento del menor, o siquiera con su alojamiento en los mismos lugares que los mayores. Por el contrario, deberán observarse las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño a las cuales nuestro país adhirió en el año 1990 (Ley 23849), que establecen valiosas pautas para estos casos. Según ella, "todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad" (Art. 1) y en cuanto a la necesidad de su internación, "se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción. (Art. 40, Inc. 3 .4)".

¿Qué te pareció esta noticia?

Sección Editorial

Comentá esta noticia



Se está leyendo ahora