El Senado sancionó ayer la ley que prorroga hasta el 2018 la emergencia social por violencia de género en toda la provincia de Salta.
La prórroga fue dispuesta desde el Ejecutivo porque todavía se verifican numerosas situaciones de violencia hacia las mujeres.
A partir de la ampliación de la emergencia social, el Gobierno salteño se dispone a continuar con acciones que ya se vienen aplicando y a desarrollar un plan a partir de los datos que se generaron hasta el momento, los que siguen siendo preocupantes.
En un corto debate, la ley fue aprobada por la mayoría de los senadores oficialistas.
La senadora Gabriela Cerrano (PO) pidió abstenerse de votar, no fue autorizada y su expresión fue en contra.
El voto oficialista fue fundamentado por el senador por Iruya y titular de la comisión de Derechos Humanos, Walter Cruz, quien citó datos del mensaje que envió el Ejecutivo.
Como acciones realizadas, Cruz mencionó la creación de juzgados de violencia familiar y de género y de defensorías y fiscalías especializadas.
Citó la ley de protección contra la violencia de género, la creación del observatorio de violencia contra las mujeres, la apertura de hogares de protección en Capital, Orán y Tartagal y creación de la Subsecretaría de Políticas de Género.
A su turno, la senadora Cerrano consideró que los centenares de casos de violencia de género demuestran que "la emergencia fracasó".
La legisladora, además, dijo que desde que ésta fue declarada, "treinta mujeres fueron víctimas de femicidio, la mayoría de ellas con un recorrido judicial y tres eran esposas de policías, muertas con arma reglamentaria", sostuvo.
Durante el debate que se realizó en la Cámara de Diputados se observó que "la violencia contra la mujer no cesa" y que esta provincia figura entre las tres primeras con más casos de femicidios. Se admitió que hubo avances, pero también se advirtió que hay objetivos por alcanzar.

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