El episodio de Castañares, donde bandas identificadas como "dealers" se burlaron de policías sin que ninguno fuera detenido, es indicio del deterioro de la paz social en una provincia que, históricamente, fue sinónimo de convivencia.
No es un caso nuevo ni aislado, aunque su repercusión viene a romper el idílico relato de los comunicados que diariamente emiten el ministerio de Justicia y el de Derechos Humanos, además de los mensajes que envía el procurador Pablo López Viñals a través de los medios que controla.
Queda a la vista que los centenares de supuestos "dealers" detenidos y condenados en tiempo récords desde que la Provincia adoptó la bandera de "la lucha contra el microtráfico" no eran más que adictos sumergidos en la marginalidad. Queda a la vista, aunque ya se sabía. Resulta contradictorio, hasta el ridículo, que la Justicia informe día a día sobre las condenas a "traficantes" atrapados con dos o tres unidades de marihuana, mientras que se trata de sumergir en el olvido el decomiso de 68 kilos de cocaína en un patrullero o la liberación de una figura del jet set local detenida con 2.500 porros. El ministro de Seguridad, Alejandro Cornejo, luego de la emboscada con armas de fuego que casi le cuesta la vida a un pegatinero de la oposición en plena campaña, explicó en marzo que no se investigaba a los sospechosos porque "cada día tenemos 200 peleas de patotas en la provincia". Esa no es una explicación, sino un lapsus. Su obligación es "visibilizar" el problema, abordarlo y tratar de resolverlo.
La violencia social, la instalación territorial del narcotráfico y la complicidad de organismos del Estado con el crimen organizado no son meras sensaciones. Para abordarlos no sirven las "sensaciones de seguridad" y la ilusión creada de que "algo hacemos".
La furia de López Viñals, que no sur gió de la violencia y del atropello que sufrían los funcionarios públicos sino de que el hecho hubiera trascendido explica por qué la violencia crece. El es el jefe de los fiscales y el fracaso del Estado en esta materia es su fracaso. Fracaso también previsible: usar la justicia y la ley para hacer política, co mo es de práctica en su gestión, destruye el orden jurídico y la seguridad de la gente.

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