La Constitución Nacional establece una serie de mecanismos destinados a resguardar al hombre y a la sociedad en la que se integra del avance del Estado sobre sus derechos, en especial su libertad.
Ha concebido un sistema de Estado garantista que condiciona y pone límites al poder, en consecución de ese amparo.
Ya alertaba José Manuel Estrada que "nunca son excesivas las precauciones de las sociedades en resguardo de sus derechos, de su autonomía, de su orden legal y no son cautas las que cuentan con la bondad de los que han de ejercer el poder, sino que deben precaverse contra sus maldades". Frase premonitoria dicha hace casi un siglo y medio.

La delimitación del poder

Entre los métodos para la garantía de los derechos individuales, se halla uno de los principios del sistema republicano de gobierno adoptado por nuestra Carta Magna: la división de los poderes, mejor definida como la división de competencias o funciones en que se distribuye el poder del Estado.
Esta caracterización funcional no limita su finalidad a una mera división del trabajo, porque el objetivo sustancial es, en el constitucionalismo moderno, el de estructurar un sistema de equilibrio entre los tres órganos encargados del ejercicio del poder, de modo que cada uno de ellos sea custodio de su exclusiva atribución y un freno a los posibles intentos de invasión de su propio campo de incumbencias por parte de los otros.
Sin duda que el más alto riesgo de extralimitación lo ofrece el Poder Ejecutivo, que es el que cuenta con mayores atribuciones de decisión y el que dispone de la renta y la fuerza pública.
La experiencia histórica argentina nos exime de mayores referencias. Así, la falta de limitación de un gobierno, puede conducir a un régimen despótico, aun cuando haya nacido como una democracia de origen, surgida del voto popular. La Constitución ha querido sacralizar esa garantía y castigar su quebrantamiento, cuando en el art. 29 repudia y condena la suma del poder público, prohibiendo otorgar a los ejecutivos nacional y provinciales, facultades extraordinarias o ese poder supremo, declarando su nulidad y tildando con severidad de "infames traidores a la Patria" a sus autores o a quienes lo consientan.

El Ministerio Público

Desde la reforma constitucional de 1994, la misión de velar por la vigencia de ese equilibrio orgánico del poder del Estado, no es sólo atributo exclusivo del Poder Judicial, como última garantía de la libertad del ciudadano ante el avance del Estado, traspasando los límites de la legalidad.
El art.120 incorporado por la reforma, ha sustraído al Ministerio Público del ámbito de los poderes que la Constitución ha articulado en sendas secciones de su segunda parte, agregando una cuarta sección a las tradicionales tres en que se organizaban las autoridades del gobierno federal.
Al hacerlo, lo incorporó no como un cuarto poder del Estado, sino como un órgano extra poder independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera. Un sistema de inmunidades funcionales e intangibilidad en las remuneraciones, acentúa y asegura su calidad de independencia.
Ese alejamiento del ámbito de los poderes constituidos, en paralelo con su autonomía funcional y su condición de órgano independiente, se ha de vincular con el objetivo de la función que se le encomienda: la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
En efecto, si aún continúa siendo el Fiscal Federal un representante de la vindicta pública en las causas en las que la comunidad ha sido afectada, aquella singularidad de la estructura orgánica con la que se lo ha instituido con jerarquía constitucional, en el título reservado al gobierno federal, pero como órgano extra poder, conduce a dimensionar en su máxima expresión, su condición de defensor de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
En primer lugar tendrá en vista para tal cometido, la más alta jerarquía de la legalidad normativa: los preceptos, sistemas, principios e ideales de la Constitución Nacional, base y fundamento de todo el orden jurídico.
De modo que deberá ser guardián vigilante y custodio del sistema republicano de gobierno y voz de alerta ante cualquier intento por parte de uno de los poderes, de avasallar la esfera de competencia de otro, en defensa de la libertad de los individuos y de la sociedad, cuya representación ejerce ahora por mandato constitucional irrenunciable.

Un mandato vulnerado

La actuación de defensa de esa legalidad en riesgo, o violentada por un poder del gobierno, como asimismo la representatividad para ejercerla en nombre de la sociedad, le ha sido dada por la ley suprema de la Nación, al Ministerio Público Fiscal, constituyéndolo en un poder de control. Y ese mandato constitucional es deber de cumplimiento riguroso e irrenunciable para cada uno de sus miembros, desde el Procurador General de la Nación hasta el fiscal de primera instancia, para cuyo ejercicio han sido resguardados con autonomía e inmunidad funcional.
Este análisis de la función de los fiscales, integrados a un órgano constitucional extra poder con mandato de ejercer la defensa de la legalidad en resguardo de las garantías de la libertad, debe conducirnos al examen del comportamiento observado por la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó en el ejercicio de su cargo y de los fiscales acólitos militantes políticos de esa secta denominada "Justicia Legítima".
Me abstendré de detallar los actos realizados por la procuradora en su función, que acreditan su renuncia al cumplimiento del mandato de control que le impone el art. 120 de la Constitución, poniendo en riesgo los derechos individuales, como su decisión de incorporarse a la nómina de magistrados y funcionarios que pusieron su empeño en favorecer los intereses del gobierno nacional anterior en el ámbito de la Justicia, organizando una agrupación política que se infiltró como una cuña doctrinaria en el Poder Judicial, tendiente a la manipulación de las causas que interesaban o comprometían al régimen gobernante.
Más aún, fue numen inspiradora de ese atentado a la organización judicial, cuyo solo nombre "Justicia Legítima" es representativo del menosprecio al sistema constitucional de la Justicia y del rechazo a su legitimidad.
Al margen del juzgamiento y eventuales sanciones administrativas, jurisdiccionales o aun de carácter punitivo que merezcan las arbitrarias medidas adoptadas, como la designación irregular de fiscales, los traslados ilegales de los mismos, las directivas impartidas para demorar o torcer el rumbo regular de algunas causas, la persecución injusta e ilegítima de fiscales que no respondían a tales maniobras, tal el caso del fiscal José María Campagnoli, configuran por sí mismas la prueba irrefutable, no sólo de aquella abdicación del mandato constitucional de control de la legalidad, sino la determinación intencionada de participar o favorecer la colonización del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
De tal modo que están configuradas las causales para el enjuiciamiento y remoción de la Procuradora General de la Nación, como también de los fiscales que han contribuido a aquel designio, decisión en la que habrá de contarse con la voluntad política y la grandeza moral de quienes han de adoptarla, en el convencimiento que estarán respondiendo al deber cívico que se les exige, como representantes de los intereses de una sociedad de ciudadanos que clama hoy por la reparación de los atropellos a la institucionalidad, sin registro en grado tal en los anales de la República.
Ojalá en su determinación, quieran sentirse infundidos del espíritu que campea en los términos del art. 29 de la Constitución Nacional.

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