Los incentivos de la economía siguen del lado de la informalidad, donde no hay riesgos, contraindicaciones ni impuestos que pagar.
La lucha contra la venta ilegal parece intensificarse todos los veranos cuando los manteros buscan otros destinos para realizar la actividad de venta comercial ilícita en destinos de la costa bonaerense o el interior del país, donde se trasladan los clientes potenciales para dedicar sus horas de ocio y entretenimiento de vacaciones. A este verano se le suma un nuevo condimento que es la unificación de la Policía Metropolitana con la Policía Federal, convertida en Policía de la Ciudad, con 21.300 efectivos (6.300 agentes de la Metropolitana y 15 mil de la Federal). En discurso de campaña, Horacio Rodríguez Larreta prometió que, ante la unificación de las fuerzas, se intensificaría el combate a la venta ilegal.
Esta semana, con una acción conjunta de la nueva fuerza policial, se intenta desalojar a los manteros de Once. De acuerdo con la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), en la Ciudad hay 3.727 vendedores ilegales. Sólo en el barrio de Once hay 1.882. En diciembre, la venta ilegal en la Ciudad de Buenos Aires movilizó 2.152 millones de pesos y en todo 2016, 14.825 millones. Un cuarto de esas ventas se concentra en el Once (en diciembre, 544 millones entre manteros y saladitas, y en todo el año, 3.760 millones). Cada manta moviliza por día entre 1.500 y 20 mil pesos, dependiendo del rubro. Es decir, entre 36 mil y 480 mil pesos contabilizando 24 días de trabajo en la vía pública. A nivel país, la situación no fue mucho mejor, porque la venta ilegal recaudó en 2016 70 mil millones de pesos, mientras el llamado al sinceramiento fiscal, es decir, el blanqueo dejó por ahora 82 mil millones de pesos de recaudación. De acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en 455 ciudades, en 2016 se detectó un récord de 656 saladitas en 109 ciudades de la Argentina, con 61.721 vendedores. Además, en las centenares urbes recorridas se encontraron 27.070 manteros, el 77,3% de ellos en las localidades con saladitas, que, sumados a los vendedores de esos predios, dejan un total de 88.791 comerciantes informales en el país en sus diferentes modalidades. En la Ciudad de Buenos Aires, hay 9.327 puestos de saladitas, sólo en Once se cuentan 1.764. En parques y plazas hay 7.938 manteros. Solamente en San Telmo, 1.485. El último gran operativo fue a principios del año pasado, en avenida Avellaneda, en los barrios de Flores y Floresta, donde llegó a haber 1.605 manteros. La venta ilegal es un freno hacia la recuperación de las inversiones locales y extranjeras en el sector. De acuerdo con la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), el sistema cuenta con 700 empresas y 28 mil locales en el territorio nacional con potencial exportador que actualmente encuentra inconvenientes para su desarrollo cuando sus marcas, sus patentes y sus desarrollos de productos son copiados y falsificados con la venta en la vía pública. Mientras las ventas minoristas tuvieron una caída del 7% en el 2016, según la CAME, con una presión tributaria del 36% respecto del PBI en el sector comercial minorista legalmente establecido, los incentivos de la economía siguen del lado de la informalidad, donde no hay riesgos, contraindicaciones ni impuestos que pagar. Los vendedores ilegales son parte de una cadena de informalidades, pero lo más preocupante es que no aportan a la caja de jubilaciones ni a la seguridad social. No aportan ni ellos ni las organizaciones informales que lucran con este último eslabón de la cadena de la cual el "saladero", "mantero", "macetero" o todas las formas de nominación que pueda tener la venta ilegal es víctima. A sus 65 años, todos los argentinos deberemos pagar el costo por haberlos dejado fuera del sistema, lo que incrementa el gasto público y la tributación sobre el sector formal para lograrlo.

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