Durante la "década ganada", los sectores de mayores ingresos pagaron tarifas (electricidad, gas, transporte, entre otras) irrisorias, financiadas por la población más pobre del interior del país. Sin embargo, la gran mayoría no renunció a dichos subsidios ni expresó que era poco lo que pagaba. Hoy, al tener que abonar todavía menos de lo que realmente corresponde, levantan sus voces para protestar contra "El tarifazo", "El severo ajuste", etc., etc.
En diciembre pasado, una familia tipo de la Ciudad de Buenos Aires gastó 54,87 pesos en la factura de gas y 31,98 pesos en la de electricidad, ambas bimestrales. Esto es un combo equivalente al precio de dos cafés en un local de la calle Florida. La política de subsidios que aplicó el gobierno anterior para ganar el favor de los votantes llegó a un extremo ridículo, pero esto no quiere decir que superar las distorsiones sea una tarea sencilla ni exenta de costos.
Producir un megavatio de energía cuesta 764 pesos. Los bonaerenses pagaban 70 pesos, y precios de chiste por el transporte y distribución de la energía.
Desde el 1 de febrero se llevó a 312 pesos el megavatio: un incremento por encima del 500%, pero todavía 60% abajo de lo que cuesta producirla. Las facturas de los bonaerenses pasan de 50 a 300 pesos el bimestre. Una familia tipo en Salta pagará 600, aproximadamente.
El boleto de colectivo en la Capital Federal debería costar 13 pesos, según dijo el propio ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Valía 3 pesos y se llevó a 6, y el boleto de tren valía 2 pesos y se llevó a 4 pesos: 100% más, pero todavía 54% debajo del costo real. Pero habrá tarifa social, a 3,70 pesos. En algunas provincias el boleto cuesta 8 y 12 pesos. En Córdoba el pasaje ya está en 9,15 pesos y no hay tarifa social de la Nación. Lo que hay lo ponen la Provincia o el municipio.
El costo real de un metro cúbico de gas es de 4,80 dólares (entre precio local e importado) y los residenciales pagan entre 1 y 2 dólares, según la categoría. Con el aumento incluido seguirán estando 30% abajo, pero con una gran injusticia: el acceso a la red de gas natural está en las áreas centrales de los grandes centros urbanos. En la ciudad de Salta, toda la periferia no tiene gas; es más, casi todo el interior productivo no tiene gas natural.
Algo ha fallado en la Argentina del siglo XXI si fue posible una construcción de poder tan demagógica como injusta. Puede discutirse si había que aplicar todos los aumentos en simultáneo, cuando son muy pocos los gremios que han cerrado las paritarias. No hubo voces federales en el Congreso que cuestionaran esta injusticia. No hubo gobernadores escuchados, si es que alzaron la voz. En Capital Federal y provincia de Buenos Aires está el 46% de los votantes. Y frente a eso, la demagogia gana y el interior claudica. Sin embargo, lo que se vivió en años anteriores fue un desborde de subsidios y regulaciones que terminaron por afectar la propia dinámica de la economía en términos de inversiones y producción. No solo eso, por el uso y abuso de los subsidios muchos funcionarios descuidaron la gestión al pensar que no hacía falta para seguir ganando elecciones, algo que los comicios del año pasado se encargaron de desmentir.
La tarifa social, que protegerá a unos dos millones de hogares en todo el país, es el instrumento adecuado para evitar una elevada conflictividad, pero su implementación no será sencilla.
También deberán eliminarse sobrecostos y exceso de impuestos en el interior del país porque, de lo contrario, estos usuarios se encontrarán pagando bastante más que en la Capital Federal por igual consumo, teniendo sueldos menores y afrontando un transporte público más caro.
Impactos
La actualización de tarifas de gas y electricidad tiene un lado negativo vinculado con el encarecimiento de la canasta de consumo y su impacto sobre los índices de inflación. Y tiene beneficios potenciales, en el sentido de fomentar un uso más racional de la energía y de atraer inversiones en el sector. Y así, acabar con los cortes de suministro que afectan la calidad de vida de las familias y, también, ofrecer mayor certidumbre para la radicación de nuevas industrias.
Respecto al impacto en la inflación, en rigor, un ajuste de tarifas no encuadra en el concepto de ascenso generalizado de precios, sino más bien en un movimiento "por única vez" asociado a un cambio en los precios relativos. Sin embargo, desde el punto de vista del humor social, esos tecnicismos pueden resultar chocantes, pues lo que importa es el poder adquisitivo de los salarios. En Buenos Aires, la tajada de ingresos que se llevará el ajuste conjunto del gas y de la electricidad puede superar los 600 pesos por mes, con una incidencia de un 5% sobre el índice de costo de vida. Por supuesto, mientras más rápido converja la inflación a las metas oficiales, más pronto podrá ocurrir el rebote en el nivel de actividad, de la mano de una baja en las tasas de interés, una estabilización del poder adquisitivo de las familias y de los primeros efectos de la recuperación de inversiones en los sectores con mejores condiciones para reaccionar, entre ellos se cuentan la agroindustria y la generación y distribución de energía.
Estos tiempos podrían acortarse en la medida en que la Argentina recupere acceso al crédito internacional, de la mano del acuerdo con los holdouts. Una baja adicional del riesgo país sería fundamental para que, justamente, proyectos de inversión ligados a la infraestructura puedan pasar a ser rentables.

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