La exesposa de Federico Diez, juez de la sala VII del Tribunal de Juicio, denunció al magistrado por lesiones y amenazas con arma. El caso se hizo público en las últimas horas, luego de que organizaciones sociales salieran a manifestar que la investigación estaba trabada por las influencias del funcionario. En diálogo con El Tribuno, Diez negó que la causa estuviera demorada porque él tuviera un trato privilegiado y evitó decir si es "culpable o inocente".
Josefina Arancibia, abogada querellante de la víctima junto con Gloria Cruz, explicó que el juez está imputado por los delitos de "lesiones agravadas por la relación preexistente y por constituir violencia de género" y "amenazas con armas". El magistrado está acusado también de haber violado una prohibición de acercarse a su expareja.
La denuncia por violencia de género en contra de un juez en ejercicio genera preocupación en una provincia en emergencia por los índices de femicidios y agresiones hacia las mujeres.
Ayer salieron a pedir que se agilizaran las investigaciones las representantes del Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del Colegio de Abogados, la Multisectorial de Mujeres, la Comisión de la Mujer de la UNSa y Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer)
"Hacemos pública y denunciamos la obstrucción del ejercicio del derecho profesional y acceso a la justicia de la víctima por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público", sostuvieron por medio de un comunicado las organizaciones.
"Los inconvenientes son los mismos que hay en cualquier causa... Sobre el hecho no voy a hablar. Es la Justicia la que tiene que determinar si soy culpable o inocente", respondió Federico Diez, consultado por este medio sobre las acusaciones en su contra.
El expediente comenzó en los primeros días de julio y, durante la feria judicial, la Corte de Justicia resolvió impulsar actuaciones administrativas para que se determinara internamente la posible aplicación de sanciones.

"De juzgado en juzgado"

"Desde el momento en que la víctima de violencia comenzó su recorrido por las distintas oficinas del Ministerio Público como del Poder Judicial, fue objeto de múltiples hechos de violencia institucional, dado que, en todo momento, se enfatizó sobre su vida íntima y privada", plantearon las organizaciones que ayer emitieron un comunicado.
Josefina Arancibia afirmó que la mujer fue citada para una mediación con el imputado. "Esto motivó que presentáramos un escrito porque no hay método alternativo de resolución de conflictos cuando existe violencia de género", señaló.
"La causa comenzó a pasar de juzgado en juzgado ante la recusación y/o excusación de colegas y amigos del imputado, hecho que le impidió tomar conocimiento de lo que iba sucediendo en el proceso: citaciones de testigos propuestos por el denunciado, pericias denegadas, informes no agregados o agregados, mientras el agresor goza del acceso pleno y privilegiado a la Justicia", denunciaron las entidades.
Arancibia pidió que no hubiera "obstrucciones en el proceso" y tener pleno acceso al expediente porque le costó interiorizarse de las actuaciones. La causa se tramita en el Juzgado de Garantías a cargo de Ada Zunino. Interviene la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Elisa Pérez.

"Emite sentencias"

"Entendemos que un juez que emite sentencias en causas por violencia de género, imputado por violencia de género, desobediencia judicial y amenazas con armas, a quien se le dictaron medidas restrictivas de acercamiento a la víctima, no estaría en condiciones de administrar justicia", sostiene el comunicado que difundieron ayer organizaciones relacionadas con los derechos de las mujeres ante la denuncia que enfrenta Federico Diez.
También recordaron que el magistrado fue el que ordenó detener a la madre de una niña de 13 años que murió por una infección tras un aborto clandestino. Diez tomó esta determinación por entender que la mujer tenía responsabilidad en la interrupción del embarazo.

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Sección Editorial

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