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La historia de la niña wichi amenaza la apacible indolencia de muchos funcionarios
El caso de la violación en banda y el embarazo de riesgo de la niña wichi de 12 años en Alto La Sierra, al norte de la provincia, es el resumen y la conclusión de la pobreza y la marginalidad desatendidas desde los esquemas del Estado. El tema se ha convertido en una punta de lanza emblemática que marca aún más la historia de la provincia, con sus antecedentes de violencia de género y femicidios.
Es que este caso, aunque violento y desgarrador como tantos otros, tiene sus particularidades que lo convierten en un símbolo de la desprotección y el desinterés hacia los más vulnerables.
Las reacciones del Estado provincial en torno de la triste realidad de la menor discapacidad, que fue violada por más de media docena de sujetos en noviembre del año pasado, no habrían superado un número más de alguna estadística extraviada en la burocracia, de no ser por la información que expuso El Tribuno con la crudeza de una verdad desesperante.
Pero este último informe tiene su origen en un suceso noticioso acontecido el año pasado y publicado a principios de diciembre en las páginas policiales, donde se daba cuenta del aberrante hecho policial. Nunca pudo existir desconocimiento sobre la noticia puntual, aunque es evidente que el caso se sumó solo a la estadística fría e inoperante de quienes inicialmente tuvieron la responsabilidad de tratarlo, analizarlo desde un contexto social y buscar una solución, no solo para la pequeña víctima, sino también para toda la comunidad.
La noticia de la menor wichi brutalmente violada dejó atrás la indolencia extemporánea de lo que significó el caso policial para transformarse, seis meses después, en la paradoja de los esquemas preventivos de la salud y el riesgo social.
La triste historia de la menor pone en duda la operatividad y la eficacia de los organismos que manejan millonarias cifras para sostener políticas preventivas y de atención.
Han fallado los costosos esquemas asistencialistas de Derechos Humanos, Infancia, Seguridad, Justicia, Asuntos Indígenas. Han fallado los niveles preventivos de la Salud, pero también la investigación del caso y su continuidad tras la violación en banda.
Los jury de enjuiciamiento solicitados al fiscal y al juez de la causa y las denuncias del Defensor del Pueblo contra los responsables de al menos cuatro ministerios, son solo la reacción posterior y tardía de un escándalo que amenaza con poner en riesgo la estabilidad de varios funcionarios y la credibilidad del Estado.
La triste historia de la menor pone en duda la eficacia de los organismos que manejan millones de pesos para sostener políticas preventivas.
El tema podría ser mucho más grave a partir de un dato que se deslizó en las últimas horas y que abriría una Caja de Pandora en toda la zona en Alto La Sierra: tras la detención de los responsables, identificados desde hace tiempo y en libertad hasta el viernes último, podría ocurrir que ninguno de ellos tenga el ADN de la criatura que falleció al momento de la cesárea que se le practicó a la nena hace unos días. Este dato hace crecer la sospecha de que la menor habría sido violada anteriormente y que esto sería una "práctica común" contra las niñas en esa comunidad. Esta práctica no tendría nada que ver con los insólitos argumentos de "cuestiones culturales" que se pretenden imponer cada vez que las comunidades originarias padecen los flagelos de la miseria y el abandono.
Los detenidos por la violación en banda son criollos y la sospecha es que otras niñas también habrían sido víctimas de acciones aberrantes como la que salió a la luz. Las preguntas surgen entonces con más rigor. ¿Cuántos casos de violaciones podría haber en esa pequeña comunidad? ¿Cuántos embarazos de este tipo podría haber entre las niñas aborígenes? Las respuestas seguramente pasarán por muchos filtros antes de salir a la luz, pero alguien debe darlas, sobre todo ahora que las miradas están puestas en el pequeño paraje del departamento de Rivadavia Banda Norte, ubicado 70 kilómetros al sudeste de Santa Victoria Este.
Esa población es pequeña y casi toda la comunidad se movilizó indignada, el 28 de noviembre de 2015, tras el ultrajante abuso en el que quedaron implicados ocho jóvenes de familias criollas del lugar.
"Nuestra denuncia debe ser escuchada alguna vez. Nadie nos vino a ver. Necesitamos ayuda", imploró, desde las costas del río Pilcomayo, el padre de la menor abusada.
Tras permanecer detenidos durante tres meses, los cinco jóvenes mayores de edad fueron excarcelados a fines de febrero, luego de que se supiera que el informe que los comprometía había sido redactado por un médico de nacionalidad boliviana que trabaja en el hospital público de Alto La Sierra como monotributista, y no tiene su título revalidado en Argentina para extender certificaciones ni recetas.
El informe, según el cual la niña presentaba signos de abuso y lesiones compatibles con una violación, había sido firmado por el gerente del hospital, que no es médico, sino bioquímico. Este antecedente abre otro escándalo: en el lugar no hay médicos y el que está trabajando fue contratado por el Estado, pese a que su título no tiene validez en el país. ¿Por qué el Ministerio de Salud contrató a un médico que no puede ni recetar remedios? Otra de las grandes preguntas que alguien deberá contestar y que se focalizan en una de las regiones más pobres del país, adonde supuestamente llegan millones de pesos en obras y asistencia para los más humildes.

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Sección Editorial

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