La Iglesia desclasificará archivos conservados en el Episcopado, en la Santa Sede y en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, correspondientes al período de la última dictadura militar en Argentina. Son unas 3.000 cartas digitalizadas sobre pedidos de paraderos de detenidos y desaparecidos y gestiones realizadas ante las autoridades, que serán entregadas ante los requerimientos de las víctimas, los familiares y la Justicia, de acuerdo con un protocolo que se establecerá próximamente.
El anuncio se formuló tras una decisión del papa Francisco, adoptada en marzo, de ordenar y digitalizar la documentación que conservan de los "años de plomo" (ver recuadro).
"La Iglesia no le teme a los archivos. Contienen la verdad histórica", dijo ayer el cardenal Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires, al confirmar que ha concluido el trabajo de ordenamiento y digitalización de los documentos referidos al período 1976-1983. El prelado definió esta tarea como un "servicio a la Patria" para "alcanzar la reconciliación de los argentinos".
Estas declaraciones fueron hechas en la conferencia de prensa que tuvo lugar en Buenos Aires ayer, poco después del anuncio, a través de un comunicado, sobre el final del llamado proceso de organización y digitalización del material de archivo del período de la dictadura militar (1976-1983), conservado en archivos. Asimismo, precisaron que ese proceso "supone la continuación de un trabajo ya iniciado años atrás por la Conferencia Episcopal Argentina".
La CEA y la Santa Sede subrayaron que "este trabajo se ha desarrollado teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz, continuando con el diálogo abierto a la cultura del encuentro en el pueblo argentino".
En la conferencia de prensa, monseñor Poli, vicepresidente 1º de la CEA, estuvo acompañado por el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe, y monseñor Carlos Malfa, obispo de Chascomús y secretario general de la CEA.
Ante una pregunta por la "demora" de 40 años, los tres directivos de la CEA subrayaron que esta desclasificación "no es una decisión intempestiva, sino parte de un camino emprendido por la Iglesia desde hace tiempo".
Además, Poli recordó que es un protocolo universal el de dejar pasar un período considerable de tiempo antes de abrir los archivos institucionales. "Para la Iglesia, los archivos son un patrimonio cultural muy importante", dijo también, agregando que "destruirlos es un pecado gravísimo".

El material

En cuanto al contenido de los archivos, se trata esencialmente de cartas de familiares pidiendo ayuda para ubicar el paradero de sus hijos y las eventuales respuestas que dio la Iglesia. Monseñor Arancedo aclaró que mucha de esa información ya obra en poder de organismos de derechos humanos y otras instituciones.
No se trata de una apertura completa: los archivos solo estarán disponibles para familiares y damnificados directos, cuando el protocolo esté definitivamente fijado, para lo cual no dieron una fecha.
Ya en 2005, el Episcopado presentó una compilación de documentos y cartas que los obispos difundieron en el período de la dictadura. Esa publicación mereció críticas de organizaciones de derechos humanos, que la consideraron insuficiente.
Más allá de los documentos incluidos en esta catalogación digital, Arancedo y Malfa revelaron que el Episcopado recibe semanalmente unos diez o doce pedidos de fiscales para pedir información sobre bautismos de niños que posiblemente hayan sido víctimas de apropiación. "Respondemos siempre a estos requerimientos y muchos casos ayudaron a iluminar el camino de la verdad", dijo Malfa.

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Sección Editorial

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Álvaro Figueroa
Álvaro Figueroa · Hace 1 mes

Quedo a la espera, de que la Iglesia ponga paralelamente a disposición cuanto conozca sobre los curas pedófilos, tema sobre el cual siempre miró para otro lado, tratando de esconder la basura bajo la alfombra.


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