La caída bajo la línea de la pobreza de 1.400.000 personas y el aumento de la precarización laboral durante los primeros meses de este año son datos que no pueden ser desoídos por las autoridades nacionales.
Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, entre diciembre y abril, la tasa de pobreza creció del 29 al 32,6%.
La información es alarmante, por la calidad de la fuente que la formula y porque se produce en el primer tramo de un gobierno que fijó como meta la "pobreza cero".
La estimación corresponde al primer trimestre del año y se atribuye al fuerte crecimiento de la inflación, que deterioró el poder adquisitivo de los salarios. A esto se sumó que no se registraron las inversiones anunciadas por el presidente Mauricio Macri ni se reactivó aún la obra pública.
Hoy, alrededor de trece millones de argentinos son pobres, con tres millones de ellos en condición de indigencia. Los "nuevos pobres" pertenecen a los sectores más vulnerables de la llamada "clase media".
Son familias que viven con lo justo y que, apenas la inflación destruye sus de por sí bajos ingresos, se ven privadas del acceso a bienes esenciales.
El 20% de los hogares no presenta ningún tipo de cobertura social y es el más castigado, según los investigadores, por "un proceso de ajuste sin políticas compensatorias".
En un país que produce alimentos para 400 millones de personas -y que está en condiciones de duplicar ese número- según la UCA hay 4,4 millones de argentinos en riesgo alimentario. Alrededor de ocho millones tienen dificultades de acceso a la salud, más de siete millones carecen de vivienda digna y una cifra similar no tiene acceso a una educación suficiente.
El informe de la UCA consigna que solo el 43% de la población activa tiene "empleo pleno". El resto, el 57% de la población en condiciones de trabajar, sufre precariedad laboral o desempleo. En los ocho meses de la presidencia de Macri, la situación se viene agravando, con una pérdida de más de cien mil puestos de trabajo.
Al haber sido adulterado el servicio estadístico del Indec, durante el gobierno anterior, la información que brinda el Observatorio, si bien no es oficial, goza del crédito de la institución que la produce y, además, de la experiencia cotidiana de los argentinos.
La manipulación del Indec para negar la inflación fue una muestra de la utilización política de los datos de la realidad, metodología con la que ningún Estado puede progresar. Las estadísticas que proporciona el Observatorio sirvieron como referencia para cualquier estudio serio, sobre ellas se diseñaron los programas de gobierno y, por eso, deben ser tenidas en cuenta ahora.
Quienes padecen esta situación tienen urgencias que no les permiten esperar a que lleguen "lluvias de inversiones", ni tampoco pueden confiar en que la prosperidad de la economía produzca un automático "derrame de bonanza".
Los investigadores de la UCA advierten especialmente que el Estado debe reconocer y resolver la desprotección social y señalan que el retroceso de la pobreza solo se producirá con el incremento de la oferta de empleo genuino y en blanco.
El fenómeno de la pobreza es un desafío que debe ser tomado como prioridad absoluta.
Hace unos días, el papa Francisco y el Episcopado reiteraron la advertencia que la Iglesia viene haciendo durante años. Pobreza es sinónimo de exclusión y de inequidad. Todo ciudadano tiene el derecho a sentirse parte de la sociedad en la que vive. Ese derecho se hace accesible con trabajo, educación, salud, seguridad y esparcimiento. Un gobierno debe generar reglas claras, priorizar el interés común y crear las condiciones para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos.
El presidente reiteró en estos días que si a cabo de su mandato la pobreza no retrocedió en el país, habrá fracasado.
Es de interés de todos que tanto el presidente como sus funcionarios desarrollen programas adecuados para que el país alcance esa valiosa meta.

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